El PP reprueba a la juez Núñez Bolaños y la considera autora de tres presuntos delitos

La representación legal del PP andaluz (PP-A) ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla reprobando a la titular del mismo, la magistrada María Núñez Bolaños, por la instrucción del caso de la Agencia IDEA. Es más, su comportamiento puede ser constitutivo de tres presuntos delitos: de desobediencia, de prevaricación judicial y de retardo malicioso en la administración de justicia".

La reprobación se debe a la desobediencia, perpetrada "consciente y deliberadamente", de las órdenes de la Audiencia Provincial de Sevilla durante la instrucción de la causa que investiga la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos de la Agencia IDEA a empresas.

Europa Press da cuenta de que el PP-A ha expuesto que la Audiencia Provincial de Sevilla en enero de 2018 estimó una petición del Ministerio Fiscal y ordenó que la instructora le remitiera el resultado de las diligencias de investigación que le fueron encomendadas a la Unidad de Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) algo "que fue negado" por la juez Núñez en un Auto del 12 de febrero de 2018.

Posteriormente, los recursos de la Fiscalía, exigiendo que se remitieran los informes requeridos de UCO e IGAE, fueron estimados "nuevamente" por la Audiencia Provincial, que, mediante una providencia del 23 de enero de 2019, pidió que se ordenase con carácter urgente a la IGAE y a la UCO que dieran a conocer sus informes, algo que se conoció el pasado mes de febrero.

Pero en ellos, la UCO afirma que "que no se ha llevado a cabo ningún tipo de análisis ni estudio sobre la misma" documentación, ya que se está "a la espera de la directriz judicial". La IGAE, por su parte, escribe que "no se ha recibido ninguna otra comunicación del juzgado" en ningún sentido, ni sobre la documentación ni sobre el objeto de su trabajo pericial ni sobre nada, por lo que no hizo informe alguno.

El PP, acusación particular, consideró maniobras "renuentes y dilatorias" las conductas de la juez y exigió de nuevo que se diera cumplimiento a lo ordenado por la Audiencia de Sevilla se remitiera a la UCO y a la IGAE "los expedientes y documentos necesarios para la práctica de las diligencias y la elaboración de informes que le fueron encomendados a cada uno".

Tras más de cuatro años sin que se haya adoptado medida alguna ni ordenado diligencias por la juez, el PP considera que ""desobedeció consciente y deliberadamente lo ordenado por segunda vez por la Audiencia Provincial de Sevilla" lo que supone "una auténtica y reiterada violación" del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la práctica de las pruebas pertinentes en derecho.

Con todo, para el PP-A estos hechos podrían ser constitutivos, además, de "un delito de desobediencia, de un delito de prevaricación judicial y de un delito de retardo malicioso en la administración de justicia".