Las fianzas del Tribunal de Cuentas se han revelado como uno de los elementos más dañinos para el separatismo. Artur Mas y los consejeros condenados por el referéndum del 9-N de 2014 (el banco de pruebas del golpe de Estado de octubre de 2017) todavía se quejan de las multas y fianzas impuestas por dicho tribunal mientras que los implicados en el 1-O recurren de nuevo a la solidaridad de las bases independentistas para hacer frente al pago de 4,1 millones de euros, la última reclamación por el golpe.
Tienen de plazo hasta el lunes y sólo han conseguido recaudar 800.000 euros. No ha funcionado el cuento de la lechera. Puigdemont pedía dos euros a cada uno de los votantes del referéndum ilegal, pero el independentismo muestra síntomas de agotamiento financiero. Demasiadas peticiones, primero de Mas y luego de Junqueras y Puigdemont. Y no solo para abogados, multas y fianzas, sino para la Casa de la República (la mansión de Waterloo), el Consell per la República y la Crida per la República.
Los responsables de la "caja de solidaridad", los expresidentes del parlamento regional Núria de Gispert y Ernest Benach, suplican al independentismo que haga frente a la nueva fianza porque de lo contrario se embargarán bienes e incluso sueldos, matizan, no sólo de Puigdemont, Junqueras y sus consejeros, sino también de altos cargos de la Generalidad, como algunos secretarios generales o la interventora de la administración autonómica.
Más de 13 millones en fianzas y multas
La situación es desesperada, según han alertado ambos personajes en El Nacional, el digital independentista del exdirector de La Vanguardia José Antich. Según las cuentas de De Gispert y Benach, la "caja de solidaridad" ha aportado hasta el momento 13,2 millones de euros en fianzas, 262.500 euros en abogados para particulares que no disponían de asistencia letrada y 124.600 en multas. Según los promotores de esta caja, además de sufragar gastos judiciales a los cargos políticos también se ha ayudado a unas 246 personas anónimas que se han visto afectada por lo que llaman "represión judicial".
De Gispert y Benach reclaman, además, que el Tribunal de Cuentas acepte como parte de la fianza el dinero ya depositado ante el Tribunal Supremo y en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, con lo que ya no tendrían que hacer frente al nuevo desembolso.