Lo dijo con claridad José Luis Ábalos, el otro 'yo' de Pedro Sánchez: cuatro ministros irán a la cabeza de las listas electorales en cuatro provincias andaluzas: Sevilla, Córdoba, Almería y Cádiz. Se refería, respectivamente, a María Jesús Montero, a Luis Planas, a José Guirao y, en el caso de Cádiz, podía ser cualquiera porque siempre ha sido ocupado por alguien relevante, por ejemplo, Alfredo Pérez Rubalcaba. El elegido, tras salir volando sobre las Murallas de Ávila, ha sido el paracaidista Fernando Grande-Marlaska.
Esa era la idea, pero la realidad es que el proceso de nominación de candidatos comienza en las asambleas locales del PSOE en las localidades provincias. Sus resultados y votaciones llegan al Comité Ejecutiva Provincial que formula una propuesta atendiendo a la voluntad de los militantes y finalmente se eleva una resolución al Comité Federal, que es quien tiene la potestad de aceptarla o cambiarla.
Ábalos ya advirtió que en caso de que en el PSOE andaluz las cosas no fueran como él anticipó, entonces el Comité Federal metería el lápiz y la goma para decretar –algo a lo que ya está más que acostumbrado Sánchez, Decreteitor–, las listas definitivas en toda España, al gusto y necesidad del presidente del Gobierno.
Pero no esperaba que en dos provincias determinadas donde tenían que encabezar las listas María Jesús Montero, su ministra de Hacienda, por Sevilla y su ministro de Agricultura, Luis Planas, por Córdoba, los resultados de las votaciones internas hayan apartado a ambos de los primeros puestos más votados. De hecho, Montero está de los últimos. Y Planas ni aparece.
Con el 96 por ciento del escrutinio ya alcanzado, quien más apoyos ha recibido del conjunto de la militancia sevillana para figurar en las listas al Congreso es Antonio Pradas, seguido de José Manuel Girela, Carmen Cuello, Alejandro Moyano, José Losada, Esther Gil, Marta Alonso, Antonio Gutiérrez Limones, María Ángeles Sepúlveda, María Jesús Montero y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Por ese orden.
En Córdoba, Antonio Hurtado, María Jesús Serrano y Esther Ruiz son los más votados por los militantes del PSOE. Luis Planas, el ministro sanchista, no está. Como en Almería y en Cádiz, las figuras de Guirao y Grande Marlaska han sido propuestas por algunas agrupaciones, es de considerar que el veto expreso del PSOE andaluz se dirige a Montero y Planas. Esto es, Marlaska y Guirao han sido también rechazado por las bases, pero menos.
María Jesús Montero ya le dejó claro a Susana Diaz, siendo su consejera de Hacienda, que no iba a enfrentarse con Pedro Sánchez. Es más, muchos consideraron una traición a la trianera el que aceptara ser la ministra de Hacienda del Reino. Luis Planas tuvo viejos enfrentamientos con Susana Diaz en primarias anteriores cuando trató de disputarle el liderazgo a la expresidenta de la Junta. Esto es, ambos son personas lejanas a Susana Díaz.
El telón de fondo es conocido: en un momento crítico para la que estuvo a punto de regir los destinos del PSOE nacional, con el apoyo de barones y viejas glorias de la transición como Felipe González y Alfonso Guerra, Pedro Sánchez quiere aprovechar para apartarla de su camino definitivamente.
Uno de los pasos que requieren ese camino es disponer de un grupo parlamentario coherente con su jefatura y lejano a la rebelión, como el que sostuvo Susana Díaz en el pasado inmediato. Susana Díaz, al contrario, para mantener un poco la esperanza de poder revertir la situación –tómese nota de la salida de Soraya Rodríguez, una de sus partidarias–, necesita que el grupo parlamentario tenga una presencia sólida de diputados de su simpatía. Esa es la batalla fundamental.
