El Gobierno ha lanzado un órdago a la grande con la reforma de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero lo que admiten a Libertad Digital fuentes del Ejecutivo es que, más que un órdago, es un farol. Moncloa admite que se trata de "una estrategia de presión" al PP de Pablo Casado para que se avenga a negociar y a cerrar un acuerdo.
Un acuerdo que ha estado "prácticamente cerrado en dos ocasiones", recuerdan estas fuentes aludiendo al acuerdo frustrado tras la filtración de los whtasapps del exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, y a la paralización del segundo durante el verano tras el cese de la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. "El pacto imposibilitado por los portavoces parlamentarios".
Sin embargo, en Moncloa creen que "Casado va a cerrar un acuerdo" con el Gobierno y lo hará "tras la moción de Vox" y antes de las Navidades. Un espacio de 2 o 3 meses para tomar oxígeno tras la presión de su exportavoz que destapó el enjuague del pacto de la justicia y preparar la estrategia explicativa.
De ahí, que la propia portavoz, María Jesús Montero, enfriara este martes la reforma pidiendo "dialogar con todos el tiempo que se requiera" porque "no queremos tomar ninguna decisión precipitada y en caliente". Para la ministra portavoz "se trata ahora de conversaciones discretas que permitan recabar toda la información" de los grupos parlamentarios "toda vez que el PP parece que no va a cambiar su posición". Y ésa es la clave, porque las conversaciones discretas también se producen con el PP y el Ejecutivo está convencido de que sí va a cambiar su posición.
De hecho, las citadas fuentes explican cuál sería la alternativa a no negociar el reparto de la tarta judicial porque "si el PP se autoexcluye, meteremos sólo perfiles progresistas y no conservadores porque los pactaremos con nuestros socios", Podemos, ERC o Bildu. Y eso sería un perjuicio para el PP ya que dejaría al órgano de gobierno de los jueces en manos de perfiles menos afines cuando se tiene que empezar a juzgar la operación Kitchen. Este es el motivo que aducen también en Moncloa para justificar la dilación de Pablo Casado. "Tiene la mayoría y creía que la podía mantener hasta que les juzguen los tribunales".
Así se explica que la estrategia de Pedro Sánchez haya sido romper la baraja con la propuesta de reforma del sistema de elección de vocales del Consejo que sería "un caos", según voces gubernamentales de máxima solvencia. El motivo sería que de los 20 vocales del Consejo, ocho vocales juristas seguirían sin poder ser renovados porque se eligen directamente por mayoría de 3/5, según dicta el artículo 122 de la Constitución; y otros 12 vocales jueces sí podrían ser elegidos a través de una modificación de la Ley Orgánica que ahora mismo fija una mayoría de 3/5 pero podría ser modificada. En privado el Gobierno admite que sería "un Consejo partido por la mitad" con perfiles progresistas nuevos frente a perfiles conservadores caducados. A sumar al choque de legitimidades entre unos miembros que "deberían tener funciones limitadas" y otros con plenas facultades. En resumen, demasiado hasta para Pedro Sánchez que sólo persigue darle un empujón al líder del PP.