El proceso de exhumación de Francisco Franco sigue adelante. El Tribunal Supremo ha rechazado la paralización del traslado de los restos del dictador. La Sala de lo Contencioso Administrativo, en concreto la Sección Cuarta, desatiende la petición de la familia, que reclamaba como medida cautelar una interrupción de los efectos del Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez hasta que los magistrados resolvieran el fondo de su recurso. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el primer fallo choca con los intereses de los siete nietos de Franco, que esperarán para que la Justicia determine si se han producido irregularidades en el procedimiento.
El Alto Tribunal aclara que la cautelar solicitada "debe ser denegada" porque el Real Decreto recurrido "no justifica por sí mismo la exhumación ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso". Da por hecho que aún no puede producirse el traslado: "Solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar motivadamente el Consejo de Ministros y, ese acuerdo, susceptible desde luego de ser objeto de recurso ante esta Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado".
El Consejo de Ministerios acordó el pasado 8 de noviembre la salida forzosa de los restos del dictador, que descansan en el Valle de los Caídos. La familia de Franco aprecia discriminación en el hecho de que el Ejecutivo persiga únicamente a uno de las muchas personas que participaron en la Guerra Civil. La Sección presidida por el magistrado Jorge Rodríguez Zapata estudiará a partir de ahora el fondo del recurso, que alega por la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la intimidad.
El derecho a la intimidad personal y familiar, según el recurso de los familiares, está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y en el 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. A su juicio, el Gobierno asume la violación del mismo cuando obvia al resto de personas enterradas en el Valle en las mismas condiciones. Los monjes benedictinos que custodian la abadía sostienen que hasta 191 personas del recinto deberían también ser exhumadas siguiendo la letra del decreto impulsado por el equipo de Pedro Sánchez para el traslado de Franco.
La Sala Tercera del Supremo abrió una pieza separada solo para el estudio de las medidas cautelares. Los nietos de Franco claman contra "los reiterados anuncios por parte de miembros del Gobierno" de un inminente traslado sin que "ni siquiera se haya tramitado en su totalidad el procedimiento administrativo establecido en el decreto". Se refieren también a las manifestaciones de la vicepredisidenta Carmen Calvo, que anunció la exhumación antes de que finalizara este año 2018.