El separatismo reabre las hostilidades internas tras la tregua de 11-S

Prófugos contra presos o "exiliados" contra "rehenes políticos" según la jerga del separatista. La batalla en el seno del independentismo no sólo se centra en la pugna por la hegemonía electoral entre ERC y las siglas posconvergentes, ahora Junts per Catalunya (JxCat), sino que alcanza también las trincheras de huidos y encarcelados.

El prófugo Puigdemont ha rectificado las conclusiones del Consell per la República sobre la "oferta" de diálogo al Estado. En declaraciones a diversos medios, el expresidente autonómico ha abundado en que el diálogo es compatible con la unilateralidad, novedad con la que pretende desmarcarse de la posición del preso Junqueras, partidario de una negociación con el Gobierno que excluya la unilateralidad.

En paralelo, Toni Comín ha sido el encargado de reabrir la guerra interna en el separatismo tras la tregua de la Diada. El exsocialista y exesquerrano ahora en las filas de Puigdemont ha salido a la palestra para reprochar a sus "compañeros" presos que comparecieran ante la justicia tras la celebración del 1-O y la declaración de independencia. En opinión del tránsfuga, la huida era la única salida coherente tras haber precipitado de tal manera los acontecimientos después del pseudoreferéndum.

Comín considera que es imposible mantener viva la llama del 1-O desde la cárcel y censura además que el partido que le designó consejero de Sanidad, ERC, se haya centrado en lo que denomina "estrategia de la hegemonía" en vez de en alcanzar la república proclamada.

El encargado de responder a Comín ha sido Pere Aragonès, coordinador de ERC y mano derecha del preso Oriol Junqueras, quien en una entrevista en la radio del conde de Godó ha dicho que "lo peor que podemos hacer es comparar las decisiones de las personas que padecen la represión". Aragonès ha tratado de mostrar un espíritu conciliador con el excompañero de partido, al que ha pedido que no haga reproches porque "lo peor que podemos hacer es discutir entre nosotros".

Pese a las groseras discrepancias en público, las fuerzas separatistas continúan las negociaciones para arbitrar una respuesta común de cara a las sentencias del Tribunal Supremo. Hay un cierto consenso en favor de una huelga general "de país", algo que según Aragonès, vicepresidente de Economía de la Generalidad, no tendría efectos negativos en la economía catalana. En su opinión, lo que realmente perjudica a Cataluña es que haya un Gobierno de España en funciones.