Torra recusa al presidente del TSJC que lo juzgará por los lazos amarillos

Gonzalo Boye, el abogado del prófugo Puigdemont y también del presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha presentado un escrito de recusación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, a quien acusa de falta de imparcialidad. Boye cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recurre a enlaces de noticias en las que Barrientos habla de la necesaria neutralidad de los espacios públicos.

Según el letrado, las declaraciones públicas del magistrado le incapacitan para formar parte del tribunal que debe juzgar a Torra por desobediencia al negarse a retirar una pancarta a favor de los presos de la fachada de la Generalidad durante la campaña electoral. Además, recuerda que Barrientos abandonó una conferencia de Roger Torrent en el Colegio de Abogados de Barcelona cuando el presidente del Parlament se refirió a los golpistas encarcelados como "presos políticos".

En su escrito, al que ha tenido acceso la radio del conde de Godó, Boye afirma que "el recusado se ha pronunciado sobre presos políticos –en una de las pancartas–, se ha pronunciado sobre la supuesta 'neutralidad de los espacios públicos', sobre 'lazos amarillos', sobre la resolución de la Junta Electoral Central, e incluso sobre la ideología y el posicionamiento político del M. H. president Torra. Por eso es difícil imaginar una falta de imparcialidad más importante que la que pasa aquí con el recusado".

El polémico abogado, condenado a catorce años de cárcel por el secuestro de Emiliano Revilla a cargo de ETA, también asegura que Barrientos ya intervino en la causa cuando se admitió a trámite, por lo que no podría formar parte del tribunal que juzgará a Torra.

El juicio oral está previsto para los días 25 y 26 de septiembre y Torra ha insinuado que no acudirá a la cita para salvaguardar sus derechos civiles y políticos, ejercer la desobediencia y plantarse ante el Estado. Aún así, maniobra para torpedear la celebración de la vista con un letrado que no forma parte de los servicios jurídicos de la Generalidad, en lo que se interpreta dentro de la administración autonómica como una muestra de desconfianza y desprecio.