La "gente de paz" del 1-O admite que opuso resistencia al mandato judicial de Policía y Guardia Civil

Día del votante independentista en el Tribunal Supremo. Las buenas gentes del 1-O se personan en el juicio por el golpe de Estado separatista, ciudadanos de todo tipo y condición, hombres y mujeres de mediana edad y también mayores, un abogado de Lérida que se presentó en su centro electoral con la toga para parlamentar con la Policía Nacional, otro señor que dice que le apalearon y sólo quería votar, un par de mujeres que relatan un festival de porrazos, otro que vio como les abrían la cabeza a carniceros, pasteleros y pescadores en San Carlos de la Rápita. Cuenta que la Guardia Civil pegaba primero en las partes bajas, no aclara si pudendas, de los manifestantes y que cuando estos se agachaban les aporreaban en la cabeza, lo que dice que generaba un sonido que se distinguía perfectamente en el fragor de la refriega. Pena que ningún fiscal o letrado de la acusación le pida que profundice en las características sonoras del evento.

La mayoría de estos anónimos ciudadanos refieren que llegaron a los centros de votación mucho antes de que abrieran porque estaban francamente emocionados con esa cita con las urnas, que se encontraron las mismas dentro de los colegios o que si las vieron llegar no sabían quién las traía. Algunos también participaron en el simulacro de recuento, pero no saben qué pasó con las urnas (las copias, encargadas posteriormente a la misma empresa china en lotes de quinientas unidades como mínimo, se vendían en internet a los fans del proceso y la república por unos 120 euros). Todos estos testigos coinciden también en que las parejas de mossos se mantuvieron en todo momento a prudente distancia de los truculentos episodios.

Diferencias de trato

Fiscalía, abogacía del Estado y la acusación popular de Vox tratan con suma corrección a estas personas, renuncian a hurgar en sus contradicciones y exageraciones. Una señora declara que en su colegio, la Nostra llar (Nuestra casa) de Sabadell, los agentes no se llevaron ni urnas ni material electoral sino material didáctico, juguetes y disfraces.

Además de al pillaje, los policías se habrían dedicado a arrasar contra todo lo que se les ponía por delante, fuera carne, cristal o aglomerado. Otra señora que estaba de inopinada vocal de una mesa en el colegio Pau Claris de Barcelona, donde actuó la célebre Marta Dedos Rotos, asegura que el policía que la amenazaba no llevaba una porra en la mano, sino una cadena y que otros agentes destrozaron el mobiliario a golpes de maza. Un infierno del que por fortuna salió indemne.

Los "más de mil heridos"

De hecho, otro testigo, David Elvira, exdirector del Servicio Catalán de la Salud, llega a admitir que de las 1.066 personas atendidas, sólo cinco podían considerarse graves y que esa cifra mítica del separatismo incluía también a nueve agentes de Policía Nacional y Guardia Civil más un mosso. A preguntas de la fiscalía afirma desconocer si se negó la atención a otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tal como se denunció en su día, y admite que otros agentes pudieron ser atendidos al margen del circuito sanitario público.

Elvira también concede que el cómputo incluye a personas que se presentaron ante los servicios médicos hasta el 4 de octubre, tal como consta en el documento oficial de la Generalidad. Nadie le pregunta si entre los ciudadanos que requirieron atención médica en esos días posteriores a la votación había quienes manifestaban crisis de ansiedad por la contemplación de la actuación policial que TV3 emitía en bucle. Los hubo. También hubo falsas denuncias de agresiones sexuales de policía contra manifestantes alentadas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La versión de los alcaldes

Además de a ciudadanos que aseguran no conocer de nada a los acusados, la defensa también llama a testificar a alcaldes y diputados de ERC. A los más entusiastas, como el primer edil de San Julián de Ramis, donde debía votar Puigdemont, el juez Marchena tiene que llamarles la atención. Discurría Marc Puigtió, de ERC, sobre las aviesas intenciones de un helicóptero que sobrevolaba el escenario cuando a Marchena se le acabó la paciencia.

