Coronavirus: el Gobierno toma el control de los centros privados que hacen test y regulará los precios

El Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas todos los centros clínicos de titularidad privada que realizan test de coronavirus y se ha adjudicado la posibilidad de adoptar desde este martes 14 de abril las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas, dice que con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio. Así lo establece la Orden SND/344/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado. Dice el texto:

Con el fin de reforzar el Sistema Nacional de Salud, se pone a disposición de las comunidades autónomas cualquier centro, servicio y establecimiento sanitario de diagnóstico clínico, que a la fecha de entrada en vigor de la orden no esté prestando servicios al Sistema Nacional de Salud. Esta puesta a disposición incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio.

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha justificado esta decisión del Gobierno como un mecanismo para "aprender y mejorar el nivel de conocimiento" de los que "han dado positivo y van a ser inmunes" al coronavirus.

Los centros privados deben notificar los casos detectados de coronavirus así como la compra de test rápidos diagnósticos, especificando a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados el tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso.

Cualquier entidad de naturaleza pública o privada que, en relación con las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 adquiera hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados y/o presten sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso.

Además, los centros de titularidad privada están obligados a notificar la aparición de nuevos contagiados tan pronto se detecte un nuevo caso con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible, correspondiendo a las comunidades autónomas, en su ámbito competencial, establecer el procedimiento.

Así, la realización de pruebas diagnósticas por los citados centros, servicios y establecimientos de diagnóstico clínico para la detección del Covid-19 quedará sujeta a la prescripción de un facultativo de acuerdo con las directrices acordadas por Sanidad.

Se limita la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 a aquellos casos en los que exista una prescripción previa por un facultativo y se ajusten a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente.

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada deben estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes desde este mismo martes. Precisamente hoy es cuando, supuestamente, se empiezan a hacer los test rápidos del Gobierno, para los que la población española lleva esperando un mes.

Estas medidas estarán vigentes hasta la finalización del estado de alarma, que comenzó el pasado 14 de marzo y que se prolongará, al menos, hasta el próximo 26 de este mes de abril. Su incumplimiento podrá ser motivo de sanción para estos centros.

Actualmente se hacían hasta 1.000 test diarios en los laboratorios privados españoles por ser la única manera para reactivar la actividad laboral con cierta seguridad, la realización masiva de los test serológicos de anticuerpos permite en otros países emitir los llamados "pasaportes de inmunidad". Ayer se publicó la noticia de que el Gobierno había requisado a Siemens más de 2.000 test de coronavirus para que sus empleados. Es decir que el Ministerio de Salvador Illa no ha conseguido las pruebas pero exige a las empresas que controlen la salud de sus trabajadores y a la vez confisca los test de las que así lo hacen.