El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que las potestades públicas están reservadas por ley a los funcionarios. Con ello deja claro de una vez que el personal laboral de las agencias empresariales de la Junta de Andalucía no es quién para intervenir en una subvención pública, ni concederla ni revisarla. Eso es algo que sólo deberían haber hecho los funcionarios.
La decisión es capital por cuanto es el resultado final de un largo combate político y administrativo por parte de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que defiende con ardor el papel del funcionario y que lleva años advirtiendo y denunciando cómo el personal laboral colocado al margen del procedimiento administrativo en la administración paralela de la Junta usurpaba las potestades públicas de los funcionarios.
Esta Asociación está inspirada en la voluntad de cambio y regeneración de la funcionaria Guillermina Bermejo que llegó incluso a ser acosada y casi "encerrada" por la Junta de Andalucía sola en un palacete con el fin de apartarla de sus compañeros. Su delito era presidir, en su vida privada, la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que mantenía y mantiene decenas de pleitos contra la ‘ley del enchufismo’ de la Junta.
El destierro laboral casi fantasmal pretendía hacerle desistir de su batalla contra el empeño socialista de equiparar a los funcionarios de carrera con los miles de trabajadores de las empresas públicas -en 24.000 se han cifrado hace poco- contratados sin pasar por oposición o concurso de méritos alguno.
Aunque no siempre se define en el ordenamiento jurídico lo que son las "potestades públicas", está claro que la propia Ley de Función Pública vigente en la Junta de Andalucía desde 1985 dice que, con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos, serán desempeñados por funcionarios públicos. Pero, como es habitual, se introducían unas excepciones, la manga ancha utilizada por la Junta como medio para eludir el sentido y el espíritu de la ley.
La obediencia de la Junta al Derecho Administrativo y al papel de los funcionarios comenzó a desdibujarse, cuando no a desacatarse, cuando tanto la legalidad como el papel custodiador de la misma por parte de los funcionarios, comenzó a impedir decisiones que el PSOE y la Junta querían adoptar.
Ya antes de la Junta
Desde antes de 1982, el PSOE comenzó una carrera alocada, partidista y sin freno de colocaciones a dedo en lo que se llamó los "preautonómicos", personal empleado a dedo a los cuales después de hizo funcionarios mediante pruebas ad hoc. A ello siguió la construcción de una categoría de "laborales" que no eran funcionarios pero que estaban al servicio de la Administración para otros menesteres como limpieza, conserjerías, mantenimiento de estructuras y, después impuso el sistema preferencia de los interinos designados a los que privilegió concediéndole méritos diferenciadores en las oposiciones convocadas.
Poco a poco se consolidó lo que ha sido considerado una administración paralela en toda regla que ha sido utilizada para suplantar a los funcionarios usurpando sus funciones con el fin de conseguir objetivos que no podrían haber sido alcanzados aplicando estrictamente el Derecho Administrativo.
Un golpe decisivo
La sentencia del Tribunal Supremo da un golpe decisivo a lo que ha sido una práctica deformatoria y usurpadora del papel de los funcionarios en Andalucía. Ha sido la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo la que en sentencia dictada el pasado 29 de enero unifica doctrina con otro fallo emitido quince días antes en los mismos términos.
Sin embargo, la decisión del Supremo no ha sido en su totalidad la que espera la Asociación Defiendo mi Derecho y la Función Pública. Cuenta ABC que se ha confirmado en su integridad el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estimó en parte el recurso presentado por la citada asociación de funcionarios contra el decreto por el que se modificaban los estatutos de la agencia IDEA al amparo de la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía de 2011, más conocida como "ley del enchufismo".
Recuérdese que, debido a la promulgación de esta norma, a la que precedió un decreto famoso, los funcionarios e incluso laborales andaluces salieron a la calle en un número desconocido hasta entonces. Más de 40.000 personas se manifestaron contra la ley del enchufismo de Griñán, que impuso la integración en la Junta de los miles de trabajadores de las fundaciones, entes y empresas públicas.