El joven alcalde de Fonollosa (Barcelona), Eloi Hernández, supera el trámite sin que el magistrado le tenga que llamar la atención. La abogada del Estado, Rosa María Seoane, le arranca la "confesión" de que cuando la Guardia Civil preguntó en la plaza del pueblo si había algún "responsable", el alcalde guardó silencio. Que le habían "aprisionado" contra la fachada de la Casa de Cultura lo dijo, en cambio, muchas veces. La acusación popular renuncia a preguntarle si el ayuntamiento prestó instalaciones o albergó material electoral. Un juez de la provincia de Barcelona ya le ha absuelto por desobediencia.

También declara el diputado de ERC Jordi Salvador, el del supuesto escupitajo a Borrell en el hemiciclo del Congreso. Lo mismo, la apoteosis del pacifismo, gritos de "som gent de pau" y "votarem" mientras los agentes repartían cera sin advertir previamente de que pretendían llevar a cabo el cumplimiento de una orden judicial. Algunos testigos del pueblo llano admiten que el propósito de los concentrados era no dejar pasar a los agentes y todos se aferran a su derecho a votar.

Marchena contra la abogada del Estado

La paranoticia de la sesión es la propensión de Marchena a utilizar a la abogado del Estado como saco de boxeo. No le pasa ni una. Cuando Seoane intentaba acorralar a un teniente de alcalde de Sabadell muy subidito, Marchena ha interrumpido el interrogatorio para alegar que dada la hora -faltarían diez minutos para la pausa habitual de las doce- y el sesgo del interrogatorio -en qué puerta en concreto se situaba el ubicuo concejal-, más valía que lo dejara estar, toda vez que las preguntas le parecían de una intrascendencia supina.

No deja de recordar el juez siempre que puede que hay testimonios que no afectan en lo más mínimo a la sala y el de Julià Fernández, de ERC, es uno de ellos. Seoane aguanta el chaparrón como puede y cede los trastos a su compañera Elena Sáenz. Hasta la tarde no volverá a intervenir y aún recibirá otra andanada de Marchena cuando pregunta a una ciudadana si conocía que el referéndum había sido prohibido por el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El fiscal Moreno se sobrepone a Marchena

Planea sobre la sala la ausencia de Edmundo Bal, el jefe de la Abogacía del Estado cesado por el Gobierno al negarse a rebajar los cargos a los encausados y ahora diputado de Ciudadanos. Seoane cogió el caso al vuelo y se le escapan detalles, si bien se empeña en mostrarse dura, más incluso que los fiscales. Al respecto, el fiscal Jaime Moreno es el único en sobreponerle la palabra a Marchena cuando el juez le reconviene o corrige. Moreno no está para lecciones y retira o cambia la pregunta antes de que Marchena entre en más consideraciones.

Los dos últimos testigos son el secretario general del Sindicat Autònom de Policía, el mosso Pere García, y Sergi Pla, comisario jefe de la región policial central de los mossos, citados ambos por Javier Melero, el abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, que pide un cambio en el orden de las deposiciones. Prefiere que el sindicalista declare primero. El mando de los Mossos no tiene inconveniente. Se quedará sin declarar. El juez, como acostumbra, le pedirá disculpas al término de la testifical, ya el próximo lunes, por la dilación y cambio de hora o fecha. Pere García se queja de las muchas horas extras, de que no hay manera de conciliar la vida laboral y la familiar y de que nadie defiende el crédito mediático de los Mossos. Con su testimonio da por acabada la sesión Marchena.

El juicio a los golpistas ha entrado en fase de calma ecuatorial. Las defensas contraponen "gente de paz" con cargos públicos que pretenden aprovechar el Supremo para hacer campaña, lo que afecta a la tesis de que aquello no sólo fue cívico, pacífico y familiar (este último adjetivo casi es novedad), sino pura serendipia, una fiesta espontánea de la democracia echada a perder por la policía.

Como sería de familiar la cosa que un concejal de San Carlos de la Rápita dice que los niños perdidos porque sus padres estaban presuntamente acorralados por la Benemérita fueron acogidos en el bar del vermut. Todo el mundo tiene su 1-O. Un par de testigos que dicen haber estado en manifestaciones "preconstitucionales" aseguran que no habían visto cosa igual en materia de uniformidad, contundencia y marcialidad de las fuerzas policiales. Eso y el inconfundible sonido de las porras triturando cráneos que apunta Joan Pau, un vecino de San Carlos de la Rápita.