El 'milagro' del 1-O: un referéndum que se organizó solo

Quinta jornada del juicio en el Tribunal Supremo. Se confirma que los encausados por el golpe de Estado separatista consideran que los fiscales son lerdos perdidos porque confunden la hoja de ruta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium con la hoja de ruta de los partidos o una resolución de nada con una declaración de independencia. Estos inquisidores, sostienen los fans de los golpistas, no entienden nada. Es más, dicen y escriben Tarrasa en vez de Terrassa, tal como amargamente se lamentó el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.

La deposición de Rull abre la mañana en el Supremo. Rull es el único miembro del gobierno de Puigdemont que se presentó en su despacho el lunes 30 de octubre de 2017, cuando el president ya se había fugado a Bruselas. A día de hoy se desconoce qué pretendía Turull. El hombre se hizo una foto y la publicó en Twitter. El despacho estaba decorado con un par de cuadros de Tintín. El separatismo difundió que se trataba de un guiño a la huida de Puigdemont a Bélgica. "En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Cataluña. Seguimos", escribía Rull sobre la foto en la red social.

Parecía dispuesto a resistir en el búnker, pero al poco, un par de agentes de los Mossos le solicitaba con éxito que abandonara el edificio, a ser posible sin montar un escándalo. El último mohicano salía sin reparos de las dependencias de la Generalidad. El 155 había alcanzado sus últimos objetivos.

Todo un carácter

Rull es todo un carácter. Miembro distinguido de aquel pinyol de Convergencia en torno a Oriol Pujol, el hereu, independentista de pedra picada del sector corbata. En el Supremo adopta un tono de superioridad, en línea con su habitual altanería.

Asegura que su momento culminante fue cuando firmó junto a sus compañeros el decreto de convocatoria. Es, sostiene, lo que más le "honora" en su trayectoria política. Es verdad que ya había recibido varias notificaciones del Tribunal Constitucional, pero es que a él, el TC le parece que carece de "autoridad moral", a diferencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo del Canadá.

El Mobby Dada

El principal problema de Rull, según su defensa, es que lo mismo se pasó un pelín cuando sacó pecho por prohibir que uno de los cruceros que alojaban policías atracara en el puerto de Palamós, dependiente de Ports de la Generalitat. Ahora resulta que no fue del todo así. En realidad, explicó Rull, es que el barco, el Mobby Dada, era muy grande y no cabía en los muelles de Palamós. Y que no fue él quien dio la orden.

También aseguró Rull uno de esos días que los barcos contratados por el Ministerio de Interior era una "presencia testosterónica" que entorpecía gravemente la actividad económica portuaria. Por aquellas fechas más de tres mil empresas abandonaban Cataluña ante la inseguridad desatada por el referéndum ilegal y las declaraciones incendiarias de los miembros del Govern.

El exconsejero, por demás, es un ardiente partidario de la teoría del ‘milagro’ del 1-O. Las urnas y las papeletas aparecieron en los locales electorales por generación espontánea entre la ciudadanía catalana. Eso y que ni un euro del dinero público se destinó a la organización y celebración del referéndum. El Govern no tuvo nada que ver en el referéndum, pero, a la vez, no hizo sino cumplir un "mandato ciudadano".

La versión naíf del golpe

Por la tarde es el turno de la exconsejera de Trabajo de la Generalidad, Dolors Bassa, de ERC. A diferencia de su líder y Romeva, acepta las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Interpreta la versión naíf del golpe. A pesar de las notificaciones del Tribunal Constitucional, la exconsejera jamás tuvo la impresión de estar desobedeciendo o cometiendo algún delito más grave. La idea era negociar con el Estado. Así, el referéndum y la proclamación de la república catalana fueron intentos denodados por sentar al Estado en una mesa de diálogo. La cesión de locales, las órdenes para secundar la huelga general del 3-O, los pagos a Unipost –empresa en la que se incautaron las notificaciones a los presidentes y vocales de mesa–, todo es falso.

Marchena tiene prisa

El presidente de la sala, Manuel Marchena, tiene prisa. Ya debe haber oído suficiente. Tras la deposición de Bassa sigue la vista. Han pasado ya las seis y media de la tarde. El magistrado pretende concluir con las deposiciones de los acusados esta misma semana y no ha previsto que el viernes siga la vista. De momento han pasado por la sala seis de los doce procesados.

Le toca a Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación en libertad provisional. Borràs estuvo unos días en la cárcel. El magistrado Pablo Llarena la dejó en libertad porque abandonó la política. Hija del recientemente fallecido de Jacint Borràs, la exconsejera dio un paso atrás.

La fiscalía se ha turnado durante la jornada. Comenzó Consuelo Madrigal interrogando a Rull. Fidel Cadena se ocupó de Bassa y Jaime Moreno preguntó a Borràs. Los medios nacionalistas se ríen de Madrigal y le atribuyen una actitud dubitativa y vacilante. Marchena mantiene su tono, especialmente puntilloso con la abogacía del Estado, cuya letrada, Rosa María Seoane sufre resignadamente las reconvenciones de la presidencia de la sala al comienzo de sus intervenciones, ya sea por la complejidad de sus preguntas, por la repetición con la fiscalía o porque que no se dirige al micro. Da que hablar la severidad de Marchena con la abogada del Estado.

El fiscal Zaragoza acorrala a Mundó

Marchena estira la sesión. Tras Borràs llama a declarar a Carles Mundó, exconsejero de Justicia de ERC. También se retiró de la política y está en libertad provisional. Se le acusa de desobediencia y malversación, no de rebelión. Le interroga el fiscal Javier Zaragoza, que le reprocha que en calidad de consejero de Justicia no avisara a sus compañeros de los riesgos de montar un referéndum ilegal. Mundó replica que organizar y convocar una consulta no es delito y que su opinión en el seno del Govern como titular de Justicia no era relevante. Zaragoza acorrala a Mundó, que dice que atendía los requerimientos del Tribunal Constitucional. Alega que no hizo nada en favor de realizar el referéndum.

El fiscal se muestra inclemente. Le recuerda las leyes de desconexión, la del referéndum y las consecuencias que se derivaban de esas normas. Marchena le echa un capote a Mundó, que se niega a responder las preguntas. La vista se entretiene a pesar de que se encamina a las nueve de la noche. La sesión de tarde ha empezado a las cuatro y media. Zaragoza martillea a Mundó, que se escuda en que no sabe o no contesta. Se revuelve cuando el fiscal apunta a la malversación. Dice que las facturas de Unipost –por el envío de las notificaciones de presidentes y vocales de las mesas electorales– no son facturas sino presupuestos, que no hubo gasto público en la consulta.

Termina la fiscalía a las nueve y diez y Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, pide que se aclare cuánto más va a durar la sesión. Dice que su defendido tiene que deponer a las diez de la mañana y que los presos se levantan a las seis de la mañana. Marchena opta por continuar, si bien concede que igual este jueves la sesión principia más tarde de las diez. Pregunta la abogacía del Estado sin interrupciones de Marchena. Mundó insiste en que sólo responde por la malversación y que no se gastó un euro público en referéndum. "Admite" que no sabía de dónde salieron las urnas. Otro partidario del milagro.

La jornada termina a las nueve y media de la noche. Marchena cita a las partes a las diez y media de la mañana. Enorme malestar entre los presos, sus familiares y las defensas.