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Vox recurre en el Tribunal Constitucional los juramentos de 29 diputados

El partido presenta un recurso de amparo contra la decisión de la presidenta del Congreso de dar por válidos los juramentos de diputados separatistas.

Espinosa de los Monteros, en una imagen reciente. | Jesús Hellín (Europa Press)

Este viernes Vox ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra las fórmulas de juramento empleadas por hasta 29 diputados para tomar posesión de su escaño, al entender que son ilegales. Entre ellas las utilizadas por Gabriel Rufián, Laura Borrás, Joan Capdevila, Jordi Salvador, Oskar Matute o Inés Cunillera, todos ellos separatistas.

En su escrito, el partido argumenta que, a pesar de que "la jurisprudencia del TC puede considerar que están amparadas por la libertad de expresión", se utilizaron "vocablos ininteligibles que han impedido que se recoja taquigráficamente su constancia en el Acta, se emplearon fórmulas abiertamente contrarias al orden constitucional o no han cumplido con su obligación de prestar formalmente acatamiento de la Constitución".

Vox incluye algunas de las expresiones utilizadas como "sí, prometo, por imperativo legal, hasta la creación de la República Vasca", "contra el fascismo, el franquismo y el racismo, por la libertad de los presos políticos y por la república catalana, y por imperativo legal, sí prometo, por los exiliados políticos" o también "por la libertad del pueblo de Cataluña y el mandato del 1 de octubre, por la libertad de los presos políticos y por imperativo legal, sí, prometo".

Los diputados de Vox que han acudido al Tribunal Constitucional para presentar el recurso han sido el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, la secretaria general del grupo en el Congreso, Macarena Olona, y el diputado por Barcelona, Juanjo Aizcorbe.

La presidenta del Congreso, Meritxel Batet, dio por válidas similares expresiones empleadas durante la anterior Legislatura, asegurando que estaban amparadas por el Tribunal Constitucional. En ese momento, PP, Vox y Cs anunciaron acciones legales al entender que no se ajustaban a la legalidad, ni cumplían con el mandato de la Constitución por lo que no se les podía reconocer su condición de diputados.

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