El pasado 5 de marzo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se reunieron con el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico, Manuel Cerezo, y con un representante de la Federación de Entidades Religiosas de España (Federe), Jorge Fernández. Cuando estos últimos negaron que hubiera un foco de coronavirus en Torrejón, Illa les replicó airado: "Aquí la reunión la llevo yo".
Según informa El Mundo este viernes, el ministerio solicitó la cita con los líderes de la Iglesia Evangélica a través del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Junto a este último, que también acudió, se encontraba, entre otros, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco.
Dos días antes, Simón dijo que uno de los principales focos de contagio en España "está asociado a un grupo religioso, en una comunidad evangélica". Estas declaraciones indignaron a los religiosos, que exigieron una reunión y una disculpa pública. "Es una grave irresponsabilidad porque nos deja señalados como una amenaza para la salud pública", denunciaron.
Durante el encuentro, Illa dijo: "Estoy preocupado con los datos y con vosotros". Los evangélicos plantearon su intención de celebrar un congreso multitudinario en la Caja Mágica de Madrid con la asistencia de hasta 8.000 personas. Simón salió al paso de inmediato y sentenció: "No se puede celebrar porque al evento irán personas de 18 países diferentes". Acto seguido, Illa puso punto final a la reunión señalando que iban "muy mal de tiempo" y emplazó a los asistentes a una nueva reunión al día siguiente.
En el nuevo encuentro, ya sin Ruiz Escudero y sin Illa, el director del CCAES les prohibió, directamente, celebrar su convención: "Tenéis que suspender el evento. No se puede celebrar bajo ningún concepto, estamos en plena pandemia internacional". "Si nadie ha suspendido sus eventos, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿En base a qué?", preguntaron los evangélicos, que exigieron a Simón que comunicaran la prohibición por escrito. Así lo hizo al día siguiente el Ministerio de Sanidad.
En su informe del 8-M, la Guarda Civil reprueba a los responsables del Gobierno por haber prohibido determinados eventos, como el abordado en la citada reunión, y, sin embargo, haber autorizado el mayor de todos 48 horas después: las manifestaciones feministas del Día Internacional de la Mujer.