"Soy diputado y soy presidente de Cataluña, no ha cambiado nada, no nos vamos a echar atrás", así reafirmaba este jueves Quim Torra en sus intenciones de reincidir en el delito, minutos después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiese mantener, por unanimidad, su inhabilitación como diputado. Ya no era el árbitro electoral quien lo decía sino que estaba hablando el Supremo.
Torra sabe que está ante sus últimas horas como presidente, pero también sabe que cuenta con un estrecho margen de tiempo para al menos, consumar su último acto de desobediencia antes de que su presidencia y él queden más que amortizados. "Llegará hasta donde tenga que llegar", amenazaba este viernes la portavoz, Meritxell Budó, en una entrevista en radio nacional.
Y será este lunes cuando Torra tiene previsto ejecutar esa amenaza. La situación se antoja bastante delicada para el separatismo. El pleno de la Cámara catalana tendrá que votar, en una sesión convocada a las 15 horas, los presupuestos del Parlamento, paso previo al debate y votación de las cuentas públicas de Cataluña diseñadas por ERC. Y una cosa está clara: en ese pleno, Torra ya no podrá ejercer como diputado después de la decisión del Supremo. Pero es el presidente del Parlamento, Roger Torrent, quien tiene la obligación de frenarle.
A las 12:30h ha convocado el presidente a la Mesa para valorar todos los escenarios y a lo largo del fin de semana se esperan contactos con los grupos de JxCAT y la CUP para tantear una estrategia que no ponga en peligro al dirigente de ERC. En los pasillos del Parlament se empieza a especular con la posibilidad de que los independentistas opten por conservar el acta a Torra, pero que finalmente no participe en la votación.
La otra opción es que Torrent traslade el peso de la última decisión al secretario general del Parlamento, Xavier Muro, para que impugne el voto tras el recuento. Muro, letrado de la cámara autonómica desde 1992, es conocido porque en 2017 ya advirtió de las consecuencias penales a la ahora condenada por el Supremo, Carme Forcadell, antes de permitir la votación de la ley del referéndum en los polémicos plenos del 6 y 7 de septiembre.
Torrent: límite 48 horas
Sin embargo, esta maniobra no está claro que libre a Torrent de incurrir en un delito. El dirigente de ERC deberá comunicar a Torra que ha perdido su condición como diputado y que por lo tanto, su partido, deberá correr lista. Pero Torrent calla, y no se pronuncia públicamente desde el 15 de enero, que fue la última vez que defendió a Torra como diputado antes de que hablase el Supremo. Tras la resolución de la Junta Electoral Central, el presidente del Parlamento, sí se apresuró a blindar a Torra como parlamentario.
El Reglament del @parlamentcat no preveu "la inelegibilitat sobrevinguda" com a causa de pèrdua de la condició de diputat. La JEC no és un òrgan competent per adoptar aquesta decisió. Acabo de parlar amb el MHP @QuimTorraiPla per confirmar-li que continua sent diputat.
— Roger Torrent @rogertorrent) January 10, 2020
Tampoco se han pronunciado los letrados de la cámara, y no parece que tengan intención de hacerlo más adelante después de reunirse este viernes para decidir que es a Torrent a quien le corresponde despejar esta encrucijada. El dirigente del partido de Junqueras se arriesga a un delito de desobediencia si no acata lo que ha dicho el Supremo y permite a Torra votar este lunes.
Y Torra no se lo va a poner fácil al de ERC y va a espera a que él tome una decisión y la defienda ante la bancada separatista. Por ahora, los suyos, también guardan silencio y nadie se ha pronunciado en el partido de Oriol Junqueras a favor de que el sucesor de Puigdemont pueda conservar el escaño. Torrent no será el único que se exponga judicialmente, también lo harán los miembros de la Mesa y todos los funcionarios de la Cámara autonómica.
Torra exdiputado, Torra ¿expresidente?
Aunque el Supremo obliga a Torra a dejar su acta, eso no implicaría, según defienden en su partido, que Quim Torra tenga que dejar la Generalidad ‘ipso facto’. Aún les queda, insisten fuentes separatistas, una vía a la que aferrarse y que cuenta con el apoyo del mismo letrado mayor de la cámara, Joan Ridao, que hace tan solo un mes se oponía a esta posibilidad: el artículo 67.7 del Estatut de autonomía.
Este punto en concreto reza que "el presidente de la Generalidad cesa por renovación del Parlamento consecuencia de unas elecciones, por aprobación de una moción de censura o denegación de cuestión de confianza, por defunción, por dimisión, por incapacidad permanente, física o mental, reconocida por el Parlamento, que lo inhabilite para el ejercicio de su cargo, y por condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos".
En la misma línea, desde el partido de Puigdemont también apelan al artículo 7.1f de la Ley de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno y que recoge que debe ser una "condena penal firme" la que cese del cargo de presidente. Y en base a esto, Torra se atornillará en su sillón hasta que el TS se pronuncie sobre el fondo del caso de los lazos amarillos.
Pero el hecho de que siga retrasando la sucesión y que el lunes acabe votando en la cámara catalana complicará, no solo el devenir de la legislatura y la puesta en marcha de los nuevos presupuestos, sino las negociaciones que ERC está pendiente de retomar con el PSOE y en primer lugar, por inmediato, el encuentro previsto para la segunda semana de febrero entre Sánchez y Torra. Ahora, el presidente del Gobierno viajará a Barcelona para reunirse con un diputado inhabilitado y que de votar el lunes, habrá incurrido en un nuevo delito arrastrando a la cámara catalana a un nuevo bloqueo institucional.