El Gobierno catalán de Quim Torra quiere conocer la opinión de todos los españoles sobre la situación de bloqueo permanente en Cataluña, la deriva separatista y la relación que deben mantener Estado y Generalidad. Para ello, ha encargado al Centro de Estudios de Opinión (CEO), dependiente del Ejecutivo autonómico, una encuesta para el mes de septiembre -momento en el que ya podríamos conocer la sentencia del juicio por el golpe en Cataluña- en la que se preguntará a 3.600 ciudadanos de toda España sobre "posibles vías de solución" y que costará a las arcas públicas catalanas más de 120.000 euros.
Lo ha explicado este miércoles el director del conocido como CIS catalán, Jordi Argelaguet, en el Parlamento autonómico y a petición del PSC de Miquel Iceta. La Generalidad también quiere saber la valoración que se hace fuera de Cataluña del estado de las autonomías y la gestión de sus instituciones tomando como referencia el grado de vinculación de los entrevistados con esta comunidad. El último CEO del mes de mayo, reflejaba por primera vez desde el referéndum ilegal, una ligera ventaja de los partidarios del no a la independencia frente a los del sí, un 48,6% y un 47,2%, respectivamente.
Los grupos constitucionalistas han cargado contra esta nueva ocurrencia del separatismo al considerarlo una "injerencia" del Ejecutivo de Torra en la elaboración de encuestas de opinión cuyo objetivo es el de tantear el grado de apoyo a su nula gestión fuera de Cataluña y cuando en el entorno de ERC cada vez son más la presiones para que convoque elecciones a la vuelta del verano, después de conocer la sentencia por el 1-O. El sondeo fue encargado en septiembre del año pasado por la entonces consejera de Presidencia y portavoz catalana, Elsa Artadi, pero hasta ahora no se ha dado la orden de llevarlo a cabo. De la encuesta se encargará una empresa externa, ha explicado el director del CEO, a través de un concurso público.