El catalán será obligatorio para todos los médicos de Baleares. Así lo ha querido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, tras retirar el recurso judicial contra la exigencia del catalán en la sanidad pública de las Islas que interpuso el Estado cuando Mariano Rajoy estaba al frente.
La Abogacía General del Estado ha autorizado a la Abogacía del Estado en Baleares a desistir de este recurso, que se estaba tramitando ya ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJB). Una decisión que, como afirman desde Delegación de Gobierno, "se produce a partir de la voluntad política expresada por el nuevo Gobierno de España", y del entendimiento entre Sánchez y la presidenta del Govern Balear, la también socialista Francina Armengol.
El decreto, que regula las oposiciones del personal sanitario, fue aprobado aprobado el pasado mes de abril por el gobierno balear (formado por PSOE y MÉS y con el beneplácito de Podemos). Fue la exdelegada del gobierno con el Partido Popular, María Salom, quien presentó el recurso, al entender que se podía poner en peligro el artículo 43 de la Constitución, que defiende el derecho universal a la sanidad.
Pese a que el decreto no estipula directamente que el catalán sea un requisito para obtener una plaza en la sanidad pública de las Baleares -un punto que provocó enfrentamientos entre PSOE y MÉS-, sí que establece que a los dos años de acceder a la plaza el personal sanitario deberá acreditar el nivel B1 de catalán si quiere recibir los pluses salariales que conlleva la carrera profesional o pretende participar en cualquier procedimiento que convoque el IB-Salut.
Problemas en las Islas
El gobierno balear ha acogido con muy buenas sensaciones esta decisión del gobierno central, valorando positivamente "que desista el recurso que el PP interpuso, yendo en contra de un Govern que toma decisiones de manera legítima", y celebrando "el nuevo talante" de la administración estatal.
Sin embargo, desde el Partido Popular recuerdan los problemas que en los últimos tiempos ha habido en la comunidad autónoma para conseguir especialistas sanitarios. De hecho, no sólo es que cada vez acudan menos médicos y enfermeros a las islas, sino que son cada vez más los que se marchan, especialmente de Menorca e Ibiza.
Baleares es hoy la única comunidad autónoma bilingüe en la que el requisito del idioma cooficial es un mecanismo excluyente, a diferencia de lo que ocurre en el País Vasco, en Galicia, e incluso en Cataluña. En estas comunidades, el conocimiento del idioma cooficial supone un mérito. En Baleares, por contra, y según afirman los profesionales del sector, "se vulneran diferentes derechos como los concursos de traslado o el desarrollo profesional, entre otros".
El decreto sigue en los tribunales
Con la decisión ahora del Gobierno de Pedro Sánchez, el único recurso que sigue adelante contra la regulación del catalán en la sanidad es el presentado por la plataforma anticatalanista Mos Movem, que movilizó a más de 2.000 personas a inicios de año en contra de este decreto, y que ahora podrían volver a salir a la calle.