El Partido Popular solicitó la comparecencia urgente de Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, para explicar el traslado de presos de ETA y del Grapo y la posible transferencia de las competencias penitenciarias al País Vasco. "Esto está pasando para ceder algo a Bildu en favor de un Gobierno zombi que no tiene oportunidad de seguir un mes más en la Moncloa", denunció Pablo Casado, que no dudó en utilizar la campaña de las elecciones andaluzas para llevar este asunto a la primera plana, y hacer dos anuncios importantes en dicho sentido.
En concreto, el principal partido de la oposición propondrá una modificación del artículo 72.6 de la ley general penitenciaria para que, a fin de pasar del primer al segundo grado y del segundo al tercero, sea obligatorio no sólo renegar de la banda terrorista ETA, sino también "colaborar" de forma efectiva para resolver los crímenes pendientes.
Además, Casado avanzó su intención de cambiar el artículo 78 del código penal para que el delito de enaltecimiento de actos terroristas afecte a la propia convocatoria de los mismos, ya que muchos de los responsables "convocan a última hora jugando" con las guardias de los juzgados y así se llevan a cabo con impunidad.
En síntesis, un día más, Casado llevó la actualidad nacional a la campaña andaluza, y se pronunció en términos muy contundentes. "No se puede tolerar la cesión de la competencia de las cárceles al País Vasco", dijo en Adra (Almería), recordando lo que ahora ocurre en las prisiones de Cataluña, bajo el control de la Generalidad. "Se ha creado un sistema paralelo de cárceles de primera y de segunda" y "los golpistas tienen un régimen distinto de llamadas, de visitas, de salidas al patio y al locutorio", exclamó.
Un sistema que, según su relato, Pedro Sánchez quiere instaurar en el País Vasco, como consecuencia de su pacto el PNV, pero también con Bildu. "Los etarras lo que tienen que hacer es cumplir sus penas, pedir perdón y ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos que aún siguen impunes", enfatizó. Si logra ser presidente del Gobierno, se comprometió a que el Estado recuperará la competencia de prisiones, como también las de educación o sanidad.