En el caso de UGT Andalucía, que fue una exclusiva de Libertad Digital en 2013, Susana Díaz se ve involucrada debido a la presencia de su marido, José María Moriche, que cobró su sueldo de contratado por el sindicato socialista de dos subvenciones en las que se ha detectado desvío de fondos públicos.
En el caso Aznalcóllar, la implicación de Susana Díaz se deriva del hecho de haber utilizado la apertura de la mina, una vez adjudicada a una empresa afín al PSOE, en la campaña electoral de 2015. Pero el competidor desechado, vinculado con el periódico El Correo de Andalucía, presentó una demanda y ahora el caso puede ser reactivado dependiendo la decisión de la juez Mercedes Alaya, ahora en la Audiencia Provincial.
En el caso UGT, el juez instructor, Juan Jesús García Vélez, ha citado a declarar mañana 2 de abril a Juan Francisco Alcaide, director del Instituto de Formación y Estudios Sociales de UGT, que fue el que impartía los cursos, y lo hace en calidad de nuevo imputado, con lo que ya son 20 los imputados en el caso.
Pero, claro, es que fue precisamente en el IFES donde estuvo trabajando, no se sabe bien en calidad de qué profesión, el marido de Susana Díaz. No habría mayor problema si su sueldo no hubiera sido cargado de manera irregular a una de las subvenciones concedidas por la Junta a UGT.
La citación tiene lugar después que el perito judicial encargado por el juez de analizar las cuentas y los papeles que desveló Libertad Digital hace seis años y que incluían desde el cobro irregular de dietas a desvío de los fondos de las subvenciones a la formación de desempleados, haya confirmado un importante desvío de dinero público cifrado en 41,7 millones entre 2009 y 2013.
El perito ha sido el interventor de la Junta de Andalucía, Luis Ayala Gallo, que también ha sido citado a declarar el próximo el 14 de mayo. Recuérdese que en su informe precisó ese desvío de dinero público, cuyo importe puede ser bastante más alto.
Entre los 20 imputados están los ex secretarios generales de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana y su sucesor Francisco Fernández Sevilla, que aún no han declarado ante el juez, el primero por enfermedad y el segundo por haberse negado a hacerlo en 2014 cuando fue requerido. También están imputados el tesorero de UGT Andalucía, Federico Fresneda y la exvocal de la comisión de garantías de UGT confederal, María Charpín, que había sido exsecretaria de Gestión Económica del sindicato en Andalucía.
Por la tardanza del perito en emitir su informe, dos años, no se había llamado a ningún imputado desde el 14 de septiembre de 2016 en que lo hizo Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de Soralpe, otra sociedad vinculada a UGT Andalucía.
Alaya decide si el caso Aznalcóllar va o no a juicio
Se creía que el llamado caso Aznalcóllar, investigado judicialmente por las sospechas de amaño en el concurso sobre la adjudicación de la explotación de las minas de la localidad sevillana, había sido archivado por segunda vez por la juez Patricia Fernández. Ya lo cerró años antes por no encontrar indicios de delito, pero fue la propia Audiencia de Sevilla la que le ordenó reabrirlo por las dudas suscitadas en los denunciantes.
Recuérdese que la causa judicial fue abierta en febrero de 2015, cuando el grupo Emérita Resources, competidor del ganador del concurso, el conglomerado Magtel, Minorbis y un socio mexicano, Grupo México, todos muy cercano al PSOE andaluz, denunció un trato de favor de la Junta de Andalucía hacia el finalmente agraciado con la adjudicación. Luego la juez Fernández archivó el caso que fue reabierto por la Audiencia.
Ahora, tras el nuevo archivo de la juez, de nuevo el denunciante, Emérita Resources, socio de la canadiense Forbes Manhattan, ha pedido a la Audiencia que corrija otra vez la decisión de la juez reabriendo la causa y presentando un nuevo paquete de diligencias e imputaciones.
El Mundo cuenta este lunes que, en su recurso, Emérita arremete contra la propia juez instructora, cuestionando su imparcialidad y criticando que no haya visto las innumerables evidencias que, a su juicio, apuntan a la comisión de un delito en la adjudicación de la mina.
"Lo sucedido indica claramente, para cualquiera que lo estudie con un mínimo de imparcialidad, una intención concreta, determinada y constante de ayudar a Minorbis-Grupo México", expone y se asombra de que el juzgado "no haya tenido la más mínima sombra de duda acerca de la posible (aunque sea a los meros efectos indiciarios) comisión de algún delito".
La expectación es máxima porque la magistrada de la Audiencia que tendrá que decidir es Mercedes Alaya, la primera y decisiva instructora del caso ERE y el caso del fraude de la formación además de otros muchos. Si finalmente resuelve que los denunciantes tienen razón, no habría manera de evitar un juicio que, de nuevo, dejará el nombre de Susana Díaz ligado a otro escándalo judicial.