Macarena Olona nos recibe en la nueva sede de Vox, un edificio de cuatro plantas situado en la calle Bambú de Madrid en el que todavía se están instalando. Toma asiento para responder a nuestras preguntas en una semana muy complicada por la sentencia del 1-O y los graves disturbios registrados en Cataluña. "Marlaska debe dimitir", asegura indignada la secretaria general del grupo en el Congreso que se caracteriza por su férrea defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como abogada del Estado destinada al País Vasco conoce bien la importancia de su labor para garantizar el orden público.
PREGUNTA: ¿Cómo valora la actuación del Gobierno esta semana en Cataluña?
RESPUESTA: Es inadmisible que el ministro Marlaska y su equivalente en la Generalidad de Cataluña no hayan adoptado todas las medidas necesarias a los efectos de impedir las bochornosas imágenes que estamos viendo y sobre todo el riesgo para la seguridad de las personas porque esta situación. Lo más grave es que era previsible. Porque si algo estamos viendo en la ejecución del golpe de Estado que se viene perpetrando desde el pasado 1 de octubre de 2017 es que las autoridades catalanas y sus su acólitos, cuyos fines son lograr una absoluta desestabilización del Estado de Derecho en Cataluña, lo están anunciarlo con bombo y platillo, con lo cual deberían haber previsto todas las medidas necesarias. Primero para no lanzar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad a una ratonera y segundo para que no se viesen paralizados servicios públicos esenciales como el transporte terrestre o aéreo con el grave daño a la imagen que estamos causando respecto de España a nivel internacional, además de las molestas y daños personales que se están ocasionando a ciudadanos que están viendo mermados sus derechos fundamentales.
Hoy por hoy es discutible que pueda aplicarse el artículo 155 de la Constitución Española dada la situación de disolución de las Cortes pero desde luego nuestro texto fundamental permite la declaración de los estados de alarma, sitio y excepción y concretamente ante la parálisis de servicios públicos en Cataluña, procede declarar ya por parte del Ejecutivo socialista el estado de excepción y someter a la Diputación Permanente del Congreso la pertinente autorización ¿A qué está esperando el Gobierno socialista, Marlaska? ¿A que tengamos un muerto encima de la mesa? Parece que es lo que están esperando.
P:¿Qué opina de la sentencia del 1-O?
R: Si algo podemos agradecer al juez Marchena es el especial mimo y cuidado que ha tenido para velar por los derechos fundamentales y las garantías de los encausados de tal manera que el objetivo inicial y último que tienen los golpistas y condenados, que es poder acudir a Estrasburgo para que nos saquen los colores y conseguir tumbar el fallo dictado por el Tribunal Supremo, no se consiga. Ha funcionado el Estado de Derecho y hoy por hoy lo que tenemos es, afortunadamente, una sentencia condenatoria. Dicho esto, desde Vox, y yo personalmente, hubiésemos preferido que el resultado de esa condena fuera muy diverso.
Nosotros defendemos que ha existido una violencia que el tribunal no niega en su fallo de 493 folios, en eso desde luego fue indigno que el Ejecutivo de Sánchez obligase al abogado del Estado, Edmudo Bal, a suprimir del escrito de acusación toda mención a la violencia. El tribunal constata la existencia de una violencia, es evidente, lo vimos todos en directo, pero yo creo que ha pesado mucho, y se han producido filtraciones al respecto, la voluntad de nuestro presidente magistrado, su señoría Marchena, de lograr un fallo unánime.
P: ¿Cómo se explica que los condenados puedan salir en breve a la calle?
R: Consideramos peligroso que el tribunal haya rechazado la petición que hizo el Ministerio Público para que los condenados no pudieran obtener el tercer grado hasta que no hubieran cumplido la mitad de sus condenas. Tenemos además una puerta de atrás que no es simplemente la del tercer grado. Son esos beneficios penitenciarios que, lo acabamos de ver, han permitido que salgan a la calle el señor Oriol Pujol y el señor Iñaki Urdangarín. Esos beneficios penitenciarios se adoptan por la administración penitenciaria que, en el caso de Cataluña, es la única comunidad a la que están transferidos desde 1983.
Pero si estamos viendo que es la propia administración catalana la que está perpetrando un golpe de Estado, la que está jaleando a quienes ya han sido detenidos con artefactos explosivos: apreteu, apretad, lo volveremos a hacer. Jaleando desde las instituciones públicas a que continúe el golpe de Estado. ¿Cómo no vamos a tener fundadas sospechas en que precisamente esa administración catalana va a aplicar a los golpistas catalanes el tercer grado encubierto para que salgan por la puerta de atrás de las cárceles? Ahí se va a producir el verdadero fracaso del Estado de Derecho si se consuma lo que vengo anticipando.
P: ¿Ha habido presiones políticas?
R: El tribunal tenía una posibilidad de zanjar posibles y previsibles problemas que vamos a tener en el futuro y que, de materializarse, como yo vaticino desde hace meses, vamos a constatar que el verdadero golpe de Estado se va a consumar a raíz de la sentencia condenatoria cuando veamos salir a los condenados por la puerta de atrás de las cárceles. Es cierto que el Ministerio Fiscal tiene la posibilidad de recurrir ante el juzgado de Vigilancia Pnitenciaria pero no es menos cierto que el Ejecutivo de Sánchez ha convertido a la abogacía del Estado en la Abogacía del Gobierno y fue el anterior Gobierno del PP quien convirtió al ministerio Fiscal en el Ministerio del Gobierno.