Pero la guerra seguirá a pesar de que Susana Díaz dice no desearla. Si Pedro Sánchez tropieza en las elecciones de abril y mayo, Susana Díaz podrá recuperar el pulso perdido como quieren muchos socialistas en Extremadura, Castilla la Mancha, Aragón, Valencia, Madrid y otros puntos de España, además de la vieja guardia de Suresnes. Sin embargo, si Susana Díaz tropieza en las municipales de mayo y pierde capitales como Sevilla, Granada y Córdoba, no habrá fuerza que contenga la exigencia de dimisión para ella.
Semana de escándalos incesantes
Por reseñar algunos, hablemos de la destitución de la cúpula de la empresa pública Cetursa-Sierra Nevada, trufada de escándalos por sueldos impropios y una gestión que ya fue denunciada por la Cámara de Cuentas y ahora es investigada por la Fiscalía.
Añádase el caso de corrupción de la cúpula de UGT en Andalucía, que fue denunciada inicialmente en los medios de comunicación por Libertad Digital que, aunque lentamente, sigue su curso judicial. Resulta ahora que UGT recibió nada menos que 102 millones de euros en tres años y que gastó de forma irregular más de un 40 por ciento, esto es, más de 40 millones. Un dinero, tómese nota, dirigido a la formación de lo parados andaluces.
Por si fuera poco, la plantilla de fiscales de Sevilla da un homenaje merecido a los fiscales del caso ERE, que se han enfrentado a la cúpula socialista en el juicio visto para sentencia en la Audiencia Provincial. Es un mensaje bien claro.
Sin embargo, el escándalo fundamental y nuclear ha sido el escándalo de las listas de espera de la sanidad andaluza. Si las cifras oficiales de Susana Díaz rondaban los 380.000 pacientes en tales listas de espera, el nuevo gobierno ha sacado una cifra que añade 500.000 pacientes ocultos en tan ominosas listas. En asunto tan sensible electoralmente, el PSOE ha salido trasquilado y aunque se tira de los pelos y acusa de falsedad al gobierno de Juan Manuel Moreno, el dato, al margen del número de pacientes, es que Susana Díaz y su gobierno han engañado a los andaluces con cifras de pacientes en listas de espera que no eran reales.
Luego viene la estrategia habitual de Podemos, IU y PSOE de acusar a las derechas de fomentar la privatización y de calentar los ánimos de los pacientes andaluces para conseguir su objetivo malvado, un objetivo al que no tuvo más remedio que acudir la propia Susana Díaz por ser incapaz de que el sistema público atendiera a las personas que lo necesitaban. Pero, claro, casi 40 años después de haber llegado al gobierno y haber actuado a su antojo con la salud andaluza, colar, ya cuela poco.
Por si fuera poco, los imputados judiciales, si son del PSOE, no dimiten, ni, aunque se encuentren en fase de juicio oral. Es el caso de Ignacio Caraballo, cuñado de Mario Jiménez, el número 2 de Susana Díaz, a punto de ser juzgado en el soborno de Aljaraque a dos concejales de Podemos, y el caso del jefe de los tuiteros de Susana Díaz, Ismael Perea, imputado por el desfalco de tres millones de euros a los vecinos de una urbanización de Almensilla.
Y además, no se olviden, está el gota a gota de las cuentas de una Junta de Andalucía que ha dejado facturas sin pagar, inversiones sin ejecutar y dineros gastados sin explicar. Por supuesto, no se conoce aún ninguna auditoría, pero se sabe que "los hombres de negro" han llegado ya a Canal Sur y ya se irá viendo. Libertad Digital ya ha contado cosas suficientes como para exigir una Comisión Parlamentaria de Investigación.
En estos cenagales, las únicas esperanzas para Susana Díaz son que Vox acabe rompiendo la baraja, algo a lo que le empujan diariamente PP y Ciudadanos convencidos de que se no se atreverá y que el festejo del Día Internacional de la Mujer ahogue en feminismo de género toda memoria del calvario político que se está pasando.