Cataluña registra 189 actos de violencia política en los primeros seis meses del año

"Cataluña ha registrado 189 incidentes de violencia política en el primer semestre de 2019" según el primer informe sobre violencia política llevado a cabo en Cataluña. Los datos han sido recopilados por el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, dependiente de la entidad constitucionalista Impulso Ciudadano, que constata que 173 de los 189 casos han sido causados por personas o grupos favorables a la independencia de Cataluña como Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP, o los Comités de Defensa de la República (CDR) alentados por el presidente de la Generalidad, Quim Torra.

El informe es una recopilación pormenorizada de los ataques a militantes, dirigentes y sedes de partidos políticos, así como de los señalamientos a jueces, fiscales, policías y guardias civiles. Por ejemplo, el estudio contabiliza 26 ataques contra el Poder Judicial, en su gran mayoría llevados a cabo por los CDR. En cuanto a los partidos, la formación que ha recibido más ataques ha sido Ciudadanos, seguida por el PSC, Vox y el PP.

Ataques y juicio en el Supremo

Un total de 88 de estos incidentes se registraron en el mes de febrero, en coincidencia con el comienzo del juicio en el Tribunal Supremo por el golpe de Estado separatista. El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo ha destacado que las instituciones se han abstenido de condenar estos ataques y que su papel es "sorprendentemente parcial". En ese sentido ha destacado que la "Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat", que comanda un dirigente de la CUP, "se ha convertido en un instrumento de parte".

El informe también apunta a una "tupida red de prolongada violencia psíquica" cuyos efectos son la ausencia de candidaturas de partidos no independentistas en pueblos del interior de la región, la renuncia al derecho a una educación bilingüe, la monopolización del espacio público por parte de los partidos y entidades separatistas, el acoso a los funcionarios abiertamente no nacionalistas y la fuga de empresas.