Ni los dirigentes de Junts per Catalunya (JxCat) ni los de ERC ocultan que sus relaciones son nefastas, pero una investigación del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona sobre el desvío de fondos públicos en forma de subvenciones a fundaciones cercanas a Convergencia ha puesto de relieve hasta qué punto se odian entre ellos. Así, la actual consejera de presidencia y portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, calificaba en 2017 a sus socios de ERC como el "enemigo".
Budó era entonces alcaldesa del municipio barcelonés de La Garriga y también ejercía de vicepresidenta cuarta de la Diputación provincial. En una conversación a través de WhatsApp con la presidenta del ente, Mercè Conesa, entonces alcaldesa de Sant Cugat, los exconcejales de Barcelona Joaquim Forn y Jaume Ciurana y el alcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, la actual portavoz del Govern se dejaba ir y escribía: "Lo que está claro es que hoy por hoy gobernamos con el enemigo. Por tanto, no podemos dejar nada sin controlar, sea o no área nuestra. Es importante. La ventaja: tenemos la presidencia de la Diba (la Diputación) para capitalizar sus temas. ¡¡¡Ellos eso no lo tienen!!!".
El origen de la conversación fue un comentario de Ciurana en el que afirmaba que el principal problema de JxCat en la Diputación era haber dado a los republicanos el área de Territorio. Conesa, que en la actualidad es presidenta del puerto de Barcelona, replicaba que ella ya dijo que prefería pactar con el PSC antes que con ERC (precisamente el formato actual de pacto en la entidad provincial, salvo que con presidenta socialista) y Budó metió cucharada con la alusión al "enemigo" y la propuesta de parasitar las iniciativas de ERC.
Subvenciones sin control
En el chat también se puso de manifiesto, según la investigación realizada por la Guardia Civil en calidad de policía judicial, que la consejera de Salud, la republicana Alba Vergés, prometía subvenciones a los ayuntamientos para que las gastaran en lo que quisieran. Aquello era una fiesta de dinero público que fluía sin cesar a toda clase de organismos, fundaciones y "universidades de verano progresistas".
Otro de los personajes que queda retratado es el actual consejero de Interior, Miquel Buch, quien en 2017 era alcalde de Premiá de Mar y presidía la Associació Catalana de Municipis (ACM). En otro chats con alcaldes afirmaba: "No nos sirve que imputen a Santi Vidal, si lo hacen. Que imputen a Junqueras, que se esconde por todos los lados porque lo que quiere es ser candidato".
Buch se refería a la investigación que se había abierto en enero de 2017 en torno a unas declaraciones de Santiago Vidal sobre la apropiación de datos fiscales y censales por parte de la Generalidad. Además, se quejaba amargamente de que "los imputados por hacer alguna cosa por la independencia siempre son los nuestros".
Buch fue desimputado
El actual consejero andaba un tanto errado, toda vez que Santiago Vidal sí que fue imputado y Junqueras acabó en la cárcel por su participación en el golpe de Estado. En cambio, Buch fue imputado, pero su causa se acabó archivando, lo que le permitió ser nombrado consejero de los Mossos d'Esquadra en mayo de 2018.
En esas conversaciones, Buch alerta a sus interlocutores de que debería cambiarse a la aplicación Signal para lograr mayor seguridad y da instrucciones para que los miembros del chat borren las conversaciones de modo que no quede rastro. Sin embargo, el alcalde Tordera, el citado Joan Carles García Cañizares, no lo hizo. Detenido por la Guardia Civil también en mayo de 2018 en el curso del procedimiento por las subvenciones de la Diputación, el análisis de su teléfono permitió a la Guardia Civil acceder al contenido de varios chats de altos cargos de JxCat y el PDeCAT.