Tenemos al fiscal Maza,desde luego, de lo que supuso una presión injente del poder político, un intento de inejerencia a unos niveles, de verdad, que es mejor que permanezcan en la oscuridad. El ministerio Fiscal, estando dotado de un estatuto de independencia, se rige, al igual que la Abogacía del Estado, por el principio de jerarquía y eso supone que son permeables a las presiones políticas. Pero no es algo que yo diga desde el plano teórico, es que lo hemos constatado. No se está produciendo a la fecha en esta legislatura pero sí en la pasada.
P: ¿Cómo se puede evitar?
R: Ante todo tiene que existir una voluntad firme política que hasta la fecha no se ha producido. Se debe proceder a aprobar el sistema de designación de los miembros del Consejo del Poder Judicial, a la aprobación de tribunales especializados en delitos económicos y más concretamente de lucha contra la corrupción. Medidas que eviten todo lo que hemos visto que se ha producido que no se han aprobado, antes al contrario. En el año 2016 con la mayoría absoluta del PP, en la instrucción penal, donde antes existía un plazo que no era vinculante que nunca se cumplía, al albur de esta reforma impuesta con el rodillo de la mayoría del PP se limitó el plazo máximo de la instrucción penal a seis meses con opción a prórroga, con la desvergüenza de no dotar a la administración de justicia de medios adecuados. ¿Sabe usted a qué a conducido esa reforma? A la impunidad de los corruptos, a que salgan por la puerta de atrás por el archivo al haber transcurrido el plazo máximo establecido de instrucción.
Si no se ha derogado en la anterior legislatura esa Ley es porque PP y Cs aprovecharon su mayoría en la Mesa del Congreso para ampliar hasta en 67 ocasiones el plazo de presentación de enmiendas a una proposición de Ley que tenía un sólo punto. Sus manos están manchadas de corrupción por más que tengamos ahora al señor Rivera tan digno diciendo que no quiere tocar ni con un palo al PP porque son unos corruptos cuando le ofrecieron la posibilidad de unirse a España Suma. No tienen vergüenza. No hay coherencia. Lo importante es tener memoria.
P: ¿Qué opina de la reacción del PP y Cs a la sentencia?
R: Me causó sorpresa que el PP dijese que va a promover una reforma del código penal para suprimir el requisito de la violencia en el delito de rebelión. Me causó perplejidad porque es una posibilidad que han tenido y que sin embargo no han hecho, con lo cual brilla por su falta de coherencia ese mensaje que claramente es electoral. El delito de rebelión está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1900 y nunca se ha exigido la violencia, se exigía simplemente que se declarase la independencia para resultar condenado. Esos antecedentes se incorporaron al código penal de 1928 y se mantuvieron vigentes hasta el año 1955 cuando Belloch, con el código penal que se aprueba, introduce la violencia pública para condenar el delito de rebelión.
Esa exigencia fue impuesta por los nacionalistas vascos y catalanes vía enmienda y no es baladí que se exigiera y se transigiera porque saben perfectamente que no necesitan la violencia para reventar nuestro Estado democrático desde dentro porque ya están en las instituciones y se valen de ellas, no para representar la soberanía nacional, sino para conseguir sus fines rupturistas e independentistas.
P: ¿Negociarán con PP y Cs después del 10N si dan los números para formar Gobierno?
R: No podemos anticipar el resultado de las elecciones y por tanto será cuando sepamos los números concretos que haya decidido la ciudadanía, cuando podamos sentarnos a reflexionar con seriedad y profundidad. Lo que sí puedo decirle, a título personal si me lo permite, es que estoy absolutamente satisfecha de la valentía del señor Rivera que por fin ha dado un paso al frente y ha dicho lo que todos estábamos diciendo. A mí, me ha costado mucho cuando ustedes desde los medios de comunicación nos calificaban como las tres derechas refiriéndose a CS, PP y Vox porque es evidente que Cs con quien forma un todo es con el PSOE y concretamente con el señor Sánchez.
Si finalmente los números dan y tenemos una mayoría suficiente que es la que espero que tengamos, será para hacer presidente a nuestro presidente, a Santiago Abascal, que es lo que espero porque estoy convencida que será lo mejor para España. Pero si efectivamente conseguimos que sea Cs el que tenga que sentarse con el PSOE lo que yo le puedo decir desde mi experiencia en esa mesa de negociación (con PP y Cs para Madrid, Murcia o Andalucía) es que tendré la suerte de no volver a sufrir a unos dirigentes nacionales que desde luego se comportaron como niños caprichosos y como un partido extorsionador al modo más rancio del PNV pensando únicamente en sus intereses personales y no en el interés general de España. Desde luego Vox no está en eso.
P: Como mujer, ¿qué siente cuando acusan a su partido de machista?
R: Me causa tremenda perplejidad ver cómo determinados medios de comunicación, sin ningún sonrojo, se ponen a disposición de esos partidos políticos que están lanzando esos bulos infundados acompañados de ataques personales hacia algunos de nuestros dirigentes que están aguantando estoicamente las embestidas. ¿Partido machista? Mire, yo tengo el honor de haber asumido el cargo de secretaria general y portavoz adjunta de Vox en el Congreso. Le puedo asegurar que no es por ningún tipo de cuota o por ser mujer. Nadie me ha honrado con esa posición teniendo en cuenta mi sexo como no se ha considerado que nuestro portavoz deba ocupar ese privilegiado puesto por razón de su condición masculina.
Nosotros no miramos el sexo de las personas. Miramos su cualificación, sus méritos, y sobre todo buscamos una esencial igualdad que es la que yo trato de promulgar. Ante esos ataques injustificados, qué quiere que le diga, estoy de siete meses y medio de embarazo, en mi partido político sabían todos que estaba embarazada y en modo alguno me han cercenado las responsabilidades que me han ido encomendando y que son un privilegio. ¿Eso es partido machista? Pues yo puedo atestiguar en primera persona que bajo ningún concepto.