La Fiscalía acusa por rebelión, como máximos responsables del alzamiento violento, a nueve procesados: Oriol Junqueras, los Jordis, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Pide la pena más alta para quien fuera vicepresidente catalán, 25 años de cárcel. En el extremo opuesto, la Abogacía del Estado, orientada por el Gobierno de Pedro Sánchez, rebaja sustancialmente las pretensiones acotando su informe a los delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia grave y reclama 12 años para el líder de ERC.
Pese al evidente acercamiento del Ejecutivo a sus socios, Sánchez y sus ministros venden el viraje hacia la sedición concluyendo que para que exista rebelión tendría que haber uso de armas por parte de los separatistas. Sorprende este cambio, más aún porque la Abogacía del Estado había elaborado informes apoyando la instrucción de Pablo Llarena por los delitos de rebelión y malversación. Por ejemplo, cuando el juez emitió la Orden Europea de Detención contra el expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros. Además, se había adherido hasta ahora a las posiciones de la Fiscalía en lo relativo a la prisión preventiva apreciando el requisito de violencia.
De hecho, junto a la Fiscalía y VOX, presentó en agosto un escrito ante el Supremo en el que interesaba la apertura de juicio por rebelión, malversación y desobediencia. Hasta que la titular de Justicia Dolores Delgado, que boicoteó la defensa de Llarena en el exterior y después reculó, nombró a Consuelo Castro como Abogada General del Estado, dependiente jerárquicamente del ministerio. Ella firma la acusación por sedición y ha provocado malestar entre los colegas que han trabajado en la causa.
Peticiones de la Fiscalía
Cinco escalones diferentes en función de la trascendencia de su intervención en el proceso separatista. El Ministerio Público reclama la pena más alta, de 25 años de prisión con inhabilitación absoluta por el mismo periodo, para el líder de ERC y exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras. Le atribuye el papel de promotor del golpe agravado por su responsabilidad en la distracción de fondos.
Figuran en un segundo escalón tres personas que se enfrentan a 17 años de prisión e inhabilitación absoluta. El expresidente de la ANC Jordi Sánchez y su homólogo en Ómnium Jordi Cuixart, agitadores del separatismo en la calle y "jefes principales" del golpe; y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell como promotora. No relaciona a ninguno de ellos con la malversación de caudales públicos.
En un tercer nivel, cinco exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont que se enfrentan a 16 años de prisión e inhabilitación como subalternos en la rebelión. Son el de Presidencia Jordi Turull, el de Asuntos Exteriores Raül Romeva, el de Interior Joaquim Forn, el de Territorio Josep Rull y la de Trabajo Dolors Bassa. La Fiscalía entiende que éstos sí participaron en la distracción de dinero público para la causa.
Bajando más incluye en el cuarto a tres personas a las que ya no acusa por rebelión sino por malversación de fondos públicos y, además, por un delito de desobediencia grave en la modalidad de cargo público. Solicita penas de siete años de cárcel y 16 de inhabilitación para el exconsejero de Justicia Carles Mundó, la de Gobernación Meritxell Borrás y el de Empresa Santi Vila.
Por último, en el quinto peldaño sitúa a quienes únicamente acusa por el delito de desobediencia, sin malversación. Pide multas de 30.000 euros con inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses para la portavoz de la CUP Mireia Boya y los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Jusep Nuet, este último de Cataluña sí se Puede, la filial de Podemos en la autonomía.
Peticiones de la Abogacía del Estado
El informe de la Abogacía del Estado distingue entre tres tipos de procesados. Seis de ellos jugaron "el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias" para realizar el referéndum ilegal del 1 de octubre: Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa. El exvicepresidente catalán se enfrenta en este escrito a 12 años de cárcel y los exconsejeros a 11 y medio por sedición en concurso medial con malversación de fondos públicos, porque un delito fue el medio necesario para la comisión del otro.
En este primer bloque incluye también a los exconsejeros Borrás, Mundó y Santi Vila, para los que reclama siete años de prisión, 10 de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa por malversación y desobediencia grave cometida por autoridad pública.
Un segundo grupo de acusados está conformado por los líderes de la ANC y Òmnium Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como supuestos autores de un delito de sedición sin contar con la condición de "autoridad" de los seis exmiembros del Gobierno también acusados de la misma infracción. Solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta.
En último lugar, en el tercer nivel, antiguos cargos del Parlamento catalán. Forcadell se enfrenta a 10 años de cárcel y los mismos de inhabilitación como presunta autora de sedición. El exvicepresidente Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, a multas e inhabilitación para empleo público de un año y ocho meses por desobediencia grave. Atribuye este mismo tipo al exsecretario tercero del órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta de la CUP Mireia Boya, para los que solo piden multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Argumentos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado
El Servicio Jurídico del Estado aprecia un alzamiento público y tumultuario "para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes" o el cumplimiento de "resoluciones administrativas o judiciales". Pero sin violencia. Tiene en cuenta "los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos" y la desobediencia de forma sistemática a los acuerdos del Tribunal Constitucional.
Por su parte, la Fiscalía explica que la actuación de los acusados pretendía "orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquella, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar a todo el Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional".
"El plan secesionista contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida –ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación– la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra, el uso de los Mossos como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones –como así sucedió– y que, IIegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional.