Iván Redondo, sobre las residencias en plena pandemia: "La autoridad competente es el Ministerio de Sanidad"

Cuando el agua te llega al cuello, ¿qué es peor: la callada por respuesta o naderías? Es un hecho que más del 70% de los muertos por covid-19 han sido mayores y vivían en residencias de ancianos, su último hogar devenido en trampa mortal. Cerca de 20.000 personas han expirado sin la compañía de sus familiares y con inmensos dolores. Los que les atendían, pocos y de gran mérito, han sufrido también lo suyo, un dolor que no cesa, el de la impotencia. Porque sólo el BOE ha salvado vidas. En estos meses los españoles que han muerto en las residencias han pasado de ser nada, a números y, por último, a "competencias". Pero ni tú ni nadie se merece ser "una competencia".

El Grupo Social Lares es la mayor entidad de toda España, sin ánimo de lucro, en atención a personas mayores o dependientes. Representa a más de 54.000 personas mayores en residencias y a 35.000 profesionales. Se dirigió al Gobierno el 12 de marzo, no había sido declarado el estado de alarma, pidiendo ayuda. Estos son algunos extractos de aquella carta,

"Las medidas adoptadas, importantes sin duda, son insuficientes".

"Existe un riesgo significativo (y evidencia) de que el COVID-19 podría conducir al colapso parcial del sistema de servicios sociales de atención y apoyo; poniendo en riesgo los derechos fundamentales y la vida de millones de las personas"

"La evolución de la enfermedad podría provocar la imposibilidad de garantizar servicios mínimos en un sector nada atractivo laboralmente, mal pagado y escasamente dignificado, una caries para el sistema de salud es la salvación para el sistema de dependencia".

"Garantizar las inversiones y gastos que sean precisos para la seguridad y bienestar de las personas atendidas y de las trabajadoras, la inmensa mayoría, y los trabajadores. La mayor política feminista en este momento es apoyar al sector residencial y de atención domiciliaria de personas mayores".

"Mayor coordinación por parte del Consejo Territorial y el Ministerio".

"Las medidas se están centrando en garantizar la prestación de servicios sanitarios, olvidando que deben recibir el mismo tratamiento de protección las personas que viven y trabajan en residencias de mayores o son atendidas en sus domicilios".

Lo más escalofriante de esa primera comunicación es el anexo, "Prioridades para la respuesta del Gobierno de España con respecto a la amenaza a la prestación del Servicio Social ante la crisis del COVID-19":

"Acceso prioritario al sistema de salud pública. Que sanidad provea servicio sanitario domiciliario en los centros residenciales en los que, por normativa, no tienen obligación de tener médico. Garantizar la continua prestación de servicios médicos y de enfermería a las personas en centros residenciales, dando prioridad de acceso hospitalario a las personas que deban ser trasladadas desde centros residenciales, ya sea por enfermedades no vinculadas al coronavirus o por la imposibilidad de asumir las medidas sanitarias precisas en personas mayores o con discapacidad que den positivo."

En la segunda carta, fechada el 31 de marzo, la llamada es ya desesperada, "no podemos más":

"No se han adoptado, en el marco de los servicios sociales de atención residencial, decisiones suficientes o eficientes durante más de quince días".

"Las entidades del Tercer Sector le alertamos que directamente o de forma camuflada, el sistema de sanidad establece como criterio de atención el de los fuertes frente a los débiles, la sedación para unos y la cura para otros. De momento, las ambulancias siguen sin venir a tiempo, las personas mayores con necesidades en residencias no siempre son trasladadas allí donde sea posible una adecuada atención clínica".

"Le damos las gracias también por, aunque sea con dieciocho días de retraso (SND/295/2020), asimilar los servicios sanitarios a la atención en las residencias. Lamentablemente, este reconocimiento normativo, de momento, no pasa de ahí, pues seguimos teniendo los mismos problemas".

"Desde el Gobierno de España se está empujando a las entidades a asumir como falta de diligencia o imprudencia lo que no es sino una responsabilidad de la Administración por el insuficiente funcionamiento de sus servicios públicos sanitarios, educativos y de empleo, especialmente".

"Marcar normas jurídicas que, se sabe, no siempre se podrán cumplir es mirar hacia otro lado intentando que sean otros los que asuman la responsabilidad que la Administración tiene: seguimos sin equipo de protección, test de diagnóstico, atención sanitaria de las residencias, sin apoyo económico alguno, sin reconocimiento público, nos sentimos SOLOS.

"Percibimos, y perdone si lo juzgamos incorrectamente, que el ataque de su Gobierno a los centros residenciales es la cortina de humo que trata de esconder las propias responsabilidades de una gestión de la crisis del coronavirus que toma decisiones tarde e incapaz de articular coherencia entre las Comunidades Autónomas en la forma de afrontarlo".

Se refiere a declaraciones públicas de los ministros Margarita Robles ("el Ejército ha podido ver a ancianos y mayores abandonados cuando no muertos en sus camas. Vamos a ser implacables y contundentes") y del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias ("la privatización de las residencias, entregarlas a corruptos y a fondos buitre, ha colocado a nuestros ancianos en una situación de vulnerabilidad").

"Muchas entidades del Tercer Sector están al límite, sin apoyo económico alguno, sin remuneración de las plazas vacías y asumiendo sobrecostes en plazas públicas. Quiero hacerle especial mención a más de 400 residencias de toda España, salvo Euskadi, que atienden a personas sin derecho a plazas públicas y en las que los usuarios pagan 'la voluntad', 'lo que pueden"".

"Le agradecemos que, aunque sea quince días después de habérselo solicitado, se haya adoptado la decisión de flexibilizar las posibilidades de contratación (SND/275/2020). Llega muy tarde, con centros con bajas en torno al 20%, en ocasiones muy superiores, que solo pueden salir adelante por vocaciones abnegadas de compromiso social".

Se solicita,

"...el suministro de medicamentos en los centros residenciales. En breve podríamos encontrarnos ante un problema de desabastecimiento de paracetamol. Esta información genera cierto nerviosismo".

Se advierte,

"...no podemos salvaguardar la vida de personas con positivo sin oxígeno y respiradores".

Se pide,

"Autorización normativa a las federaciones de residencias de mayores y personas en situación de discapacidad para poder comprar material y equipos de protección sin riesgo de confiscación".

O la,

"Clarificación de propuestas en relación con la posibilidad de que, durante la crisis, las personas mayores puedan abandonar los centros residenciales a casa de familiares".

Y acaba,

"Pero ahora, bajo el riesgo de querer despistar las responsabilidades del Gobierno de España y de las CCAA, lo que toca es dar soluciones".

Y casi un mes después de la primera carta llega la respuesta. Es breve. Está fechada el 7 de abril y la firma el jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo Bacaicoa.

"Quisiera, en primer lugar pedirle disculpas… y agradecerle las cartas que ha dirigido al Presidente del Gobierno… en las que transmite la preocupación de su entidad por los colectivos sociales más vulnerables y a las que acompaña las propuestas de Lares para dar solución a las necesidades específicas del Tercer Sector".

"A este respecto, desde el Gobierno estamos poniendo todo nuestro empeño y movilizando todos los recursos necesarios para conseguir el material de protección suficiente para proteger la salud de todos los profesionales que están en primera línea de esta crisis pandémica y para apoyar a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad con el fin de atenuar las consecuencias de la pandemia y del estado de alarma, (¿consecuencias del estado de alarma?) no sólo en un mercado exterior tan agresivo como el que estamos viendo sino con un proceso de reconversión de nuestra industria para la fabricación de mascarillas, geles, respiradores y otros productos indispensables para la protección frente al virus".

El gobierno se atribuye la iniciativa propia de las empresas privadas. Recordemos que ese material fue intervenido durante los peores días de la pandemia. Sigue:

"Desde el pasado 10 de marzo y hasta el 2 de abril se han distribuido entre las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cerca de 36 millones de unidades de material. Además, desde el 5 de abril se va a distribuir a las comunidades autónomas la primera partida de un millón de test rápidos".

Tras pagar 17 millones de euros por más de 700.000 test fallidos.

"Confiamos en que el material que está llegando desde el 10 de marzo se sume más material para nutrir al conjunto de los hospitales del sistema sanitario y a todos los sectores que precisan de estos productos de protección. Somos conscientes que sólo desde la unidad de acción, trabajando colectivamente y de forma coordinada en todo el territorio nacional conseguiremos ganar la batalla a esta pandemia. Por ello valoramos que nos hagan partícipes de sus experimentadas propuestas, de las que le comunico que damos remisión al Ministro de Sanidad, autoridad competente delegada para la toma de decisiones en el estado de alarma decretado por el Gobierno".

"Le reitero nuestra gratitud por su colaboración en la gestión de la crisis y aprovecho para hacerle llegar un cordial saludo".

La respuesta cayó como un jarro de agua fría. Todo siguió igual. El relato frente a los hechos y a la acción. En otras cartas Lares se ha dirigido a los cuatro vicepresidentes del Gobierno de España o a los Defensores del Pueblo, el 19 de marzo y el 7 de abril,

"Millares de personas mayores que son víctimas de la falta de planificación y de las decisiones administrativas poco responsables en sus inicios".

"NUNCA ha habido una estrategia para impedir que el coronavirus llegase a las residencias de mayores".

La misiva acaba en mayúsculas:

"NO NOS OLVIDEN. NO LES OLVIDEN. NO NOS HAGAN INVISIBLES".

A día de hoy ya no hay solución. Todo el que pudo y debía ayudar debió hacerlo. La responsabilidad no caduca.