La Fiscalía Anticorrupción menciona en su denuncia contra la juez María Núñez Bolaños una serie de autos y oficios librados a la Guardia Civil que podrían ser contradictorios y habrían contribuido a la dilación de la instrucción del caso de los ERE.
Según informa ABC, la UCO ha mantenido varios desencuentros con la magistrada y, este jueves, afloró un atestado del 23 de mayo en el que los agentes responden a las resoluciones de la instructora en las que les acusa del retraso en las investigaciones.
El juez que la está sustituyendo desde que se dio de baja justo antes de que se conociera el escrito de todos los fiscales anticorrupción de Sevilla contra ella, Ignacio Vilaplana, emitió un auto el pasado 4 de julio en el que dio traslado del citado atestado de la UCO a todas las partes personadas un mes y medio después de que este informe llegase al juzgado. Es decir, Núñez Bolaños lo recibió y no lo notificó a las defensas ni al Ministerio Público, que lo conocieron este jueves y pudieron comprobar que el documento no tiene desperdicio.
Tal y como recoge el diario de Vocento, los agentes reprochan a la magistrada que les ha pedido atestados de forma urgente sobre varias empresas y, sin embargo, esos atentados ya habían sido entregados hacía incluso varios años, lo que demostraría que Núñez Bolaños no estaba al tanto de las diligencias que se habían llevado a cabo en su propio juzgado.
Además, la UCO critica a la juez por archivar piezas por prescripción alegando que no habían llegado los atestados cuando dichos informes no habían sido siquiera encargados. Y, finalmente, los agentes le indican de un modo insistente que en la mayoría de las piezas que tendrían que haber investigado se quedaron a la espera de que Núñez Bolaños les enviara el sumario correspondiente, ya que los único que les hizo llegar fue un desplegable con el dinero que cada empresa había recibido de la Junta.