El fiscal a Torra en su informe de conclusiones: "Desobedeció y se vino arriba"

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha concluido que el presidente catalán, Quim Torra, desobedeció el mandato de la Junta Electoral de retirar los lazos y la pancarta de los edificios públicos haciendo hincapié en que, a medida que pasaban los días tras la primera orden del 11 de marzo, Torra "fue intensificando su falta de respeto institucional hasta el punto de que se vino arriba y entonces ejecutó un gesto de pura befa hacia la JEC sustituyendo la pancarta con el lazo amarillo por otra con el lazo blanco", para incurrir en la desobediencia.

Bañeres ha dejado claro en su exposición que la intención de Torra en todo momento fue la de burlar la orden del organismo electoral que, en contra de lo que ha defendido el presidente catalán, sí es un organismo competente y superior para darle órdenes. "Existe el deber de neutralidad en el periodo electoral y el lazo amarillo, nos gustará más o menos, pero no es un símbolo que comparta la totalidad de la población de Cataluña", ha afirmado.

¿Alguien puede creerse que el acusado hubiera cumplido la orden de retirada de simbología si la hubiera dictado la Junta Electoral Provincial después de la declaración que ha hecho aquí?", ha preguntado el fiscal en referencia a la afirmación del presidente catalán que ha repetido en varias ocasiones que la Junta Electoral Central no es una autoridad competente para darle órdenes.

Acusación popular: "Se regodeó"

"Se regodeó en actos públicos de su incumplimiento", ha defendido en su turno de conclusiones el abogado de Vox, Juan Cremades, que ejercía como acusación popular en este juicio. Para Cremades, "la actitud dolosa" de Quim Torra en el incumplimiento de las resoluciones de la Junta Electoral Central ha quedado acreditada en la declaración del presidente autonómico.

"Cabe recordar que el señor Torra no gobierna para una parte de la ciudadanía, sino para todos los catalanes", ha concluido.

La defensa: "Es una aberración"

El turno final ha sido para la defensa de Torra, que ha ejercido en esta segunda parte del juicio el abogado Gonzalo Boye. El letrado ha afirmado en sus conclusiones que "es una aberración lo que ha hecho la Junta Electoral Central" denunciando que hay una motivación política detrás. "Lo que hoy ha traído de prueba el Ministerio Fiscal son declaraciones políticas", ha dicho Boye que también ha intentado restar autoridad al organismo electoral.

"La JEC no es un órgano superior al presidente de la Generalidad ni al presidente del Gobierno. En España hay dos tipos de delitos de desobediencia: a la autoridad superior y a las órdenes judiciales, todo el resto son discusiones no amparadas por el Derecho".

"Lo que está haciendo la Junta Electoral es colonialismo puro y duro", ha dicho el abogado de Torra que en un alegato a la desesperada, ha solicitado al tribunal "la libre absolución de nuestro defendido porque aquí no hubo desobediencia", pese a que Torra sí ha admitido el delito.

Torra da la "bienvenida" a una condena

Por su parte, en su alegato final Torra ha asegurado que la sentencia "no cambiará la legitimidad" de los miembros del Parlamento que lo eligieron, tras lo que ha sentenciado: "Si por defender los derechos de mis compatriotas he de ser condenado, bienvenida sea la condena". En su último turno de palabra, y en la que podría ser su despedida como presidente de la Generalidad, Torra ha aprovechado para recuperar ante el tribunal su amenaza de consumar "el compromiso con la autodeterminación" durante los meses que le queden al frente del Ejecutivo separatista.

El juicio ha quedado visto para sentencia y, dado que no se trata de un procedimiento muy complejo, se espera que la condena pueda conocerse en las próximas semanas. De confirmarse la inhabilitación, Torra podrá recurrirla ante el Tribunal Supremo, y eso retrasaría su efectividad hasta un año, si el dirigente separatista renuncia a este derecho, se abriría entonces un nuevo escenario en el Gobierno que situaría automáticamente al vicepresidente, Pere Aragonès, al frente de la Generalidad. Al no ser diputado, el líder de ERC debería convocar en el plazo de diez días un pleno en la cámara catalana para designar a un nuevo presidente. De fracasar este intento, Cataluña se vería abocada a la convocatoria de nuevas elecciones en dos meses.