Es una de las noticias más sorprendentes del nuevo gobierno andaluz y es un cargo en la cuenta de Ciudadanos y de Juan Marín. Carlos Rodríguez Sierra ha actuado como abogado de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que se hizo más que famoso cuando dijo a la Guardia Civil que lo que se había usado en el caso ERE era algo así como un "fondo de reptiles", lo que luego trató de negar. Aunque lo ha representado en varias piezas separadas, no lo ha hecho en el juicio recientemente celebrado en Sevilla a 21 ex altos cargos de la Junta, Guerrero entre ellos.
Guerrero adquirió gran notoriedad mediática por las declaraciones de su chófer, que le acusó de gastarse el dinero del fondo de reptiles en cocaína.
Si sólo por esto, su nombramiento podría resultar polémico para algunos, otra de sus actuaciones en casos famosos casi lo es más: haber ejercido la defensa de Rosalía García Martín, madre de el Cuco, Francisco Javier García, que participó en los hechos que condujeron al asesinato de Marta del Castillo hace ahora diez años. Antonio del Castillo, padre de la asesinada Marta, ha comentado que "ve poco cambio en el cambio".
Demostrando su desprecio por los prejuicios, el Consejo de Gobierno de la Junta ha decidido que el abogado sevillano Rodríguez Sierra sea el nuevo director general de la Oficina Judicial y Fiscal formando parte de la macro vicepresidencia de Juan Marín. Además de a Guerrero y a la madre de el Cuco, ha representado a numerosos ayuntamientos de la provincia de Sevilla en diferentes casos.
Lo más reciente que se conoce de él es su defensa, junto con otro letrado, de Guerrero en el caso de la empresa Umax, que presuntamente contrató de forma irregular a 44 trabajadores que pertenecían al "círculo de amigos y familiares" de Guerrero y prestaron sus servicios en la Dirección de Trabajo.
Formando parte del entramado político bajo la dirección política de Juan Marín, Rodríguez Sierra se encargará de la dotación de refuerzos a los juzgados y el control de los Institutos de Medicina Legal, dentro de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, base del poder de Marín.
Forma parte de su trayectoria haber sido abogado del turno de oficio general y de Penal Especial, haber sido letrado del Ayuntamiento de La Algaba y de la asociación de comercio ambulante o Villela del Polígono Sur. También fue director del Grupo Recoletos en Andalucía, empresa editorial de Marca, y director comercial de la Cadena Ser en Andalucía.
Concordia para una Memoria Histórica de la Discordia
La otra gran sorpresa de este martes fue la creación de un Comisionado de la Concordia, que engullirá a la anterior dirección general de Memoria Histórica, cuya responsabilidad recae en la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, mano derecha de Javier Arenas desde hace veinte años, que tendrá que bregar con una izquierda beligerante que pretende que se reconozca a la II República como referente máximo de democracia en España, por encima de la Constitución de 1978 y la Transición.
Hay que recordar que la actual Ley de Memoria Histórica andaluza, aprobada en marzo de 2017, no tuvo ningún voto en contra, pero una cosa es seguir subvencionando las exhumaciones de cuerpos de fosas y lugares inadecuados para ser enterrados dignamente por sus familias y otra bien diferente administrar postulados ideológicos y políticos que, como recuerda el catedrático Manuel Álvarez Tardío, desacreditan el valor de la transición que siempre defendió el PP.
En esa ley, dice Álvarez Tardío en El Mundo, "no hay una defensa explícita de la ley de amnistía de 1977 y se considera que ‘el derecho a conocer’ la ‘verdad’ no se refiere sólo a los crímenes relacionados con la Guerra y la dictadura franquista, sino que abarca también los años previos a la aprobación de la Constitución. Es decir, como se venía reclamando en los entornos asociativos de la izquierda radical, el PSOE de Díaz reconoce implícitamente que el período constituyente, en el que se fragua la concordia que reivindica el PP, es parte del problema por ser una continuación de la dictadura". Ni PP ni Ciudadanos se opusieron a estos postulados.
Otro de los problemas para el nuevo gobierno es la conocida postura de Vox, que, a pesar de los intentos socialistas de aparentar que no han tenido que ver con la decisión, ocupa la presidencia de la Comisión parlamentaria que va a tratar de la Memoria Histórica, cuya ley quiere derogar y que ya ha considerado la creación de esta Comisión como un "absoluto sinsentido".
Finalmente, hay que referir que este martes se nombraron a otros 121 cargos del nuevo gobierno. Lo curioso es que entre estos nombramientos no han pasado desapercibidos algunos que recuperan a ex cargos socialistas del gobierno de Susana Díaz. Por ejemplo, nada menos que para regir la ya famosa agencia IDEA, perejil en todas las salsas corruptas del anterior gobierno, se ha nombrado a Fernando Casas Pascual, hasta ahora secretario general de Hacienda y Administración Pública.
Casas ha sido además director general de Presupuestos y director General de Tesorería y Deuda Pública. Es profesor asociado en excedencia. También ocupó un puesto en el consejo del Real Betis, cuya estructura directiva ha sido descrita recientemente como un espacio "donde más patente es la presencia de personal y apellidos relacionados con el PSOE/A y su cadena de cargos y subvenciones".
Sigue en su puesto de director general de Presupuestos, algunos de cuyos antecesores están sentados en el banquillo del caso ERE, Eduardo León Lázaro, que entre 1991 y 2000, fue interventor general de la Junta.
La nueva directora general de Comercio será Lorena Garrido Serrano que era la secretaria general de la Agencia IDEA desde 2018. Antes, fue Secretaria General de Veiasa, la empresa encargada de las ITV en Andalucía, tras pasar por los bufetes Arenas & Medina, Lexland Abogados y D&C Abogados.
En la Consejería de Hacienda, la directora general de Transformación Digital será María Pérez Naranjo, premio Ingeniero del Año en 2010, que ya ocupaba desde 2017 la Dirección de Política Digital en el gobierno de Susana Díaz tras haber ocupado las direcciones generales de Innovación (2010) y de Modernización (2008-2010).
ABC destaca que, además de Juan Marín, Juan Manuel Moreno y Elías Bendodo siguen siendo quienes colocan a más afines, muchos de ellos malagueños.