JxCat y ERC pactan la salida de Torra y la convocatoria de elecciones para febrero

El todavía presidente de la Generalidad catalana, Quim Torra, no se dará por inhabilitado hasta que le sea comunicada la decisión en persona. La comunicación formal de la decisión del Tribunal Supremo correrá a cargo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dictó la sentencia por desobediencia. Además, el Rey deberá firmar el real decreto de cese. De modo que la comunicación pública de la decisión del Supremo sobre la inhabilitación de Torra no dará pie a la suspensión efectiva. Torra aún dispondría de un margen para convocar elecciones entre el anuncio y la notificación, pero esa posibilidad está descartada de momento.

También se ha descartado que Torra se atrinchere en el palacio de la Generalidad y asuma el rol de presidente simbólico. Tanto Junts per Catalunya (JxCat) como ERC han rechazado la propuesta de la CUP. Torra no quiere protagonizar un nuevo sainete ni forzar su desalojo por parte de los Mossos. Tampoco lesionar más la "institución" de la presidencia de la Generalidad.

La intención es seguir los consejos del dictamen elaborado por los servicios jurídicos de la administración autonómica, que señala que el vicepresidente Pere Aragonès asumirá las funciones de la presidencia, pero no el cargo. En ese contexto, el republicano Aragonès no podrá nombrar ni cesar consejeros ni disolver la legislatura, función que correspondería al presidente del Parlament, el también miembro de ERC Roger Torrent, en caso de que no haya un candidato viable a la investidura.

JxCat y ERC han pactado hasta el último detalle de la "transición" entre la inhabilitación y las elecciones. Torrent ha dejado claro que su margen de maniobra es muy limitado y el dictamen jurídico de la Generalidad tampoco deja mucho espacio a la "creatividad" del grupo de Puigdemont.

El prófugo llama a la movilización callejera y pretende que el Parlament se oponga a la inhabilitación, pero no ha concretado la fórmula para hacer efectivo el rechazo. Por contra, Torrent ha apelado en todo momento a la legalidad para afrontar el proceso. A partir de la inhabilitación, dispondrá de un plazo de diez días para determinar si hay candidato o no. A continuación se abriría otro plazo de unas ocho semanas para la disolución de la legislatura que debería desembocar en la convocatoria electoral, que caería a mediados o finales de febrero siempre que la inhabilitación sea efectiva en los próximos días.

Gobernar por decreto

En ese ínterin, el gobierno catalán podrá gobernar vía decreto ley y deberá someterse, además, a las sesiones de control de la cámara autonómica. Dadas las tensiones entre los socios, no es descartable que Junts per Catalunya (JxCat) apueste por una salida de tono de carácter electoralista, afirman en ERC.

Barajan entre otros escenarios que los consejeros posconvergentes abandonen el Ejecutivo a la mínima de cambio para intentar dejar en evidencia a Aragonès o subrayar que ERC ha optado por la "vía legal" en vez de la "confrontación inteligente" que preconiza Puigdemont.

El efecto de los disturbios

En el periodo transitorio se deberá tener en cuenta también el efecto que la tensión en las calles pueda tener sobre los acontecimientos políticos. Puigdemont ha hecho llamamientos a la contestación en las calles y los Mossos trabajan con la hipótesis de que se produzcan disturbios tan graves como los de octubre pasado, cuando se dio a conocer la sentencia del Supremo por el golpe de Estado separatista. No hay precedentes de la inhabilitación de un presidente autonómico, por lo que en el caso catalán están abiertos todos los escenarios. La presión de las organizaciones separatistas azuzada por JxCat recaerá directamente sobre ERC.

Tanto los Comités de Defensa de la República (CDR) como Òmnium ya han anunciado protestas callejeras si se confirma la inhabilitación de Torra, en cambio la Assemblea Nacional Catalana (ANC) consultará a sus bases sobre si debe manifestarse porque sus dirigentes entienden que la pretensión del gobierno catalán y de los partidos separatistas es asumir la inhabilitación respetando el marco autonómico y la legalidad vigente, actitud que no comparten.