Este martes, Juan Manuel Moreno y Juan Marín, los gobernantes máximos de la nueva Junta de Andalucía que nació tras las elecciones de 2018, celebraron por todo lo alto los 100 primeros días de su llegada al gobierno. En plena campaña electoral nacional y a un mes de las autonómicas y municipales, decidieron silenciar el resultado de las auditorías efectuadas sobre numerosos entes "paralelos" de la Junta de Susana Díaz "para no influir" en el resultado de las elecciones generales del próximo domingo.
Cuando los máximos líderes nacionales de ambos partidos, PP y Ciudadanos, se desgañitan diariamente señalando el momento histórico trascendental que tienen estas elecciones tienen para la historia de España y para España como nación, Moreno y Marín deciden ocultar a la opinión pública, no sólo andaluza sino a toda la opinión española, el resultado de las famosas auditorías anunciando, eso sí, que en ellas parece haber actuaciones que rozan "alguna situación de ilegalidad".
Sabido es que una buena información es decisiva para que la elección de los gobernantes sea racional y fundamentada. Y sabido es, asimismo, que algunos partidos no se esmeran en respetar las reglas de ningún juego ni político ni moral. Recuérdese al PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero utilizando electoralmente a su favor el atentado del 11-M de 2004 con 200 muertos aún calientes.
Por ello, resulta poco explicable que los mismos partidos, PP andaluz y Ciudadanos, que no han tenido ningún reparo en revelar datos espeluznantes sobre listas de espera, sobre personas que murieron sin recibir ayudas por su dependencia, sobre los dineros condicionados cuando no dilapidados por la Junta en multas, facturas pendientes, sentencias, subvenciones sin justificar y partidas sin ejecutar, muestren ahora remilgos por dar a conocer los resultados de las auditorías encargadas y prometidas.
Las auditorías se vuelven a aplazar
Fue Juan Marín, el vicepresidente y superconsejero de la Junta por Ciudadanos el que anunció que no se iba a dar a conocer el "informe definitivo" sobre las auditorías a agencias públicas de la Junta de Susana Díaz. De hecho, concretó que sus resultados se harán públicos "cuando pasen las elecciones" generales del 28 de abril para "no influir" en la decisión que tomen los andaluces sobre el sentido del voto.
Recuérdese con Europa Press que el nuevo Consejo de Gobierno acordó el pasado 26 de enero encargar a la Intervención General de la Junta que incluyese en el Plan de Control Financiero de 2019 una auditoría para comprobar la correcta distribución de competencias entre las consejerías y las agencias, la vigencia de los objetivos que en su día justificaron la creación de estas entidades y si constituyen el medio más idóneo para lograr sus fines.
El objetivo primero eran doce agencias públicas empresariales consideradas prioritarias y se dio un plazo de 45 días para dar a conocer sus resultados. Han pasado 100 días y aún se aplaza más la publicación de las conclusiones para no interferir en las elecciones generales.
Las agencias auditadas han sido la de Cooperación Internacional (Aacid), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta (Aopja), la Agencia Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), la Agencia Pública de Puertos (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (Assda), la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc).
Tampoco se sabe nada del informe que la Cámara de Cuentas, un organismo con los partidos políticos en su seno, debía elaborar sobre la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía y la sociedad mercantil Canal Sur Radio y Televisión S.A. para conocer la eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio público de radio y televisión.
Moreno insinúa ilegalidades, pero no las desvela
Aunque se negó a revelar los datos, el nuevo gobierno de la Junta insinuó que se han encontrado situaciones que rozan "la ilegalidad". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo este martes de que han encontrado, al llegar al Gobierno andaluz, circunstancias que "podrían rozar alguna situación de ilegalidad". De confirmarse, anunció que lo denunciará para saber "quién ha sido el responsable y que se devuelva el dinero si hay menoscabo de fondos públicos".
Hasta ahora las cuentas andaluzas albergan 26.953 millones de euros sin ejecutar en los últimos diez años, casi 3.000 millones en subvenciones sin justificar, 4.665 millones de dinero pendiente de cobro que la Junta no ha reclamado a sus acreedores, o 762 millones perdidos en condenas judiciales.
Además, la herencia recibida en asuntos sociales arroja datos como "500.000 andaluces ocultados por el PSOE-A en las listas de espera sanitarias y a 34.000 personas más a la espera de una ayuda de dependencia", bastantes de las cuales fallecieron antes de acceder a las ayudas debidas.
Moreno dijo que siguen evaluando la situación contable y económica de la Junta y afirmó que "hay muchas situaciones que podrían rozar alguna ilegalidad". Añadió si detectan alguna situación ilegal, "a lo largo de las próximas semanas seremos los primeros en denunciarlo públicamente y también en trasladarlo a órganos competentes en materia judicial para que se investigue y si ha habido un menos cabo de fondos públicos, sepamos quién ha sido el responsable y que se devuelva".
Aunque destacó que, por ahora, no tienen constancia de que haya asuntos dignos de tratamiento judicial, no descartó "que lo haya" en el futuro inmediato.
Límite de mandatos, educación e inmigración
A pesar de las consideraciones del Consejo Consultivo de Andalucía, que ve inviable la limitación de mandatos sin un cambio en el Estatuto de Autonomía, el gobierno de PP y Ciudadanos anunció ayer la decisión de limitar los mandatos de presidente de la Junta y consejeros a un máximo de ocho años. Es más, Juan Marín no ve problemas ni constitucionales ni estatutarios recordando que otras comunidades ya lo han hecho.
De las últimas medidas que quedaban por poner en marcha de las 21 anunciadas, ayer se anunció la puesta en marcha de un plan para mejorar la coordinación de las políticas migratorias y la tramitación del anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado.
En este último punto, la Junta impulsa que los profesores tengan potestad pública y autonómica para tomar las decisiones necesarias que permitan un clima adecuado que favorezca el estudio y el aprendizaje tanto dentro de las clases como en las actividades complementarias y extraescolares. Por ello, destaca ABC, los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad.
También se incluyen en esta ley los actos contrarios a la integridad física y moral del profesorado cuando se produzcan en el ejercicio de su función docente. Los alumnos estarán obligados a reparar los daños y hacerse cargo de los costes que causen de forma intencionada en las instalaciones escolares.
Respecto a la coordinación de las políticas migratorias, se quiere mejorar la coordinación con el gobierno de España y la renovación de la normativa sobre las competencias del Gobierno andaluz en esta materia que dialogaría sistemáticamente con agentes y organizaciones sociales y expertos.