La Junta despide al exministro Bernat Soria, su trabajador mejor pagado

Bernat Soria ha sido el patronato de la Fundación Pública Andaluza de Progreso y Salud el que decidió este jueves, tras comprobar que en efecto se ha cometido "alguna irregularidad al compaginar la actividad privada con su contrato público, que exigía claramente exclusividad", despedir al trabajador que más cobra de la Junta de Andalucía (150.000 euros) aproximadamente el doble que el presidente de la misma. Junto a él ha sido despedido Shom Shanker, otro investigador que cobraba lo mismo.

Por si fuera poco, a pesar de su prohibición expresa, tenía actividades en empresas privadas vinculadas a su familia y hay dudas acerca de si los resultados de sus investigaciones públicas eran usados en tales empresas privadas. Ha sido un informe de PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre la situación de Bernat Soria y Shom Shanker, perteneciente a la alta dirección en la Fundación Progreso y Salud de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el que ha conducido al despido.

Según dicho informe, es indudable que Bernat Soria, mientras estaba contratado por la Junta con exclusividad, tenía relaciones directas e indirectas con empresas privadas que tenían por objeto social la biología molecular y la medicina regenerativa, sus áreas de trabajo en la Junta. Es más, como ya informó Libertad Digital hace años, en una de las sociedades Soria aparece como administrador y su hija como apoderada.

El caso Bernat Soria es muy llamativo y fue denunciado ampliamente en las páginas de Libertad Digital desde 2008. Curiosamente, fue la propia Susana Díaz la que encargó una investigación sobre la situación profesional y salarial de Bernat Soria, pero lo hizo en el mes de enero de 2019, días después de perder las elecciones de diciembre de 2018.

Además del falseamiento de su currículo, denunciado por Libertad Digital y otros medios, de haber logrado que se colocase en la Junta de Andalucía a su mujer, Verónica Juan Quilis y de haber hecho y deshecho a su antojo en la Junta de Andalucía tras haber cesado como ministro, el caso de las cacas de los perros y el análisis de su ADN, resultado de la investigación de Libertad Digital, expone con toda claridad su sentido de "lo público".

El despido del otro investigador, Shom Shanker, se debe a su negligencia como jefe por haber permitido que un subordinado suyo no fuera a trabajar. De hecho, el subordinado fue despedido y a Shanker se le abrió expediente el año pasado, durante los últimos meses del gobierno de Susana Díaz. Shanker lideraba un grupo de investigación en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), en el Departamento de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, al que desde el principio estuvo ligado Bernat Soria.

El ADN, las cacas caninas y Bernat Soria

El análisis del ADN de las cacas de los perros —que fue desvelado en 2016— fue otro hilo de la gran tela de araña relacionada con el PSOE que se sigue tejiendo en Andalucía y otras partes de España. Un grupo de empresarios —con los que se entremezclan políticos socialistas, en este caso el exministro socialista de Salud, Bernat Soria Escom—, pretendía ofrecer un servicio de laboratorio.

Pero, en lugar de ser voluntario y optativo, ya que la ley no compromete a ello, trató de convertirse en forzoso y obligatorio gracias, inicialmente, a los gobiernos municipales que lanzan ordenanzas obligatorias y conminatorias bajo penas de multas y sanciones diversas.

Se trataba de sustituir en el tiempo el tradicional chip identificativo de los perros por el análisis del ADN canino como obligación forzosa para todo vecino que tenga un perro. El razonamiento, en principio, era simple. Un vecino tiene un perro que ensucia las calles, la mayoría de las veces de manera anónima e impune. Su limpieza cuesta dinero a la ciudad. Se justifica una sanción a quien no controle las defecaciones de su mascota.

Por ello, se impulsaba un nuevo procedimiento para la identificación de los canes y sus dueños mediante un nuevo método más moderno: la identificación por el ADN canino que permite saber de qué perro -y quién es su dueño- es la caca callejera.

Aunque es discutible la presencia de Bernat Soria en todo el entramado, siendo como era un empleado público de la Junta, lo que hizo saltar el escándalo fue que un Ayuntamiento socialista, el de Lebrija, instrumentó en agosto de 2015 una ordenanza municipal que obligaba a todos los propietarios de perros a que sometieran a sus mascotas al test de ADN canino al menos en los dos centros veterinarios de la ciudad.

