Sánchez ve ahora inconstitucional la ley andaluza de igualdad del gobierno de Díaz

Crece y crece la herencia envenenada, así la llamó Juan Manuel Moreno, del Gobierno de Susana Díaz. Su precipitación política por aparecer electoralmente como adalid de una súper Ley andaluza de Igualdad de Andalucía resulta que no cumple los requisitos constitucionales invadiendo competencias del Estado, por lo que tendrá que ser ante el Tribunal Constitucional (TC) si no se arreglan antes sus desperfectos.

A pesar de que aquella súper ley de Género se utilizó en la campaña electoral para tronar contra la oposición, sobre todo contra Vox, ahora resulta que será el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos con Vox al fondo quien tendrá que negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la idoneidad de una ley que apoyaron, por cierto, populares y naranjas.

Recuerda oportunamente El Mundo el clima social agitado y exacerbado por Susana Díaz y Podemos que condujo al escrache al Parlamento andaluz durante los días de su constitución y de la elección del nuevo presidente de la Junta. Fue la propia Susana Díaz la que fletó autobuses para que el cerco al Parlamento fuera una realidad alegando ataques a una Ley que ahora, lo que son las cosas, es rechazada por el propio gobierno de Pedro Sánchez.

Lo escandaloso es que Susana Díaz ya conocía el día del escrache organizado que el Gobierno de Sánchez ya había advertido de la inconstitucionalidad de la ley. Es más, es que el día 26 de diciembre hubo una reunión en Madrid para evitar el preceptivo recurso de inconstitucionalidad. Se supo este jueves porque el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía lo publicó.

De todos modos, Pedro Sánchez no ha querido hacerle daño del todo a Susana Díaz ni poner en peligro la ley y ha aplazado la presentación de su recurso de inconstitucionalidad con el fin de establecer una relación bilateral con la Junta de Andalucía para negociar las discrepancias centradas en la legislación laboral implicada. Pero incluso, recuerda El Mundo, hasta la definición de "acoso sexual" no es aceptado por el Estado. Nueve meses se han dado ambas administraciones para llegar aun acuerdo y evitar el recurso ante el TC.

O sea, que será el Gobierno de Juan Manuel Moreno, que cuenta en su entorno con la oposición de Vox a la Ley de marras, el que tiene que enfrentarse a otra herencia envenenada.

No menos envenenada va a resultar la herencia "urbanística" de los gobiernos de Susana Díaz según se desprende de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de la que se desprenden numerosas ilegalidades perpetradas y el cuestionamiento de, nada menos, 450 planes urbanísticos.

Según la sentencia que glosa El Mundo, la Junta, para aprobar planes urbanísticos, habría ignorado la normativa medioambiental mientras enarbolaba el discurso ecologista.

La Junta de Andalucía podría haber estado saltándose la ley de forma sistemática durante años en lo que respecta a la aprobación de planes urbanísticos. Lo habría hecho ignorando la normativa ambiental sin disponer de las correspondientes Evaluaciones Estratégicas Ambientales, como exige la legislación nacional y europea.

El origen está en la aprobación de la ampliación de las escombreras del yacimiento de Cobre Las Cruces, en Sevilla, según Ecologistas en Acción, no es una excepción sino una costumbre de la Junta. Si fuera así, todos los planes urbanísticos en los que no se ha exigido una Evaluación Estratégica Ambiental podrían ser anulados.

Según la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Sevilla, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aprobó en 2015 otra modificación del Plan Especial de Actuación Minera Las Cruces a pesar de que el estudio ambiental no cumplía los requisitos que exige la normativa vigente. Ahora esta sentencia puede ser utilizada contra las decisiones urbanísticas tramitadas del mismo modo irregular. O sea, que numerosas actuaciones desde 2015 podrían ser afectadas.

En 450 estima Ecologistas en Acción los planes urbanísticos tramitados. Dado que se de todos ellos sólo se han aprobado 150, que podrían ser anulados y los 300 restantes tendrían que ser revisados para ajustarlos a legalidad.

La Junta gobernada por Susana Díaz fue advertida de la posible nulidad de sus actuaciones debido a las ilegalidades consentidas cuando en 2015 aprobó la modificación de la ley ambiental sin ajustarse a la Ley de Evaluación Ambiental estatal, la 21/2013, ni a la directiva europea sobre evaluación de planes y programas. La Junta jamás atendió estos avisos y ahora queda en entredicho la política urbanística del último gobierno de Susana Díaz. Otra herencia envenenada.