El sucesor del prófugo Carles Puigdemont quiere protagonizar una batalla política y judicial como colofón de la legislatura autonómica. La intención de Quim Torra es atrincherarse en el Palau de la Generalidad y mantener las atribuciones simbólicas de president, ya que según la retórica separatista, el Tribunal Supremo no puede quitar ni poner presidentes de la Generalidad. Así, no habrá un relevo formal si dicho tribunal confirma la inhabilitación por desobediencia de Torra. El vicepresidente Pere Aragonès será quien tenga firma, pero no será nombrado presidente aunque a efectos prácticos tenga que actuar como tal. Otra cosa serán los efectos simbólicos a los que tan aficionados son en las filas posconvergentes.
Pulso al Supremo
El Tribunal Supremo se reunirá el próximo 17 de septiembre para analizar el recurso de la defensa de Torra, encabezada por el abogado chileno Gonzalo Boye (condenado por participar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla). No es necesario que Torra esté presente en las dependencias judiciales y no suele ser habitual que quienes recurren se personen en el Supremo, pero el presidente regional quiere echar un pulso a la judicatura, provocar un problema protocolario y demostrar su "dignidad" ante lo que el separatismo llama despectivamente "tribunales españoles".
Torra no irá solo al Supremo. Como suele ser habitual, habrá despliegue de cargos independentistas y supporters de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium. Será una nueva escenificación y el comienzo de la "operación desobediencia". Todo apunta a que el Supremo rechazará el recurso de los abogados de Torra, entre otras razones porque el propio Torra se declaró culpable en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de haber mantenido la propaganda separatista en la fachada de la sede de la Generalidad en periodo electoral.
El Tribunal Supremo podría tener lista su decisión un par de semanas después de la cita del 17, a principios de octubre. La defensa de Torra presentará más recursos si el fallo es contrario a sus pretensiones, pero el dirigente separatista tendría que cesar en el cargo. Torra se negará en redondo y se encerrará en la Generalidad, como ya hiciera durante el comienzo del estado de alarma para pasar la cuarentena tras dar positivo por coronavirus.
El ejemplo de Berga
La intención de Torra es desobedecer al Supremo, al menos de una forma "virtual" y como ya hiciera cuando fue despojado de su condición de diputado autonómico. El grupo de Junts per Catalunya renunció a que la plaza de Torra fuera ocupada por la siguiente en la lista, con lo que el Parlament está formado en la actualidad por 134 diputados.
En el caso de la presidencia de la Generalidad, la pretensión de Torra es "hacer un Venturós", apellido de la alcaldesa de Berga que fue suspendida de funciones por desobediencia —por no retirar la bandera separatista de la fachada del Ayuntamiento— pero siguió ejerciendo de alcaldesa en la sombra con la complicidad de los partidos del pleno municipal. Es decir, acatará formalmente la decisión del Supremo pero de cara a la galería seguirá ejerciendo como presidente de la Generalidad. Otra cosa es que el decreto de convocatoria de elecciones lleve la firma de Pere Aragonès.
Precisamente los republicanos llevan días urgiendo a Torra y a Junts per Catalunya (JxCat) para pactar el escenario político posterior a la confirmación de la inhabilitación de Torra de año y medio. Aragonès ha declarado que los partidos no pueden seguir dando el espectáculo del disenso también a cuenta de la inhabilitación, pero Torra está pendiente del visto bueno de Puigdemont a sus planes así como de las consecuencias judiciales que pudiera tener su atrincheramiento.