Vox denuncia condenas por maltrato con informes de psicólogos sin titular

La semana en la que, previsiblemente, la Mesa del Parlamento andaluz rechazará conceder la información solicitada por Vox para que le faciliten datos de los empleados que trabajan en las Unidades de Violencia de Género, el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, explica en un largo hilo en Twitter qué le llevó a cursar dicha solicitud, en medio de las críticas de la oposición que le acusan de querer llevar a cabo una "purga".

En su red social publica dos denuncias realizada por el propio Consejo General del Colegios Oficiales de Psicólogos ante el Ministerio de Justicia en noviembre de 2011, en las que se quejan de la elaboración de un Protocolo de evaluación sobre "violencia de género", sin la participación de psicólogos, y la "injerencia, intrusismos e irregularidades" en este tipo de valoraciones. A la segunda denuncia se sumó también la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense.

Serrano asegura, además, que se han concedido 7.500 titulaciones en Andalucía de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica sin ni siquiera haber pasado el PIR. Añade que el Juzgado de la Violencia sobre la Mujer nº2 de Málaga ha condenado a hombres como maltratadores basándose en informes emitidos por una psicóloga que solicitó el título de la Especialidad requerida pero sin poseerlo, a pesar de que se le advirtió a la juez de la ilegalidad.

Por último, denuncia que la Junta de Andalucía concedió a dos sociedades inmobiliarias, TAXO y TINSA, el servicio de peritaciones judiciales por 636.327 euros. Es decir, que se emitieron dictámenes psicosociales en custodia de menores y declaraciones de desamparo en juzgados elaborados por empleados de dichas empresas inmobiliarias, según insiste Serrano. Informes por los que se llega a solicitar 1.000 euros a los afectados.

Por todo ello, Vox defiende la necesidad de conocer quiénes trabajan en las Unidades de Violencia de Género de la Junta de Andalucía para comprobar si se cometen este tipo de irregularidades y fiscalizar las subvenciones que reciben.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, responde a Vox defendiendo a estos empleados porque, dice, "están cualificados" o "altamente cualificados" y Vox "puede chocar con la Ley de Protección de datos". En una entrevista radiofónica ha pedido sacar este asunto "de la contienda política" porque "no se hace ningún favor" a las mujeres "manoseando" un tema como este.

La Mesa del Parlamento andaluz vota este miércoles sobre la información solicitada por Vox y, previsiblemente, rechazará concedérsela después de que Ciudadanos anunciara este lunes su voto negativo. Este organismo está compuesto por dos diputados del PP, dos del PSOE, otros dos de Ciudadanos y uno de Vox con derecho a voto, más uno de Adelante Andalucía sin voto. La negativa de PSOE y Cs a facilitar esa información hará que, finalmente, la petición sea rechazada.