Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González, a juicio oral por una pieza del caso Invercaria

El juez que instruye el caso Invercaria ha dictado un auto que sentará en el banquillo al sobrino de Felipe González, Juan María González Mejías, y otros tres ex altos cargos de la sociedad de capital riesgo de la Junta a los que acusa de haber detraído fondos públicos para su enriquecimiento personal.

En su auto del 29 de marzo, el magistrado entiende que cuatro investigados -el expresidente y exconsejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el exdirector financiero Antonio Nieto Garrido y dos exdirectores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías- podrían haber participado en un presunto delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal, según informa El Mundo.

El juez considera que "existen indicios racionales de la concurrencia y presupuestos, al menos indiciariamente", de ambos delitos, y centrándose en el delito de malversación precisa que "existen indicios racionales claros" del mismo "al existir disposiciones de fondos públicos a los que tenían acceso" los cuatro investigados en su relación laboral con Invercaria, "prevaliéndose de las facultades que ostentaban en los cargos que ocupaban para así realizar actos indebidos ilícitos y antijurídicos en detrimento del patrimonio público y en orden a obtener un lucro ilícito e indebido".

De esta manera, explica en el auto que esta pieza separada procede del ramo principal y se abrió "por las actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos en dicha entidad, actuaciones que supusieron" la "disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados".

De este modo, señala que, como consejero delegado de Invercaria, Pérez-Sauquillo "asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo", de forma que "decidía qué personas eran contratadas para trabajar en la entidad Invercaria, así como los sueldos".

Según indica el instructor, tanto Pérez Suquillo como los demás investigados, adoptaron o aceptaron decisiones que significaban beneficios económicos, bajo la forma de subidas de sueldos o ayudas, préstamos o condonaciones de los mismos por parte de la entidad pública.

El propio Pérez-Sauquillo, en los años 2007 a 2009, decidió incrementar las retribuciones que iba a percibir personalmente de Invercaria y ello con el único propósito de enriquecerse a costa de los fondos de Invercaria" y "sin que existiera causa justificada" de dichas subidas salariales.

Nieto Garrido suscribió un contrato de trabajo en abril de 2006 por tiempo indefinido con Invercaria siendo retribuido desde 2007 a 2010 con un salario muy superior al contratado sin causa legal justificada, y "sin que existiera otra causa de esas subidas salariales que el propósito de ambos de obtención de lucro" en perjuicio de Invercaria.

Sobre Cristóbal Cantos, que fue el denunciante del caso Invercaria, el juez aduce para su procesamiento que, tras ser contratado indefinidamente por Invercaria como director de Promoción en su centro de Sevilla, fue beneficiado con un préstamo personal de 30.000 euros que, cuando fue despedido tras sus denuncias, aún no había devuelto en su totalidad porque le fue condonada ilegalmente por los responsables de Invercaria, ilegalidad de la que fue consciente.

El trabajador fantasma

En julio de 2005, González Mejías suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria para desempeñar el cargo de director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla y "se subrogó en el préstamo personal que la agencia IDEA le había hecho durante el tiempo que desarrolló su trabajo para la referida agencia".

Esto es, el sobrino de Felipe González pasó a deber 17.468,75 euros "en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador de Invercaria".

Luego, González Mejías fue nombrado consejero delegado de Invercaria en 2010 y, al día siguiente, "concertó con Invercaria la concesión de un préstamo personal de 30.000 euros a devolver en 60 meses mediante detracciones de las retribuciones que fuera percibiendo como trabajador", pero a la fecha del cese de la relación laboral "tenía pendiente de devolver 29.000 euros" que "no devolvió" en ese momento "con el consentimiento" del director financiero. Finalmente, el investigado repuso dicha cantidad en marzo de 2012.

Lo curioso es que el juez instructor rechazó archivar la causa contra Juan María González porque el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional subrayara que debía ser considerado "como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que, constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva" en Invercaria.

En un informe sobre el pago de indemnizaciones y finiquitos recibido por 13 personas tras la extinción de su relación laboral en Invercaria, entre ellas las de González, la policía concluyó que González debía ser considerado un trabajador fantasma de Invercaria porque desde 2005 a 2007 tuvo el mismo contrato que otro trabajador, Cristóbal Cantos, que ya desempeñaba las funciones de director de promoción de Invercaria en Sevilla. O sea, estuvo en Invercaria sólo como un fantasma.