La Generalidad "condona" impuestos a los procesados por el 1-O

La Generalidad catalana legisla a favor y medida de los golpistas, de modo que la ley 5/2020 del 29 de abril de "medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente" incluye un párrafo en el que se establece que las personas que hayan recibido donaciones de la caja de solidaridad separatista para fianzas y multas sólo tendrán que tributar un 5% en concepto de impuesto de sucesiones y donaciones.

Así, la administración regional catalana ha establecido una bonificación del 95% en las donaciones de "fundaciones y asociaciones que cumplen finalidades de interés general", según ha advertido el diario digital e-notícies.

La modificación de la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones viene recogida en el Diario Oficial de la Generalidad del pasado 30 de abril, en la página 54/137, y reza así:

En las donaciones, y en el resto de transmisiones lucrativas entre vivos que sean equiparables, recibidas de fundaciones y asociaciones que cumplen finalidades de interés general, hayan sido o no declaradas de utilidad pública, inscritas en los registros de fundaciones y asociaciones adscritos a la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia, o en registros análogos de otras administraciones públicas, el contribuyente puede aplicar a la base imponible una reducción del 95%. A efectos de esta reducción, se consideran asociaciones que cumplen fines de interés general las que han sido declaradas de utilidad pública y todas las que promueven actividades cuyo beneficio no esté restringido exclusivamente a sus asociados.

La Asociación de Fomento de la Caja de Solidaridad cumple con los nuevos requisitos establecidos por la Generalidad al estar inscrita en el Registro dela Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas de la administración catalana.

De este modo, la Generalidad aprovecha la pandemia para subir el impuesto de sucesiones a la población en general, así como para aumentar las pensiones de expresidentes autonómicos y rebajar los tributos a los encausados por el golpe de Estado.