Había expectación por ver si Pedro Sánchez iniciaba la ofensiva final contra Susana Díaz, pero tal vez, echando mano de su Manual de resistencia, ha decidido aplazar, en parte y aparentemente, la operación de desalojo de la primera estructura del PSOE andaluz que perdió la Junta de Andalucía, además de haberse enfrentado a su liderazgo de manera enconada y escandalosa.
Teniendo ya el Boletín Oficial del Estado como única tabla de salvación posible para todos los alcaldes socialistas andaluces -antes contaban solo con el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía- , y teniendo en su mano los Estatutos de Ferraz, Susana Díaz solo puede tirar de los alrededor de los 1.700 millones de euros que conforman el presupuestos de las diputaciones que controlará y de la disciplina interna para mantener una cohesión que irá desplazándose previsiblemente desde su entorno al de Pedro Sánchez.
Que Susana Díaz presuma de haber logrado mantener las seis presidencias de las seis diputaciones que el PSOE ha ganado en las pasadas elecciones municipales –Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Cádiz–, es el titular destacado, pero en la letra pequeña los cambios reales han sido muchos, y siempre a favor de la presencia de sanchistas, en tales organismos provinciales que, como es sabido, tienen un impacto directo sobre numerosos municipios andaluces menores de 20.000 habitantes sobre los que el PSOE gobierna en 416 casos.
Parecía que la guerra iba a estallar cuando la mano de hierro de Pedro Sánchez en Andalucía, Quico Toscano, alcalde de Dos Hermanas y peso pesado del PSOE andaluz desde 1982, anunció que el presidente de la Diputación de Sevilla, el supersusanista Fernando Rodríguez Villalobos, tenía que dejar su puesto a otro. Lo mismo se esperaba en Cádiz, cuya dirección provincial se enfrentó a Ferraz en la elaboración de las listas al Congreso en las pasadas elecciones generales. Los demás presidentes de diputaciones acordaron las listas nacionales con Pedro Sánchez y aseguraban su continuidad.
Sin embargo, el acuerdo aparente deja al descubierto algunos puntos clave. El primero que, aunque Fernando Rodríguez Villalobos seguirá presidiendo la Diputación de Sevilla e Irene García la de Cádiz, ninguno de ellos tiene asegurado llegar al final de su mandato. Esto es, habrá "renovación" antes de cuatro años. El caso de Huelva, donde preside la Diputación Ignacio Caraballo, el "cuñado" del portavoz parlamentario, Mario Jiménez, conllevará el relevo forzoso cuando sea juzgado por el caso del soborno a concejales de Podemos perpetrado en la localidad onubense de Aljaraque.
El segundo, que la estrategia negociadora de Pedro Sánchez ha pasado por dejar la foto en manos de Susana Díaz, pero impedir que en ella solo aparezcan susanistas. De hecho, en el nivel inferior a la presidencia los cambios han sido notables: de los 19 miembros del grupo socialista en la Diputación de Sevilla, por mencionar el caso más llamativo, solo repiten el presidente y cinco alcaldes y concejales mientras que los 13 restantes son nuevos, tres de ellos sanchistas destacados, uno de Dos Hermanas, y el resto, menos significados.
A pesar de estas apariencias, es evidente que la figura de Susana Díaz cotiza cada día más, pero a la baja. La prensa regional ya se ha hecho eco de sus notables ausencias en los plenos del parlamento y otros actos. Uno de los más llamativos se consumó en la toma de posesión del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, donde la que sí estuvo fue María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones y a quien se señala como sustituta futura de Díaz en el PSOE andaluz.
No solo hay problemas en el PSOE, sino que en Izquierda Unida y Podemos, apenas hay movimientos significativos a pesar de contar con 17 escaños en el Parlamento europeo y estar enfrentados a la dirección nacional. Teresa Rodríguez no tiene presencia pública, seguramente debido a su reciente maternidad, y el hasta ahora coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, lo ha dejado todo para volver a sus clases de latín. Esto es, renuncia a su escaño parlamentario y a la dirección de IU Andalucía dejando a la coalición Adelante Andalucía viuda de portavoz y visibilidad regional.
Con este panorama, parecía ajustado a las circunstancias que el gobierno del cambio decidiera dar agilidad y precisión a su estrategia de reforma general de la Junta de Andalucía y su funcionamiento, pero habrá que esperar todavía más. Se recuerda, pues, la prontitud socialista en dinamitar las acciones de gobiernos populares cuando llega al poder, como fue el caso del Plan Hidrológico o la Ley de Educación, eliminados de un plumazo por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a los pocos días de su toma de posesión.