El caso salió a la luz tras las protestas llevadas a cabo en Lebrija. En la localidad sevillana se movilizaron más de 4.000 personas en contra de una ordenanza impuesta por la alcaldesa de Lebrija y luego senadora por el PSOE, María José Fernández, implicada además en el fraude de las subvenciones no justificadas en el caso de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y acusada por los dos principales imputados.

Posteriormente, el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, además de lamentar que la ordenanza no suponía ningún beneficio para el bienestar animal, expresaba varias dudas jurídicas porque para que los hechos denunciados gozasen de la necesaria presunción de veracidad, "habrán de estar ejecutados o al menos tutelados por personal revestido de autoridad. Este caso requiere de la participación de personal funcionario o estatutario que ostente la condición de autoridad en todo el proceso".

El entresijo del PSOE andaluz

Naturalmente, las pruebas de ADN las tiene que efectuar una empresa, un laboratorio externo, ADN perros, dijo el Ayuntamiento en sus textos oficiales, por un precio de 26 euros por can. El análisis de las cacas se cobraba aparte. ADN perros era la proyección en la red del laboratorio andaluz NBT (Newbiothecnic, SA), que se presentaba a sí mismo como un referente europeo para la identificación por ADN. Es más, se propagaba como "único laboratorio europeo acreditado oficialmente para la identificación canina por ADN de sangre, hisopo y heces".

¿Y qué era Newbiotechnic, SA.? Pues es el nombre societario de un laboratorio de biotecnología que decía estar a la vanguardia en cuanto a gestión de libros genealógicos siendo el laboratorio de referencia para asociaciones de gran calado tanto en el mundo canino como en el equino. ¿Y quiénes son los que componen el accionariado del laboratorio? Pues un amplio abanico de personas y entidades bastantes de ellas relacionadas con el PSOE andaluz.

Naturalmente, el más llamativo era el nombre del ex ministro de Salud del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Bernat Soria Escom, que aparecía en la empresa Andalucell, SL. Junto a él aparecían Javier María de León Pérez y José Antonio Mateos Fernández. Este último ya trabajó en la misma entidad que Bernat Soria en la Junta de Andalucía, Cabimer, en calidad de gerente. Andalucell, SL es la empresa que está detrás de muchas otras interpuestas.

En M2M Marketplace SL se encuentra a Pablo Adanero González, cuya empresa Dinamic Area se relaciona con la red Innova 24H promovida por la Junta de Andalucía, Félix Jiménez Navarro y a Ismael Santiago Moreno, vinculado a la que fuera la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía.

Pero en las demás sociedades relacionadas con Newbiotechnic, SA., ya mencionadas más arriba, y a vuela pluma, aparecen la Corporación Empresarial Cajasol, ya desaparecida pero vinculada mayoritariamente al PSOE andaluz; el grupo Morera y Vallejo, propietario de El Correo de Andalucía, el tradicional diario socialista de Sevilla desde su compra por el PSOE hace años; José María Sayago Lozano, uno de los imputados socialistas en el caso ERE en la pieza vinculada con la Sierra Norte de Sevilla. De ser concejal de El Pedroso pasó a ser un empresario muy adinerado en compañía de José Enrique Rosendo, que era el hijo del alcalde socialista de la localidad.

Bernat Soria y la Junta

La Junta de Andalucía en sus alegaciones para justificar sus nombramientos afirmó que todos los puestos se sometían a los principios de mérito, publicidad y concurrencia, salvo dos. Precisamente, los referidos a Bernat Soria y su esposa, Verónica Juan Quilis. Y lo justificaba de este modo: "todos los directivos contratados en dicho periodo fueron contratados mediante procedimientos que garantizan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad... Las únicas excepciones son las siguientes: la directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz (BVSSPA), a cargo de la esposa de Bernat Soria, y el director del Científico de CABIMER, cargo de Bernat Soria.

En el primer caso, la Junta dijo que en realidad no era un contrato sino una subrogación de contrato heredado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. En el segundo caso, reconoce abiertamente que fue seleccionado sin mediar concurso. Bernat Soria dirigió el Centro Cabimer antes de que Zapatero lo nombrara ministro. Tras su cese, fue requerido de nuevo por la propia Consejería de Salud en el Centro Andaluz de Biología Molecular de Sevilla y finalmente por la Fundación Progreso y Salud.