Primera condena a un presidente de la Generalidad en activo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al presidente de la Generalidad, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalidad durante la campaña electoral de las pasadas elecciones generales del mes de abril y tras tres advertencias de la Junta Electoral Central. El tribunal catalán acepta, por tanto, las peticiones que hizo la Fiscalía en sus conclusiones finales solicitando para Torra 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, y rechaza las de la acusación popular que ejercía Vox, y que reclamaba dos años de inhabilitación y una sanción de 72.000 euros. Eso sí, la inhabilitación no será inmediata por lo que seguirá siendo el presidente de Cataluña hasta la convocatoria de nuevas elecciones.
La sentencia de 58 folios considera que, "el presidente catalán desobedeció sin que hubiera ninguna circunstancia que modificara su responsabilidad, la decisión de la Junta Electoral Central que, una vez convocadas las elecciones del pasado 28 de abril, ordenó la retirada de la simbología partidista exhibida en edificios públicos, lo comunicó en tiempo y forma, y dio un plazo para la retirada sin que ello se atendiera". El TSJC también ha impuesto a Torra una pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros. El fallo también le condena al pago de las costas procesales, a excepción de las derivadas de la acusación popular.
El juicio a Torra se celebró el pasado 18 de noviembre y desde el banquillo, el presidente catalán confesó el delito y se jactó de haber desobedecido una orden que dijo, "era ilegal". "Si por defender los derechos y libertades de mis compatriotas yo he de venir a un juicio y ser condenado, bienvenida sea la condena". Antes, Torra, ya había admitido el delito: "Como en las películas, sí, desobedecí, pero era imposible obedecer una orden ilegal".
Tras conocer la sentencia, Quim Torra, ha comparecido en una declaración institucional para anunciar que la recurrirá al Tribunal Supremo por lo que esta inhabilitación no sería inmediata y, por lo tanto, no está obligado a abandonar su cargo al frente de la Generalidad. Eso sí, no podría presentarse como candidato a unas nuevas elecciones porque la LOREG, en concreto, el artículo 6.2 b de la ley electoral, sí le impide presentarse a unas futuras elecciones porque sitúa como inelegibles a "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado".
Pese a la decisión de recurrir la sentencia, Torra ha pedido este jueves a los grupos de la cámara catalana que le ratifiquen en el cargo con una votación que se celebrará en el Parlamento a modo de desprecio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: "A mí no me inhabilita ningún tribunal", ha amenazado Torra. El dirigente independentista considera "necesario" que el Parlamento reafirme su figura al frente de la Generalidad y esto abre la posibilidad de recurrir a la fórmula de una cuestión de confianza para mantenerse en el cargo a la espera de que el fugado, Carles Puigdemont, le ordene un adelanto electoral en Cataluña.