Laura Borràs, la dirigente del grupo de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados, se niega a declarar voluntariamente en el Tribunal Supremo por un caso de corrupción cuando dirigía el Instituto de las Letras Catalanas, desde el que saltó a la consejería de Cultura de la Generalidad.
A Borràs se le ofreció la posibilidad de declarar de manera voluntaria para aportar su versión sobre los contratos fragmentados y supuestamente irregulares que adjudicó al informático Isaías Herrero, condenado por tráfico de drogas.
La declaración voluntaria en el Supremo es el procedimiento habitual que se sigue con los aforados desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2002 y hasta ahora ningún aforado se había negado al trámite. De este modo, el instructor del procedimiento, el magistrado Eduardo de Porres, deberá pedir a través del Supremo el suplicatorio en el Congreso para forzar la declaración de la investigada.
Investigación de los Mossos
La causa contra Borràs comenzó de manera casual. Los Mossos d'Esquadra investigaban al citado Herrero por un caso de tráfico de drogas y hallaron diversos correos, entre ellos algunos de la propia Laura Borràs, vinculados a una subvenciones del Instituto de las Letras Catalanas. En los "mails" de Borràs se daban instrucciones de cómo trocear y presentar un presupuestos para acceder a los contratos que ella misma gestionaba como directora de la entidad.
Dieciocho contratos
Se investigan un total de 18 contratos entre 2013 y 2017 que no superaban los 18.000 euros, la manera de evitar que pasaran por concurso público. De los correos de Herrro y Borràs se infiere que mantenían una relación de amistad. A consecuencia de la investigación de la policía autonómica, Herrero ha resultado condenado por tráfico de drogas.
A pesar de todos estos datos, Borràs sostiene que se procede contra ella por ser una "conocida independentista" y que su caso responde a la supuesta "causa general" contra el independentismo y que los contratos eran perfectamente legales. El letrado que defiende a Borrès es el polémico Gonzalo Boye, abogado también de Puigdemont y Torra y al que la Audiencia Nacional exige que pague una indemnización a Emiliano Revilla por su participación en el secuestro.