De nuevo, la juez Patricia Fernández, a pesar de haber sido forzada por la Audiencia Provincial de Sevilla a reabrir el caso que ella misma ya intentó archivar en 2015 por "ilegalidades severas" en el procedimiento, ha vuelto a desestimar la causa penal por la adjudicación presuntamente irregular y delictiva de los derechos de explotación de las minas de Aznalcóllar.
Aquella adjudicación y la puesta en marcha de los trabajos de estas minas sevillanas fue utilizada profusa y personalmente por la candidata socialista a las elecciones andaluzas de 2015, Susana Díaz, que llegó a señalar la creación masiva de puestos de trabajo en una comarca deprimida.
La adjudicación se hizo mediante un concurso que uno de los competidores, Emérita Resources, denunció ante los tribunales por considerar que la concesión había sido fraudulenta y dirigida a unos amigos del PSOE de Sevilla. De hecho, las dudas sobre la atribución de las tareas suscitaron numerosas investigaciones.
Así, fueron imputados, entonces, siete altos cargos y funcionarios, por haber diseñado una operación que favorecía a la empresa que finalmente resultó adjudicataria. Se trataba del grupo cordobés Magtel, próximo al PSOE, y un socio mexicano, Grupo México.
Las vicisitudes acontecidas en estos cuatro años han sido numerosas y llamativas, como la investigación de los correos electrónicos de los ex altos cargos de la Junta y funcionarios y las dudas acerca de la adjudicación siguen existiendo. Por ejemplo, por señalar una que recoge El Mundo, la empresa Minorbis, la ganadora del concurso, se creó después de que fuese convocado el concurso.
Es más, nunca tuvo empleados. Las bases del concurso eran anómalas permitiendo que los requisitos fuesen cumplidos después de su celebración y para dejarlo aquí, que las máquinas a utilizar en la explotación ni siquiera estuviesen en España.
Todo esto y mucho más es reconocido por la propia magistrada, pero cierra el caso porque no cree que los hechos tengan una relación con la figura del delito de prevaricación porque, según ella, las dos empresas competidoras fueron tratadas de manera igualitaria sin que ninguna de ellas resultase favorecida como denunció Emérita Resources.
Por cierto, que a partir de ese momento, los empresarios ligados a la oferta que denunció el concurso, propietarios también de El Correo de Andalucía, quedaron en el punto de mira de la Junta de Andalucía. Poco tiempo después, cerraba el diario centenario de la capital sevillana que había sido, anteriormente, propiedad del PSOE andaluz.
Finalmente, a pesar de todas las deficiencias encontradas hasta el punto que el concurso podría ser "anulable", la juez cree que los hechos no son objeto de la jurisdicción penal sino de la Contencioso-Administrativa y "no se puede extraer sospecha o indicios de contubernio entre los miembros de la mesa del concurso o de la comisión técnica". Un respiro para la expresidenta de la Junta, Susana Díaz.
El caso Umax, pieza separada de los ERE
En su informe final, la letrada de la Junta considera que Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y pendiente de sentencia en el primer juicio de los ERE junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta -Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre ellos-, intentó crear "una estructura administrativa paralela" que produjo una importante malversación de caudales públicos y lo hizo acordando contratos con amigos y conocidos con la empresa informática Umax.
La Junta, en su informe final, aduce que el propietario de Umax, Ulpiano Cuadrado, acordó con el ex director general de Trabajo de la Junta contratar trabajadores, "muchos de ellos por relaciones de amistad y vecindad". Y añadió: "Esta contratación ha tenido una triple finalidad: crear una estructura administrativa paralela, una contratación sin sujeción al principio de mérito e igualdad, y la obtención de una ganancia por el empresario contratante".
El caso Umax, otra pieza separada del caso ERE investigado en su día por la juez Alaya, devino en juicio en el mes de enero y tiene entre sus acusados a Francisco Javier Guerrero, a Juan Márquez y Daniel Rivera, ex directores generales de Trabajo de la Junta; a Javier Aguado y a Lourdes Medina, exsecretarios de Empleo, y a Ulpiano Cuadrado, dueño de la empresa.
Además de la representación jurídica de la Junta en tanto que acusación particular, la Fiscalía de Sevilla ha considerado demostrado que entre los 44 trabajadores de Umax contratados por la Junta para prestar sus servicios en la Consejería de Empleo durante los años 2003 y 2010 -usurpando el papel de la Administración Pública, por cierto-, había muchos que al "círculo íntimo" de Guerrero, sobre todo, de su época como alcalde del municipio sevillano de El Pedroso.
Por estos y otros hechos relacionados, la Fiscalía pide diez años de prisión para los tres ex directores generales de Trabajo y los dos ex secretarios generales técnicos de Empleo. Igualmente, pide 22 años de inhabilitación para estos cinco ex altos cargos de la Junta acusados en este procedimiento por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Recuérdese que cuatro de ellos, no así Daniel Rivera, fueron juzgados por la Audiencia de Sevilla por el denominado procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.