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La nueva secretaria de Regeneración y Transparencia de la Junta no puede explicar su currículum

Nuria Gómez nunca fue asesora técnica ni funcionaria y enmascaró una usurpación de funciones públicas con contratos de servicios.

Nuria Gómez nunca fue asesora técnica ni funcionaria y enmascaró una usurpación de funciones públicas con contratos de servicios.
Juanma Moreno y Juan Marín. | EFE

Este lunes, en un mensaje recibido de Ciudadanos, la nueva secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Junta de Andalucía trasladó a la dirección de su partido que los hechos que se describían en el artículo de Libertad Digital eran inciertos y que algunos de ellos se habían tergiversado. Pero lo cierto es que Nuria Gómez participó en el enmascaramiento de una usurpación de funciones de funcionarios en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Para eludir el control o la participación de los funcionarios de la Consejería, alguno de sus responsables la contrató, mediante contrato de servicios externos, para que realizara funciones que normalmente deberían haber sido desempeñadas por los funcionarios de la Consejería. Y prestó tales servicios sin ser funcionaria ni interina ni siquiera empleada laboral de la Junta.

Según sus explicaciones,

Nuria Gómez Álvarez estuvo trabajando en la Consejería de Medio Ambiente durante 11 años y así aparece en la Sentencia donde se le reconoce como "Laboral Indefinido No Fijo", declarando el despido nulo y condenando a la Consejería a la readmisión, con la antigüedad desde 2005 y con el reconocimiento de retribuciones de titulado superior por las tareas desempeñadas, al margen de que la jurisprudencia no permita reconocer como categoría profesional al reincorporarse.

Y añade que

además es incierta la información de que Vector Desarrollo mantuviera relación con la Consejería y esto forma parte de otra etapa profesional que no tiene nada que ver y de la que además me siento muy orgullosa. En el artículo –de LD– se ha dado credibilidad a hechos que se han sacado de contexto y que han quedado suficientemente probados en el juicio al que me tuve que someter para que se reconociera lo que el juez determinó.

Empezando por el final, digamos que Nuria Gómez Álvarez no dice la verdad cuando afirma que su empresa, Vector Desarrollo, SL no mantuvo relación con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. De hecho, en poder de Libertad Digital están dos referencias a sendos contratos cuya adjudicataria era la propia Nuria Gómez Álvarez que era, por entonces, administradora unipersonal de la sociedad, como puede comprobarse en el Registro Mercantil. En uno de ellos, el relativo al año 2008, Nuria Gómez firmó un contrato con la Consejería siendo administradora única de Vector Desarrollo, SL.

Cuando ella en su currículo afirmaba ser asesora técnica de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía durante 15 años, lo que es imposible sin ser funcionaria ni interina, en realidad lo que hacía era firmar unos contratos de servicios "de apoyo de la gestión y seguimiento de las diferentes categorías de gasto del programa operativo Feder de Andalucía (2007-2013)". Por cierto, negociados y sin publicidad.

Uno de ellos, por importe de más de 55.000 euros, corresponde a 2010 y el otro, correspondiente a 2008, de un importe de poco más de 30.000 euros, igualmente negociado sin publicidad. No se especifica en los contratos si Nuria Gómez los firmaba en calidad de persona física o en su calidad de representante de la empresa Vector Desarrollo, SL, que fue fundada en 2005, el mismo año que ella dice empezó a trabajar para la Consejería de Medio Ambiente, y de la que era administradora única.

"Ha sido asesora técnica en la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio durante 15 años, hasta que entró a trabajar como asesora económica en el grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía", dice en su currículo oficial. Teniendo en cuenta que entró en tal grupo parlamentario en 2016, ello significa que, según ella, fue asesora técnica de la Consejería desde 2001. Pero no era posible porque ni era funcionaria ni interina y ni siquiera trabajaba en la Junta, sino que trabajaba para la Junta.

Lo que ocurre es que un dato que desbarata el currículo. Según ella misma, fue asesora técnica en la Administración Autonómica, en concreto contratada por la empresa Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desde 2005 a 2016, durante 10 años y 10 meses.

Pero simultáneamente, desde enero de 2005 a enero de 2009, fue socia y gerente de la empresa Vector Desarrollo, SL. Precisamente en 2008 fue cuando firmó uno de los contratos de prestación de servicios con la Consejería. ¿Cómo pudo hacer tal cosa si era empleada de la Consejería? ¿Cobraba como empleada y además como contratista?

En conversación posterior con fuentes de Ciudadanos, se nos explicó con toda claridad lo que había ocurrido. En realidad, la Junta de Andalucía "enmascaraba" –esa fue la palabra utilizada– mediante contratos con empresas externas la relación laboral que precisaba al margen de los funcionarios de la Junta de Andalucía. De ese modo, se usurpaban las funciones de los empleados públicos y no se dependía de ellos.

O sea, que Nuria Gómez Álvarez enmascaró con contrato de servicios una relación laboral con la Junta, a la que denunció más de diez años después cuando sus contratos no fueron renovados. Ganó judicialmente tras la demanda de despido que presentó por considerar que su relación era efectivamente laboral y le fue reconocida la categoría de laboral indefinida no fija.

En conclusión, como se ha recabado en expertos en Función Pública consultados por Libertad Digital, que la nueva secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia dependiente de la Consejería que rige Juan Marín fue contratada durante años por un procedimiento sin publicidad, al que por tanto no han podido concurrir otros postulantes.

Los contratos eran ilícitos porque la Consejería no podía celebrar contratos administrativos para realizar funciones que correspondía realizar a los funcionarios de la propia consejería. La prueba de la ilicitud es que esa situación se ha prolongado en el tiempo, durante 15 años, según declara la propia Junta de Andalucía en la reseña del Consejo de Gobierno que la nombra.

Por consiguiente, Nuria Gómez ha estado desempeñando –del mismo modo en que lo vienen haciendo los empleados de la Administración Paralela- funciones cuyo ejercicio corresponde en exclusiva a los funcionarios públicos. Es decir, ha estado usurpando funciones públicas.

Para estar al frente de una secretaría general que tiene por fin la Regeneración, que no la Degeneración, su currículo, en efecto, presenta importantes anomalías para encabezar y promover la regeneración y racionalización de la administración andaluza y ofrece un importante flanco de debilidad ante la resistencia al cambio del PSOE, el derrotado en las pasadas elecciones.

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