Alfred Bosch, quien fuera consejero republicano de Exteriores de la Generalidad, conocía el comportamiento de su jefe de gabinete, Carles Garcias, a quien varias trabajadoras del departamento temían por su actitud. El alto cargo de Bosch, según los datos recogidos en la investigación interna, acosó sexualmente a un número indeterminado de funcionarias.
Tanto Bosch como la secretaria general de la consejería, Mercé Salvat, conocían los hechos pero eludieron activar el protocolo de protección de las víctimas. Otro alto cargo de la Generalidad, Lluís Juncà, del departamento de vicepresidencia, también en manos de ERC y cuyo titular es Pere Aragonès, también tenía constancia de lo que ocurría con Carles Garcias, pero tampoco hizo nada tras llevar a cabo una "investigación informal".
De esta manera y según el negociado de Función Pública, adscrito a la consejería de Políticas Digitales y Administración Publica, Bosch, Salvat y Juncà no activaron los protocolos correspondientes de prevención, detección y resolución de situaciones de acoso sexual y vulneraron los "principios éticos y reglas de conducta de los altos cargos".
En cuanto al autor del acoso sexual continuado, el informe apunta que su conducta está tipificada como falta disciplinaria muy grave, pero que no se puede actuar contra él porque cesó en sus funciones. Bosch tuvo que dimitir del cargo cuando trascendió el escándalo, el pasado 9 de marzo, días antes de que comenzara el confinamiento por el coronavirus. Función Pública presentará el informe este viernes al Govern con una propuesta para que se sancione a Bosch.