El juez Marchena tiene un límite y los testigos de las defensas hunden a los acusados

El juez Manuel Marchena tiene un límite. Es hombre cordial, moderado, afable, pedagógico y muy simpático, pero tiende a no permitir que le tomen el pelo o se le suban a las barbas. Cosas de magistrados. Sofocones al margen, está dando un recital jurídico, una clase magistral continuada de técnicas procesales y procedimentales. Las sesiones deberían ser de obligado visionado para estudiantes y letrados novatos. Impecable desempeño que topa con la bisoñez de algunos abogados y con la afectación de sus testigos. Es muy discutible que a las defensas les convengan deposiciones como las de David Fernández, exdiputado de la CUP e introductor de Otegi en Cataluña, o de Gerardo Pisarello, teniente de alcalde de Barcelona.

Para Fernández, el juicio es una oportunidad de recuperar el protagonismo perdido, un escaparate para dejar la fracesita contra Vox y blasonar de tremendo luchador "antifascista". Algo parecido ha ocurrido con otros testigos. Ese Gerardo Pisarello, segundo de Colau y segundo al Congreso por los podemitas catalanes teorizando sobre el derecho de autodeterminación y remontándose a la época de Azaña tampoco ayuda a la causa. Marchena se ha puesto las botas con su intervención. Venía caliente el juez por los testimonios de los catedráticos de Constitucional que escribieron el Libro Blanco de la "transición nacional", una especie de manual para desenchufar Cataluña del resto de España al amparo de dislocadas interpretaciones de la Constitución.

Insulto al tribunal

La intervención de Enoch Albertí, que fuera miembro del Consejo para la Transición Nacional, uno de los chiringuitos fundacionales del proceso, propicia la enésima lección de Marchena en la accidentada sesión. Las preguntas del abogado Benet Salellas, exdiputado de la CUP y defensor de Jordi Cuixart, dan pie a que Albertí teorice sobre el encaje de un referéndum de autodeterminación en el sistema español. Marchena, que ya había amonestado a Andreu Van den Eynde (letrado de Junqueras y Romeva) por no saber conducir un interrogatorio, estalla: "Esto es un insulto para los miembros del Tribunal. La sala no puede escuchar lecciones de derecho constitucional" arguye el juez. Salellas balbucea que quiere dejar constancia de que no era su intención insultar al tribunal.

Testigos protegidos

Marchena protege a los testigos de la defensa con más celo que a los de las acusaciones que depusieron las semanas previas. No permite que los fiscales atornillen a los declarantes ni que se salgan del marco fijado por los letrados proponentes. Aún así, la mayoría muestra el síndrome del testigo locuaz, demasiado locuaz.

El objetivo de la defensa es establecer que en vez de un clima insurreccional alentado por sus patrocinados, lo que ocurrió en Cataluña fue una fiesta. De los testimonios de los diputados y senadores de ERC, así como de los funcionarios llamados hasta el momento se deduce exactamente, pero la versión tiene grietas.

Los Mossos y Junqueras

Comparece la alcaldesa de San Vicente de los Huertos, la localidad de residencia de Oriol Junqueras, su feudo. Teresa Aymerich cuenta que acompañó a Junqueras a votar el 1-O, que no lo pudo hacer en su colegio habitual porque estaba rodeado por los Mossos. ¿Cómo? ¿Que los Mossos impidieron a Junqueras votar? Novedad absoluta. Un colegio en la provincia de Barcelona cercado por los Mossos, el centro electoral del entonces vicepresidente del Govern nada menos.

Cuenta Aymerich que dada la situación se fueron a otro colegio a votar. También esboza el programa de Junts per Sant Vicenç dels Horts, la marca de ERC en el municipio, pero Marchena vuelve a levantar el banderín de juez de línea. Fuera de juego de manual. No hay testigo que no incurra en el "offside", tal es su interés por contribuir a la causa de canonización de los acusados, en especial Junqueras y Romeva, del que varios testigos glosan su año de becario de la Unesco en Sarajevo. Cuando todavía había francotiradores, abunda un testigo.

Fresco social del "proceso"

Variado fresco de la crema social del proceso separatista. Profesores que representaban a las cajas de ahorros en el Diplocat (el ariete internacional), activistas de fundaciones al servicio de la causa también sufragadas por la Generalidad, diputados y senadores de ERC, la secretaria de Junqueras y su director de gabinete, Lluís Juncà, que afirma que el 20 de septiembre, cuando miles de personas se agolpaban a las puertas de la consejería de Economía, su jefe se fue a comer con el obispo. Se supone que se refiere al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien asegura hasta cuando no se lo preguntan que intentó mediar entre la Generalidad y el Gobierno.

Omella hubiera testificado de buena gana a favor de los golpistas, pero no ha sido citado. Su deposición hubiera encajado perfecta entre las de Urkullu y Rufián.

Víctimas políticas

La sesión deja un reguero de víctimas políticas. Pisarello ha quedado retratado. También el antecitado David Fernández. Caso curioso el del exdiputado cupero amigo de Mas. El hombre relata su participación en el 1-O. No se le vio en primera línea en ninguno de los colegios donde actuaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dice que estuvo toda la noche y el día de autos en un centro en el barrio barcelonés del Clot donde ejerció de portavoz de los concentrados frente al típico binomio de los Mossos.

Relato grandilocuente sobre la desobediencia: "2,3 millones de personas desobedecimos; si la autodeterminación es delito, me declaro culpable y reincidente", afirma grave Fernández. El presidente de la Generalidad, Quim Torra, se suma en Twitter a la tesis.

Propósito de reincidencia

Los entornos de los acusados dan el juicio por perdido y anuncian sin ambages el propósito de reincidencia. La acumulación de testimonios sobre el supuesto carácter pacífico, familiar, cívico y chiripitifláutico del la revuelta de las sonrisas choca con las clases de Pisarello y las proclamas de Fernández, que curiosamente se aviene a contestar al abogado de Vox y propicia otro momento de gloria de Marchena.

El exdiputado regional de la CUP requiere al tribunal sobre las consecuencias de negarse a contestar a la acusación popular y el presidente de la sala replica que su función no es la de asesorar jurídicamente a los testigos. Fernández aduce que no quiere que su testimonio quede invalidado por negarse a contestar a un letrado de Vox y suelta otra frasecita sobre la urgencia de combatir el fascismo, si bien se aviene a responder.

La cuestión es si hubo miembros de Arran y la izquierda abertzale en la organización de los comités de defensa del referéndum, luego de la república, los CDR. Por "imperativo legal" responde que de los primeros sí, pero que de los segundos no. Sus compañeros Antonio Baños y Eulàlia Reguant se negaron a contestar a Vox. David Fernández, en cambio, debió pensar que sus palabras son fundamentales no sólo para la defensa de los presos sino para la historia de Cataluña. El final de la sesión deja una áspera respuesta del fiscal Jaime Moreno al juez Marchena por no dejarle presionar a una exdiputada del Parlament afecta a ERC, Teresa Vallverdú, que cierra la jornada.