El presidente y la vicepresidenta del Gobierno han teorizado en los últimos días sobre la ausencia de delito de rebelión en la conducta de los golpistas catalanes y ya se adelanta que el Ejecutivo forzará a la Abogacía del Estado a descartar este tipo delictivo, en un gesto descarado para lograr que los separatistas apoyen sus Presupuestos.
Carmen Calvo pidió "adecuar el delito de rebelión a las situaciones actuales" en una entrevista, mientras que el presidente incluso se atrevió a teorizar sobre el tema en sede parlamentaria, en la sesión del miércoles, recordando que "en 1994, el señor Federico Trillo, diputado del PP, decía que la rebelión se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares".
Sin embargo, hace sólo cinco meses el presidente del Gobierno decía exactamente lo contrario. Así lo hacía el pasado 17 de mayo en el programa Espejo Público que presenta y dirige Susanna Griso. "Si no hay altercados públicos lógicamente eso no quiere decir que no puede haber un delito de rebelión como sí se produjo", aseguraba muy serio Pedro Sánchez, que añadía que "lo ocurrido el siete de septiembre en el parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión".
Para que no hubiese ninguna duda la periodista le pregunto claramente: "¿Lo entiende usted como un delito de rebelión?". La respuesta no podía ser más contundente: "Lógicamente lo es", decía, para después pedir "profundizar en esta cooperación judicial europea" ya que decía con claridad que no le había "gustado lo que ha hecho el poder judicial en Bélgica".
Un disgusto que se debía a que "clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España" y, por lo tanto, "deberían ser extraditados los responsables políticos a España".