Con unos presupuestos prorrogados y sin la mayoría parlamentaria con la que arrancaba la legislatura, el presidente catalán, Quim Torra, ha decidido poner un parche a la situación de asfixia financiera que sufre Cataluña recurriendo a la aprobación de un decreto ley que prevé un suplemento de crédito de unos 814 millones de euros para hacer frente a las necesidades más urgentes: pagar las nóminas de los funcionarios hasta final de año, devolver la parte pendiente –el 30%– de la paga extra de 2013 y sufragar el incremento de personal docente y sanitario.
Más de 800 millones de euros que saldrán, en su totalidad, de las arcas del Estado. En concreto, 241 millones de euros que se han solicitado directamente al llamado Fondo de Facilidad Financiera, mecanismo cuyo control a las finanzas de la Generalidad es mucho más laxo que el del FLA y al que también se han acogido comunidades como Andalucía, Cantabria o Galicia. El resto, los otros 573 millones saldrán de "los derechos económicos de los anticipos del modelo de financiación económica", apuntaba el vicepresidente Pere Aragonès. Es decir, que la Generalidad, sin presupuestos, actuará como el resto de comunidades que sí han aprobado sus cuentas autonómicas para 2019.
Este suplemento de crédito deberá ser aprobado en el Parlamento autonómico y el Gobierno de Torra además tiene prisa para empezar a cobrarlo: "Es un problema de España no de Cataluña", ha llegado a decir el también consejero de Economía que no ha ahorrado en críticas hacia el Ejecutivo al que acusa de no cumplir con sus obligaciones después de haber intentado acorralar al independentismo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. "La ministra Montero juega a hacer de Montoro", ha dicho Aragonès en relación al uso de información sobre adelantos de financiación a comunidades y ayuntamientos en su propio beneficio electoral.
"El dinero llegará, el Gobierno no puede saltarse su propia ley", ha dicho el consejero de Economía catalán que, además, no duda de que contará con el apoyo de todos los grupos parlamentarios pese a que este miércoles el PSC, junto a PPC y los comunes, va a empujar al presidente Quim Torra a una cuestión de confianza a través de una moción parlamentaria que aunque podría prosperar, no obligaría al dirigente separatista a tener que adelantar las elecciones y poner fin a la legislatura.