El próximo lunes, 18 de noviembre, marcará un antes y un después en la ‘era Torra’. El presidente catalán tendrá que sentarse en el banquillo donde será juzgado por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por negarse a retirar los lazos amarillos y las pancartas a favor de los presos de las fachadas de los edificios públicos durante la campaña de las pasadas elecciones generales del 28 de abril. La Fiscalía pide para Torra una inhabilitación de 20 meses y en el Gobierno catalán, prácticamente todos los consejeros dan por hecho que éste será su final. El 28 de noviembre también arrancará la vista contra la Mesa del Parlamento de la anterior legislatura y el final de juicio se espera para el 3 de diciembre que es, casualmente, la fecha en la que tendrá que constituirse el nuevo Congreso. De ahí que el calendario catalán vaya tan ligado a la investidura.
Si bien es cierto que es muy probable que la sentencia pueda conocerse más pronto de lo esperado, el hecho de que pueda ser recurrida después por el propio Torra ante el Tribunal Supremo retrasaría la resolución y sería entonces cuando el dirigente separatista tendría que valorar si agotar el margen que le otorgan los tribunales u optar por apretar el botón del adelanto electoral tal y como llevan meses exigiendo desde ERC. En cualquier caso, se descarta el escenario de que la inhabilitación pueda pillar a Torra sin un sucesor designado porque en la Generalidad llevan semanas maniobrando en este sentido ante el hipotético caso de que Torra pueda ser apartado y por consiguiente, ser su vicepresidente, Pere Aragonès, quien ocupe ese cargo hasta la convocatoria de nuevos comicios. El dirigente de ERC no tiene potestad para disolver el Parlamento ya que no es diputado, por lo que la cámara catalana, según su reglamento, debería elegir a un nuevo presidente. Si en diez días no lo consiguen, se convocarían elecciones en el plazo de dos meses.
El actual consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, el responsable del diseño y creación de la llamada "república digital catalana" y la actual concejal de JxCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi y exportavoz de la Generalidad, empiezan a posicionarse en todas las quinielas como posibles sucesores de Torra ya que ambos cuentan, confirman fuentes, con el aval del fugado Carles Puigdemont. En ERC no hay dudas del relevo del condenado por sedición, Oriol Junqueras. Pere Aragonès lleva meses trabajando con Junqueras en la cárcel de Lledoners el asalto a la Generalidad y la posibilidad de conformar un futuro gobierno con el apoyo de los comunes y del PSC, éstos últimos, convencidos de que en unas próximas elecciones en Cataluña se beneficiarán del voto que ha perdido Ciudadanos, el partido vencedor de los anteriores comicios en esta comunidad.
ERC, en fase de doble cortejo
De ahí la importancia y la doble lectura que se esconde tras las negociaciones entre ERC y el PSOE y Podemos a nivel estatal. En plena fase de cortejo, los de Junqueras saben que pueden negociar al alza el precio de sus 13 abstenciones aunque sin ahogar demasiado a los futuros socios del gobierno de coalición porque en ellos ve a dos posibles aliados en el próximo gobierno catalán. Y en eso está ya el vicepresidente Aragonès mientras intenta confeccionar unos presupuestos abocados al fracaso. Aunque el PSC ya ha expresado en varias ocasiones su disposición a "negociar" las cuentas autonómicas, los comunes parece que se harán de rogar a fin de usarlos como contrapartida a cambio de la investidura de Sánchez. Los presupuestos catalanes llevan prorrogados desde 2017 y si antes de diciembre no salen adelante, ERC los usará para forzar ese adelanto electoral al margen de la decisión del TSJC sobre Torra. Hasta entonces, JxCAT intentará desgastar a los de Junqueras utilizando en su contra el acercamiento con los socialistas.
No es baladí para ERC la pérdida de 150.000 votos en estas elecciones generales respecto a las del mes de abril que se han ido en gran parte a la formación de los radicales de la CUP. De ahí que desde el pasado 10 de noviembre, en Lledoners, estén midiendo mucho más sus decisiones para no poner en riesgo a sus votantes más radicales forzando, como ejemplo, maniobras como la del presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, ‘marcándose un Forcadell’ el pasado martes llevando a pleno y votación la moción de la CUP sobre la autodeterminación. Un gesto, en realidad, de enorme cobardía porque el propio Torrent intentó adelantarse al Constitucional para evitar una suspensión. Al no conseguirlo, optó por esconder el texto en un cajón evitando publicarlo en el Boletín Oficial del Parlamento Catalán.
Elecciones ¿en primavera? y el regreso de Mas
Si a final de año el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, no consigue sacar adelante los presupuestos para 2020, la situación de prórroga en la que vive instalada la Generalidad desde 2017 sumirá a Cataluña en una crisis aún mayor a partir de enero. Hace unas semanas, en una comparecencia en el Parlamento autonómico, el vicepresidente catalán alertaba del caos advirtiendo de que "en 2020 será insostenible la situación y los servicios públicos no se lo pueden permitir".
Una situación de alarma de la que ERC sacará provecho. Sabe que sin cuentas públicas, el adelanto electoral será más inminente y Torra se quedará sin argumentos para seguir evitando dar el paso al lado. Con este escenario, gana más fuerza la posibilidad de que las nuevas elecciones catalanas se celebren en la primavera de 2020, previsiblemente, entre marzo y abril, momento en el que, además, reaparecerá un nuevo actor en escena: el expresidente Artur Mas, que ya prepara su vuelta.
El 23 de febrero de 2020 finaliza la inhabilitación por desobediencia del artífice de la primera consulta ilegal del 9N y desde hace meses, Mas ha venido dejando la puerta abierta a su regreso. La última vez, en agosto, en una entrevista en TV3: "Dije que daba un paso al lado, no un paso atrás". Muy crítico con la posición del fugado respecto a no facilitar una investidura de Pedro Sánchez en el mes de julio y con la deriva de las nuevas siglas convergentes de JxCAT y el intento fallido por crear una marca mucho más radical bajo el nombre de la Crida, Mas comenzó entonces a multiplicar sus contactos para volver a recuperar el mando del extinto y ‘moderado’ PDeCAT y lograr, de nuevo, un papel de relevancia en el tablero político catalán que si bien no consigue un puesto destacado, si se convertiría en una nueva amenaza para los débiles cimientos de las siglas de Puigdemont.