Miradas de odio. Al menos cuatro guardias civiles que testificaron en la vigésima sesión del juicio en el Tribunal Supremo coincidieron en apuntar ese detalle. Hablaban de las salidas de los registros en los que el Instituto Armado intervino las papeletas del referéndum y las cartas para presidentes y vocales de mesa. Y también del 1-O. Fueron intervenciones sumamente complicadas, con manifestantes en actitud hostil, gente que se tiraba al suelo delante de los coches, gente que insultaba, amenazaba y escupía. Gente de todas las edades, ancianas soliviantadas y niños escudo. Nada que ver con el independentismo cívico y pacífico del que se jactaron los encausados en los primeros compases del juicio.
La Guardia Civil no halló las urnas, pero desarticuló el referéndum. Las mesas se constituyeron con voluntarios independentistas y la Generalidad aplicó un censo universal que provocó el rechazo de sus propios observadores internacionales. Las votaciones se llevaron a cabo sin ninguna garantía, igual que el recuento. El separatismo presume de unos datos inventados, en el mejor de los casos aproximados Ese es el "mandato" al que se refieren constantemente como fuente de legitimidad del golpe de Estado continuo.
La sesión confirma que faltan encausados. En el material incautado a Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda de la Generalidad, se da cuenta de las actividades de Pere Aragonès, entonces secretario de Economía y ahora vicepresidente, consejero del ramo y delegado de Junqueras tanto en el Govern como en el partido. Aragonès buscaba financiación internacional y estaba implicado en la creación de un Banco Central de Cataluña. El actual vicepresidente formaba parte del núcleo duro de la consejería desde la que se preparaban el referéndum y la desconexión. Si eso era una chapuza antológica es otra cuestión.
Oriol Junqueras se había ofrecido a asumir el reto porque ERC no confiaba en que los posconvergentes se atrevieran a llegar hasta el final. El líder republicano presumía de que su departamento garantizaría el referéndum y el día después de la independencia. Su número dos, Aragonès, es el único miembro de la cúpula de Economía que no tiene problemas con la justicia. Salvadó y Josep Maria Jové, que levantaba acta informal de todas las reuniones, están imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Junqueras en el Supremo. Más el major Trapero en la Audiencia Nacional y las pesquisas aún abiertas en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Aragonès, el vicepresidente inmune
El cabo de la Guardia Civil que testifica en primer lugar tuvo acceso y analizó parte de la documentación de Lluís Salvadó, papeles y correos electrónicos. Apunta dos cifras y un nombre. La Generalidad pidió once mil millones a China para financiar los primeros meses de la república catalana. Buscaban además 22.800 millones para ir tirando hasta que dispusieran de los sistemas recaudatorios que estaban preparando con el concurso de la IBM. El nombre es el de Aragonès, Pere.
Es el tercer agente, un suboficial mayor, quien abre el monográfico sobre el odio. Participó en la incautación en Unipost de las cartas a los presidentes y vocales de mesa. Las miradas de los concentrados que entorpecían la salida del convoy judicial eran "el reflejo del odio", asegura. Los Mossos que abrían la comitiva les metieron en una calle en obras, estrecha, llena de vallas y con chapas metálicas tapando las zanjas.
Mossos y policía municipal de Tarrasa contenían a los manifestantes y retiraban las vallas cruzadas al paso de los vehículos. Dos agentes de paisano y el letrado judicial ocupaban un utilitario sin logotipos empotrado en medio del convoy. El letrado se había cubierto la cara con un pasamontañas. Le gritaban "¡traidor!" y le decían que saben quien es. Nueva referencia a las "caras de odio".
El "conflicto vasco"
Otro agente se extiende sobre el particular. Alude a la incautación de las papeletas y al ambiente entre los separatistas concentrados en las inmediaciones. Dice que él no ha servido en el País Vasco, pero que veteranos del cuerpo comentaban que las miradas y actitudes eran similares a las del "conflicto vasco". El presidente de la sala, Manuel Marchena, ataja la comparación y pide al fiscal que haga otra pregunta.
Más odio. Habla un agente de San Andrés de la Barca. En calidad de policía judicial explica que intervino en un centro de votación de dicha localidad barcelonesa, donde hay una casa cuartel del Instituto Armado. Al odio, que "se masticaba", añade el "desprecio" y la "rabia". Sabe de lo que habla. Informa al Tribunal de que su hijo fue obligado en el instituto a salir al patio el 2 de octubre a manifestarse contra la actuación policial y a favor de la independencia.
El abogado de la defensa Jordi Pina (de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) trata de desacreditar el testimonio a causa de la inclusión del detalle personal sobre la presión a los hijos de guardias civiles y policías nacionales en colegios e institutos. Marchena muestra bastante tolerancia con las impertinencias de los letrados de los golpistas con los testigos guardias civiles. A los abogados les encabritan las alusiones al odio y a la violencia de los separatistas y a la pasividad, cuando no obstruccionismo, de los Mossos d'Esquadra. Pero sus interrogatorios son cada vez más cortos y en algunos casos ni preguntan. Se centran en supuestas irregularidades en los registros e incautaciones y en presuntas desmesuras durante el 1-O.
San Martín Sasgayolas
Comparece en último lugar una cabo primero, agente judicial que participó en la incautación de unos carteles días antes del referéndum y en un centro de votación de la población barcelonesa de San Martín Sasgayolas, con poco más de trescientos habitantes. El pueblo había votado en el garaje de un particular y escondido la urna. En el centro "oficial" de votación habían dispuesto una urna de cartón del 9-N con papeletas y una constitución de la mesa con nombres falsos y números de DNI aleatorios. Los manifestantes cruzaron tres tractores en el acceso y obligaron a la Guardia Civil a utilizar las defensas. Empujaban y golpeaban a los agentes que formaban el cordón de seguridad de los policías judiciales. También había por ahí un par de mossos en actitud pasivo agresiva. Y un niño de unos doce años a modo de escudo humano. Algunos vecinos querían gresca, entrar en la historia de la independencia de Cataluña, tender una trampa a la Guardia Civil, ni un paso atrás, las calles serán siempre nuestras. Y los tractores.
La cabo se muestra contenida en las formas y contundente en el fondo. La gente no estaba en actitud cívica, aquello no era una fiesta y la agresividad, el odio, el desprecio, la rabia y la violencia estaban en el aire, flotaban en el ambiente y se materializaron en forma de empujones, golpes, patadas, gritos y amenazas. Acaba la sesión. El lunes continuará.