Las auditorías revelan la existencia de 9.000 empleados "intrusos" en la administración andaluza

Años después de las informaciones de Libertad Digital, dos días después de las elecciones y el mismo día en que Juan Manuel Moreno ordenaba el nombramiento de Enric Millo, exmiembro de Convergencia de Cataluña y exdelegado del gobierno del PP en Cataluña como "secretario general de acción exterior" de Andalucía, el nuevo gobierno andaluz daba a conocer algunos elementos de sus ya famosas auditorías sobre entidades públicas creadas por el PSOE. Lo más llamativo de ello es que por cada funcionario presente en ellas hay 19 empleados que fueron contratados sin atenerse a las condiciones de la función pública.

Tras haber decidido no hacer públicos los datos antes de las elecciones del pasado domingo para no influir en los resultados electorales, este martes la Junta denunció que había detectado "duplicidades" de tareas entre varios de los entes auditados y acordaba "iniciar la liquidación de siete nuevos entes que se encuentran con actividad mínima desde hace varios ejercicios". Antes de proceder, decidía encargar un informe específico sobre cada uno de ellos a las consejerías correspondientes para tomar una decisión sobre su "extinción o disolución".

Las auditorías fueron practicadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre doce agencias públicas empresariales y ya se ha puesto en marcha la extinción de 82 consorcios y la disolución del Consorcio Guadalquivir, entre otros.

Los doce entes instrumentales analizados empleaban a 9.461 personas de las que "sólo hay 498 funcionarios", un cinco por ciento, y se ha constatado que no se ha delimitado bien "el ámbito de actuación de las competencias" de estos entes, de forma que "se duplican esfuerzos y malgastan recursos".

La Junta concluyó este martes que el Gobierno socialista ha gestionado el dinero público como si no lo fuera "y sin mirar por el bolsillo de las familias andaluzas", de forma que "la gestión consistía en intentar recaudar más para gastar más", en "engordar más la administración autonómica y colocar a más gente".

Pero lo más curioso es que la propia Junta ha adelantado que, a pesar de haberse comprobado la contratación impropia de miles de personas en su mayoría afines al PSOE, se ha descartado todo tipo de despidos por "razones ideológicas" confirmando lo rentable que es para los beneficiados haber sido colocados de manera irregular y lo perjudicial que es para quienes podrían haber optado legalmente a estos puestos.

Es decir, se desprende de lo informado por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que, aunque se eliminen los entes innecesarios, se extingan, fusiones, de reduzca, se liquiden o lo que sea, el personal en estos entes va a seguir formando parte de la Junta de Andalucía sin solución de continuidad.

Indignación en el sindicato de funcionarios por el "intrusismo"

Según el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha quedado más que claro que las 27.300 personas que integran la Administración Paralela -y en concreto los 9.000 "empleados públicos" que pertenecen a estas 12 agencias- han accedido a la administración andaluza sin ningún proceso reglado de selección y sin la observancia de los consabidos principios de Igualdad, Mérito, Capacidad y Publicidad. Esto es, entraron a dedo.

Sonroja saber, añade, que

de 9.461 personas en estos Entes, sólo 498 son personal funcionario (468 pertenecientes a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia) y sólo 30 funcionarios para el resto de las otras 11 Agencias auditadas. Y todo ello para gestionar 2.411 millones de euros de presupuesto. Sin olvidar que estos datos corresponden al 34% de la Administración Paralela... y por tanto queda por auditar el 66 %.

Es más, hay 25.000 plazas de funcionarios sin ocupar por falta de dinero, pero hay 27.300 contratados en la llamada "administración paralela", lo que "deja bien a las claras cuál ha sido la componenda del anterior gobierno: sustituir unos por otros.

Ahora resulta que dado que las potestades públicas están reservadas a personal funcionario el personal "paralelo" o no hace nada estando "mano sobre mano" como dijo el propio gobierno de Susana Díaz o están usurpando potestades públicas reservadas a funcionarios lo que implicará en el futuro actos nulos.

Añade el SAF que "lo que no nos parece de recibo es que el personal que los integra y que ha entrado en la administración por la puerta de atrás –la inmensa mayoría con contratos de Alta Dirección: por ejemplo, el 64% en la Agencia Pública de Educación– sean mantenidos en el seno de la Junta de Andalucía en perjuicio de tantas personas que se afanan por sacar un puesto por oposición. ¿Qué funciones se pretenden para estos Altos Directivos?

Según el SAF, no se trata, como parece adelantar el nuevo gobierno, de idear un nuevo ente o entes de "acogida" para a estos 27.340 privilegiados. De lo que se trata es de derogar una Ley de Ordenación que nació de la voluntad que ahora se ha demostrado: recaudar más para alimentar y engordar el aparato administrativo y político de una administración más que cuestionada por la Cámara de Cuentas, la Intervención General y la propia ciudadanía".

Aún el examen de la RTVA

Bendodo dejó entrever que el estudio de los entes dejados por el PSOE no ha terminado y que el Gobierno del PP-A y Cs tiene "la obligación y necesidad de tener el más profundo conocimiento" sobre "dónde estamos aterrizando", y por eso "no se descarta que haya más informes, tanto del ámbito público como privado, sobre la actividad de estos entes durante estos 37 años" de gobiernos socialistas, y ha apuntado que los informes encargados "nos van a ayudar para tomar decisiones más pronto que tarde".

Queda por conocer, además, el informe que sobre la Radio Televisión Andaluza está realizando la Cámara de Cuentas, si bien desde el principio de su fundación la entidad de control denunció sus procedimientos de contratación y su gasto del dinero público.

Curiosamente, será el grupo de trabajo de Evaluación de las Entidades Instrumentales, liderado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, cuyo titular es Juan Marín, el que tomará las medidas oportunas.

Bendodo añadió que las agencias públicas empresariales deben "dar entrada a la sociedad civil en sus órganos de gestión", porque, hasta ahora, "todos los entes de la administración paralela eran internos" y quienes integraban sus consejos de administración eran "políticos de la Junta". Según ha valorado, el nuevo Ejecutivo apuesta por "una apertura" y ya ha dado entrada a los empresarios en el consejo de la agencia Extenda.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Industria y Minas, Juan Bravo, afirmó que sólo en dos casos de los doce analizados –la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)– está justificado que sean agencias públicas empresariales, aunque pueden ser mejoradas.

Bravo afirmó que las agencias públicas empresariales no son el medio más idóneo para el cumplimiento de los fines públicos porque no aprecia evidencias de que la fórmula jurídica de agencia pública empresarial logre sus objetivos de una manera más eficaz que la propia Administración de la Junta.

Las entidades que han sido objeto de la auditoría por parte de la Intervención General son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).

Ahora, las 585 páginas del informe auditor se encuentran en fase de alegaciones por parte de las agencias estudiadas.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha apoyado públicamente la realización de estas auditorías a agencias públicas y ha deseado que se amplíe su alcance y no se queden en un "brindis al sol" porque PP y Ciudadanos (Cs) consideren que "con las mieles del gobierno es más rentable la falta de transparencia".

Maíllo ha expresado su exigencia de que estas auditorías no se queden en una "literatura vacua" limitada a "diagnósticos sin chicha ni sustancia" que sólo persigan "cumplir el expediente para dar carpetazo a una cuestión que debe tener más recorrido". En este sentido, ha asegurado que quiere conocer los "criterios de selección" que ha empleado la Junta para elegir a las doce agencias públicas sometidas a auditoría y si va a ampliar su alcance.