Torra recusa a Marchena y a todos los jueces que instruyeron y juzgaron el 1-O

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, intenta dilatar todo lo posible la vista del Tribunal Supremo sobre su recurso por la inhabilitación por desobediencia a la que le condenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En principio, la fecha está fijada para el 17 de septiembre, pero ahora el Tribunal tendrá que examinar los recursos presentados por la defensa del dirigente separatista, formada Gonzalo Boye e Isabel Elbal, en cuyo escrito recusan a diez magistrados.

El primero es Manuel Marchena, de quien subrayan que fue el presidente de la sala que juzgó a los líderes golpistas y a quien atribuyen haber fijado la fecha del 17 de septiembre para la vista sobre Torra. Los siguientes son Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer, a quienes rechazan por haber formado parte de aquel tribunal. A estos jueces le siguen Pablo Llarena, instructor del sumario por el golpe de Estado, y Carmen Lamela, la juez que tomó declaración a los golpistas en la Audiencia Nacional. En el caso de Llarena y Lamela, el escrito de recusación alude a un informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas.

Julián Sánchez Melgar, que en calidad de Fiscal General de Estado solicitó prisión para los detenidos, y Vicente Magro y Eduardo Porres Ortiz, vocales de la Junta Electoral Central (el órgano al que desobedeció Torra al mantener la propaganda separatista en la fachada de la Generalidad) completan la lista de recusados por la defensa de Torra, que también pide explicaciones por la celeridad con la que se debe celebrar la vista relativa al presidente de la Generalidad. Los abogados Boye (condenado por el secuestro de Emiliano Revilla) y Elbal aducen que aún hay asuntos de los años 2018 y 2019 pendientes de vista.