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Generalidad y Ayuntamiento renuncian a acusar de asesinato a los terroristas del 17-A

La Fiscalía tampoco imputa el delito de asesinato porque los tres supervivientes de la célula de Ripoll no participaron directamente en los atentados

La Fiscalía tampoco imputa el delito de asesinato porque los tres supervivientes de la célula de Ripoll no participaron directamente en los atentados
Salvador Illa , Mritxell Batet, Joaquim Torra y Ada Colau, en los homenajas a las víctimas del 17A | EFE

Mohammed Houli Chemlal fue el único superviviente de la explosión en el chalet ocupado de Alcanar que se llevó por delante a la mitad de los miembros de la célula islamista de Ripoll que cometió los atentados de las Ramblas y Cambrils, hoy hace tres años. Cerrada la instrucción, la Fiscalía le pide 41 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa. Driss Oukabir y Said Ben Iazza son los otros dos supervivientes de la célula.

El primero, Oukabir, acompañó a Younes Abouyakoub a alquilar la furgoneta con la que mató a dieciséis personas en las Ramblas. Algunos testigos también le reconocen como un asiduo del chalet de Alcanar. Niega todas las acusaciones y guarda un mutismo total. La Fiscalía le pide 36 años de cárcel.

Said Ben Iazza, que trabajaba en una carnicería halal propiedad de sus tíos en Vinaroz, es el que sale mejor parado, puesto que sólo se le acusa de colaborador de organización terrorista, un delito penado con ocho años de prisión. Fue quien facilitó la documentación para adquirir 100 litros de peróxido de hidrógeno en un establecimiento de Tortosa.

Tampoco la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona les imputan el delito de asesinato, aunque la petición de penas es algo mayor. En concreto, la Generalidad reclama ocho años para Iazza y 44 para Oukabir y Houli. El Ayuntamiento reitera los ocho años para el carnicero Iazza, 44 para Oukabir y 95 para Houli.

Las víctimas de los atentados islamistas de hace tres años se han mostrado muy contrariadas por la calificación de los hechos y la petición de penas. Consideran que estos tres sujetos deberían afrontar una acusación por el asesinato de las dieciocho personas que fallecieron en Barcelona y Cambrils. Sus abogados piden más de dos mil años de cárcel y prisión permanente revisable.

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