Tal y como adelantó Libertad Digital, Vox ha optado por dos víctimas del terrorismo para liderar sus listas al Congreso en Guipúzcoa y Jaén. El número uno en la provincia vasca es Juan de Dios Dávila, exconcejal del PP en Hernani y hermano del teniente coronel Fidel Dávila, asesinado por ETA en 1993.
En el caso de la provincia andaluza, la lista la lidera Francisco José Alcaraz, senador del partido por designación autonómica y ex presidente de la ATV. Cuando tenía 19 años, la banda terrorista mató a su hermano y a sus sobrinas con un coche bomba. Pidió a Santiago Abascal hacer públicas las actas de la negociación entre el Gobierno de Zapatero y ETA para integrarse en el partido.
Además de ellos, la lista en Madrid incluye a otras dos víctimas del terrorismo: José Antonio Ortega Lara y Ana María Vidal-Abarca. El primero cierra la candidatura por esta provincia en el número 37. Fue secuestrado por el etarra Bolinaga en 1996 y permaneció encerrado en un zulo durante 532 días. Se dio de baja del PP en 2008 después de que la exlíder del PP vasco, María San Gil, decidiera retirarse de la política por sus discrepancias con la dirección de Mariano Rajoy.
Ana María Velasco Vidal-Abarca va en el número 8 de esta candidatura. Es hija de Jesús Velasco, asesinado a tiros por ETA en 1980. Su madre, Ana María Vidal-Abarca, fundó después la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
En Baleares, Vox también ha apostado por incluir en su candidatura de Mallorca al Senado a otras dos víctimas del terrorismo. Se trata de Antonio Salvá cuyo hijo, Diego Salvá, fue asesinado por ETA en el año 2009, y de Manuela Cañadas, viuda de Antonio Planas, asesinado en un atentado yihadista en Kabul, Afganistán, en 2011.
Entre las "100 medidas urgentes" que Vox propone para España hay casi una decena que se refieren a las víctimas del terrorismo. Entre ellas, una Ley de memoria, dignidad y justicia para, entre otras cosas, impedir los homenajes a terroristas, crear un memorial sobre víctimas, investigar los crímenes de ETA no resueltos, depurar responsabilidades de quienes hayan negociado o pactado con terroristas o instaurar la cadena perpetua para los asesinos.