La Generalidad abre la puerta a los golpistas presos por el coronavirus

En mitad del cruce de acusaciones que mantienen desde hace días los socios separatistas de ERC y JxCAT a cuenta de la situación de los presos independentistas –los de Puigdemont exigen la liberación inmediata–, la consejería de Justicia catalana, en manos del partido de Oriol Junqueras, ha pedido a los directores de todas las prisiones catalanas, que dependen de la propia Generalidad, que busquen la manera de reducir al mínimo el número de internos en las cárceles para minimizar el riesgo de expansión del virus.

Este martes, la consejera autonómica, Ester Capella, ha explicado que dada la situación de emergencia sanitaria "necesitamos a menos gente en las prisiones" y que por lo tanto, urge buscar la manera de permitir si los clasificados en régimen de semilibertad en base a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, "pueden estar confinados en casa". En este grupo entran los nueve presos golpistas del procés. La medida, estará en vigor mientras dure la crisis por la pandemia explicando que en su caso no existe riesgo de reincidencia en el delito dado que se mantendrán confinados en casa.

La salida, por tanto, de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Raúl Romeva, Jordi Sánchez y Joaquím Forn, se espera que sea inmediata pese a que hace tan solo dos semanas Instituciones Penitenciarias emitió una nota aclaratoria dejando claro que esta medida solo sería aplicable en los casos de los internos que disfruten de un tercer grado. Sin embargo, desde la Generalidad alegan que durante esta segunda fase de prórroga del estado de alarma, es imprescindible "reducir la población encerrada en las prisiones para permitir más distancia social" y "respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias".

Desde que se decretó el estado de alarma, todas las prisiones del país han tenido que eliminar los contactos de los internos con el exterior, prohibir las comunicaciones, los vis a vis y las salidas a trabajar o a cuidados de un familiar, como en el caso de los presos independentistas. Sin embargo, en el caso de los internos catalanes, sí han podido disfrutar en estos últimas días de un mayor número de llamadas a familiares para poder compensar la restricción de contacto físico al que obliga el confinamiento. La decisión que se tome "se hará dentro de lo que permita la ley", ha asegurado la consejera Capella en un vídeo colgado en las redes sociales.