En la sentencia se concluye que el «personal laboral» no puede llevar a cabo "actuaciones o funciones de dación de fe pública y gestión de registros administrativos, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, de evaluación, control, vigilancia e inspección», tareas "de naturaleza indudablemente administrativa".
Por tanto, se advierte a la Junta que la administración paralela creada no puede asumir tareas administrativas como la concesión de subvenciones, toda vez que no pueden ejercerlas porque en ellas no trabajan funcionarios. Pero el Supremo no entra en la cuestión de si la agencia IDEA, siempre en todas las salsas corruptas de la Junta y a la que se refiere la sentencia, está o no amparada por el Derecho Administrativo y puede o no ejercer las potestades públicas reservadas a los funcionarios.
A pesar de lo cual, el Supremo admite tener preocupación por el hecho de que personal diferente a los funcionarios de carrera sean los que ejerzan actividades que exige disponer de la potestad pública reservada a ellos. El Supremo obliga a respetar tal potestad a los funcionarios, que debe contemplarse en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Junta y admite que Defiendo mi Derecho y la Función Pública sea la que vigile que las potestades públicas de funcionarios "no sean atribuidas y desempeñadas por el personal laboral integrado en la agencia".
Tampoco puede olvidarse que el Tribunal Constitucional avaló la "ley del enchufismo" en 2015 y desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma presentado por el PP, partido que ahora está en el Gobierno andaluz. Recuerda ABC que hubo un voto particular en contra de esta decisión que avisaba de la "huida del Derecho Administrativo" con el sistema creado por la Junta. Nueve años después, contra esta ley ha habido 35 impugnaciones judiciales.
La asociación recurrente, a pesar de todo, considera que se ha logrado que sean funcionarios los que controlen el dinero público, sino que dispongan de un sello en un registro de entrada, certificando la existencia de unos datos en un archivo determinado o comparar y valorar distintas solicitudes para dar una subvención y que ese "sellito verde" sólo puede ser usado por el personal funcionario.
Es un paso más, advierte, para que "que devuelvan a la Administración lo que le pertenece, que devuelvan las cosas a la posición jurídica anterior al decretazo", que luego se elevó a rango de ley.
Contrasta esta actitud con la tibieza y contradicciones del nuevo gobierno que prometió adelgazar la estructura de la administración paralela, pero con contradicciones evidentes. Aunque se están eliminando entidades, agencias y fundaciones (hasta ahora 85 consorcios, una fundación y una agencia pública) no se sabe cuál va a ser el destino del personal empleados en ellos.
El Mundo subraya las tensiones internas que están generando los intereses encontrados de dos partidos, PP y Ciudadanos, que les ha obligado a subdividir competencias sin que se sepa muy bien quién es responsable de qué. Por ejemplo, el área de Administración Pública está en manos del PP, pero la Administración Local en manos de Ciudadanos, lo mismo que ocurre en otros casos fracturándose así áreas y competencias.
Pero se complica el asunto en relación con la Administración paralela cuando la Agencia Extenda, que promociona la actividad exterior de las empresas andaluzas, ni está adscrita a Economía ni a Empleo y Formación, ambas áreas dominadas por Ciudadanos. De hecho, está inmersa en la estructura de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior que conduce Elías Bendodo, del PP.
Otro ente público, Cetursa, que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, está asignado como competencia de la Consejería de Hacienda y no de Economía con lo que cualquier regeneración a fondo de la administración paralela, su reducción y el destino de su personal -tarea en principio dependiente de Juan Marín y su superconsejería, se antoja, cuando menos, como problemático.
Esta escisión recuerda a otra protagonizada por esta formación en 1981, cuando cuatro diputados se marcharon para formar el Partido Democrático y Social (SDP), que eventualmente se convirtió en el actual Partido Liberal Demócrata.